El Gobierno español recurre la orden navarra para hacer un informe sobre las torturas

El Gobierno español, por medio de su Delegación en Nafarroa, ha presentado un recurso contra la orden del Gobierno de Nafarroa que destina un total de 30.000 euros a documentar hechos violentos provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos, donde figura el informe sobre torturas.

Naiz|2018/01/30 12:25|10 iruzkin
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La consejera Ana Ollo, que ha defendido la necesidad de realizar el informe sobre las torturas, junto a Uxue Barkos, en una imagen de archivo. (Iñigo URIZ/ARGAZKI PRESS)

La orden regula la convocatoria de ayudas por un importe total de 30.000 euros para investigaciones sobre vulneraciones de derechos humanos en contextos de motivación política en Nafarroa. A esta convocatoria se presentaron tres proyectos, dos de la Universidad Pública de Nafarroa y uno de la Universidad del País Vasco, a la que se le han concedido 17.900 euros.

La Delegación del Gobierno español ha informado de que, por medio de la Abogacía del Estado, ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la sala del Tribunal Superior de Justicia de Nafarroa (TSJN) contra la citada orden de la Consejería de Relaciones Ciudadanas e Institucionales.

«El Gobierno -indica la Delegación en Nafarroa- considera que el Ejecutivo foral, al publicar esta convocatoria de ayudas, estaría vulnerando la resolución del Tribunal Constitucional, que suspendió la Ley foral reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la Nación».

El Ejecutivo español entiende que, con la orden foral, se encarga a otras instituciones que hagan los informes que el Constitucional prohibió realizar.

«Quieren demonizar»

Este recurso se ha conocido coincidiendo con la comparecencia de la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, sobre esta cuestión. En su intervención ha afirmado que «algunas voces» han querido «demonizar» al Instituto de Criminología del País Vasco, que concurrió a una convocatoria de subvenciones del Gobierno navarro para elaborar el informe sobre torturas en Nafarroa.

Ollo ha comparecido en comisión parlamentaria a petición de UPN y PPN para explicar la subvención de 17.900 euros al citado instituto de la UPV, en el marco de la orden sobre investigaciones de vulneraciones de derechos humanos en Navarra por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.

«Algunas voces han querido ‘demonizar’ a este Instituto de Criminología del País Vasco, han deslizado insinuaciones que cuestionan la validez de un grupo universitario altamente cualificado«, ha dicho.

En la sesión, Ollo ha recordado que el Instituto de Criminología del País Vasco se presentó con un proyecto de investigación sobre la práctica de la tortura y malos tratos en Nafarroa desde 1960, recibiendo una financiación de más de 17.000 euros para 2017.

Ollo ha indicado que estos fondos se destinaron a la búsqueda de información en fuentes tanto primarias como secundarias, así como a la obtención de datos para la localización de quienes alegan ser víctimas de tortura y a la elaboración de una base de datos, además de a la recogida de testimonios.

«Los límites temporales de la convocatoria hacen que esta sea solo una aproximación, siguen quedando bastantes tareas», ha precisado, y «lamentado» que el retraso en la tramitación de este expediente y los recursos interpuestos hayan imposibilitado que otros dos proyectos previstos no hayan podido ser llevados a cabo.

La consejera se ha referido así al recurso presentado por el PPN en el mes de noviembre, y al interpuesto por la Abogacía del Estado al entender que la iniciativa se refiere a los artículos de la Ley Foral de reparación de víctimas de grupos de extrema derecha o funcionarios públicos suspendidos por el Tribunal Constitucional español.

Tras apuntar que el estudio subvencionado «es un primer paso al acercamiento a la verdad», Ana Ollo ha subrayado que «en varias ocasiones, organizaciones intencionales han hecho constar su preocupación por que la tortura en España fuera algo más que una práctica esporádica y casual de un pasado lejano».

«Espero que no estemos erigiéndonos en jueces y fijando quién sí y quién no puede realizar investigaciones académicas», ha matizado, tras garantizar que el Gobierno lleva dos años y medio trabajando en el reconocimiento y reparación de las víctimas «sin equiparaciones ni diluciones de ningún tipo», atendiendo a cada una de ellas «según sus necesidades».

Para Iñaki Iriarte, UPN, un estudio similar realizado en la CAV «tiene muchas lagunas y conduce, en una cuestión tan delicada, a conclusiones malintencionadas», «no se trata de demonizar a nadie, pero sí se pueden expresar dudas, es algo legítimo» y «no se puede demonizar a quien expresa dudas».

Ha considerado además que este estudio no debería emplearse para «sustentar la teoría de que todos usaban la violencia en la misma medida», ni para extender la sensación de que las fuerzas de seguridad «son bandas de matones».

La portavoz del PP, Ana Beltrán, ha denunciado que el Ejecutivo navarro «utiliza a las víctimas» y ha criticado que, «a petición» de EH Bildu, el Gobierno pretende «denigrar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado», así como al «resto de funcionarios públicos, incluidos los jueces».

Por Geroa Bai, Koldo Martínez ha subrayado que «impedir la investigación solo se da en las dictaduras», mientras que Bakartxo Ruiz, de EH Bildu, ha apuntado que «si está prohibido documentar una serie de sucesos» habría que «pensar si esto es realmente un Estado de Derecho».

Laura Pérez, de Podemos, ha criticado la «apología del negacionismo» de UPN y PPN al mostrarse reacios que se investiguen estos hechos cuando «lo único que se pretende es esclarecer la verdad« y, por el PSN Inma Jurío ha cuestionado el estudio realizado en la CAV y advertido de esta violencia «no se puede justificar con la existencia de ETA», pero tampoco puede usarse para «diluir la ejercida por la banda terrorista».

Por último, el portavoz de IE, José Miguel Nuin, ha trasladado su «total apoyo a la realización del estudio» y rechazado el recurso interpuesto por la delegación del Gobierno español al entender que con él se pretende «tapar hechos de enorme gravedad».