El responsable de la Fiscalía Nacional de Sudáfrica (NPA), Shaun Abrahams, ha considerado que existen sospechas «razonables» de que Zuma cometió varios delitos en relación con el polémico acuerdo. Entre los cargos que se le imputan figuran fraude, blanqueo de capitales o asociación delictiva.

«Soy de la opinión de que hay perspectivas razonables de un enjuiciamiento exitoso de Zuma en los cargos enumerados en la acusación», ha declarado Abrahams en comentarios recogidos por el diario sudafricano ‘The Times’.

Zuma, de 75 años, se vio obligado a dimitir en febrero después de verse rechazado por su propio partido, el Congreso Nacional Africano (ANC), que ya le había apartado del liderazgo interno en diciembre ante la cascada de escándalos que le salpicaban.

El caso que terminará sentándole en el banquillo se remonta a finales de la década de los noventa, antes de que fuese presidente. Abrahams ha informado de que Zuma, al ser notificado formalmente de los nuevos cargos contra él, ha negado otra vez que hubiese cometido delito alguno.

Zuma ya logró evitar ser juzgado por estos hechos en el año 2009, cuando poco antes de presentarse a las presidenciales la Fiscalía aceptó archivar todos los cargos por la supuesta manipulación política del caso y, en particular, por las dudas sobre la interceptación de conversaciones telefónicas.

El entonces vicepresidente aparece vinculado al polémico contrato armamentístico a través de Schabir Shaikh, un antiguo asesor que sí ha terminado siendo condenado por corrupción. El Tribunal Supremo reavivó el caso al tachar de «irracional» el archivo, pero la decisión final dependía de la NPA.