La creación de la comisión de investigación sobre los comedores fue aprobada el pasado mes de febrero por el pleno del Parlamento con el respaldo de los 38 parlamentarios que suman EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PP, mientras que los 37 representantes de los partidos que conforman al Gobierno de Lakua (PNV y PSE) se abstuvieron en la votación.

Este grupo de trabajo, que se ha constituido oficialmente este jueves, investigará «todo el proceso que culminó con la contratación» de los servicios de comedores escolares de gestión directa adjudicados entre 2003 a las empresas sancionadas. La comisión tratará de determinar las «responsabilidades políticas» que puedan haber existido en este caso.

La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) sancionó en 2016 a ocho empresas que, entre 2003 y 2015, prestaron el servicio de comedores escolares en centros públicos de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba. La AVC impuso multas por un valor global de 18 millones de euros a estas empresas, al considerar que se habían puesto de acuerdo para repartirse el mercado de comedores escolares y para fijar los precios del mismo.

«Infracción muy grave»

La AVC estableció que la conducta de las ocho empresas «constituye una infracción muy grave de la Ley de Defensa de la Competencia, que prohíbe cualquier práctica concertada que tenga por objeto o efecto restringir la competencia en el mercado».

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) confirmó en 2017 la existencia de un acuerdo entre estas empresas (Auzo Lagun, Cocina Central Goñi, Cocina Central Magui, Eurest Colectividades, Eurest Euskadi, Tamar las Arenas, Gastronomía Cantábrica y Gastronomía Vasca.

No obstante, el TSJPV rebajó las multas en un 60%, dejándolas en un total de 7,24 millones de euros, al entender que la actuación del Gobierno de Lakua durante los años en los que adjudicó el servicio de comedores a estas empresas contribuyó a que estas consideraran que «actuaban de una manera asumible de cara al interés público», sin que por parte del Ejecutivo existiera «reacción, indagación, consulta, prevención ni denuncia en contra».

«Noticia positiva»

La presidenta de la comisión de investigación, Larraitz Ugarte (EH Bildu), ha señalado tras su constitución, en declaraciones a los medios de comunicación, que la creación de este órgano es «una noticia positiva para las familias vascas y para la ciudadanía».

Ha lamentado que los partidos que sustentan el actual Gobierno no hayan apoyado la creación de la comisión, cuyo objetivo, ha señalado, es esclarecer las responsabilidades políticas que se pudieran derivar de la «inacción o falta de diligencia» del Ejecutivo autonómico en la adjudicación porque el fraude, ha recordado, «ya está acreditado vía judicial y es algo irrebatible».

«No vamos a cejar en el empeño de llegar hasta las últimas consecuencias», ha insistido Ugarte.

Por su parte, la parlamentaria Elkarrekin Podemos Edurne García, ha señalado en un comunicado que va a colaborar estrechamente con todos aquellos grupos que busquen resultados «de forma ágil y efectiva» con el fin de «delimitar el daño patrimonial que se ha causado al Gobierno, a las arcas públicas y a las familias».