La Fiscalía estima en un escrito dirigido a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, Rosa María Freire, que procede dictar sentencia absolutoria para la formación política, su tesorera Carmen Navarro, el informático José Manuel Moreno y el abogado de la formación Alberto Durán, acusados por los delitos de daños informáticos y de encubrimiento.

Al PP, como persona jurídica, solo se le imputa el primero de los delitos, algo que en lo que incide el Ministerio Público. La Fiscalía comienza su escrito destacando que «las acusaciones populares carecen de legitimación para pedir la apertura del juicio oral», por lo que procede el archivo del procedimiento.

Para ello, hace mención de las sentencias del Tribunal Supremo que establecieron las conocidas Doctrina Botín y Doctrina Atutxa, en las que se fijaron que si ni la Fiscalía, ni la acusación particular –en este caso Bárcenas– ejercen acciones contra el acusado, las responsabilidades deben archivarse.

Se da la circunstancia de que el extesorero se retiró del procedimiento en septiembre de 2016 y que el Ministerio Público ha solicitado el sobreseimiento y archivo de la causa en reiteradas ocasiones por entender que los hechos investigados no revisten relevancia penal. Forman la acusación popular Izquierda Unida, el Observatori DESC y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade).