La propia Cifuentes ha confirmado la denuncia a través de su cuenta de Twitter, donde ha dejado además un mensaje en el que afirma: «Tenemos tolerancia 0 con la corrupción, venga de donde venga. Hoy, una prueba más».

La denuncia llega después de un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas que advertía de que la estructura organizativa mercantil del Campus de la Justicia no seguía «ningún criterio de racionalidad económico-organizativo».

El pasado 3 de abril, el Gobierno autonómico elevó a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid ese informe, y, una vez examinado, ha determinado que pudiera haber «ilícitos penales», por lo que corresponde ahora a la Fiscalía determinar «si es así o no».

El consejero de Justicia, Presidencia y portavoz del Gobierno regional, Ángel Garrido, ha rechazado que la entrega de este informe a la Fiscalía sea un intento de desviar la atención de la polémica del máster de Cifuentes, sino que el Gobierno actúa «cuando corresponde. Podría haber sido ayer, hoy o dentro de cinco días».

La oposición ya llevó a la Fiscalía el pasado mes de marzo este caso, analizado en la comisión de estudio de la deuda de la Asamblea de Madrid, y advirtió de que el proyecto supuso un «quebranto patrimonial» para los madrileños de más de 130 millones de euros.

«Elevamos las cosas cuando tenemos informes de la Abogacía, que es a quien hacemos caso, porque determina cada uno de los planteamientos que tiene que ver con la legalidad», ha defendido Garrido.