El juez plantea esa posibilidad en el caso de que los jueces alemanes consideren que no se dan los requisitos para entregar a Puigdemont por un delito de rebelión al no apreciar la concurrencia del requisito de violencia.

Como hiciera en el auto dictado el miércoles en el que confirmó el procesamiento de todos los implicados en el procés, el magistrado plantea la posibilidad de que lo ocurrido en los días previos y posteriores al referéndum del 1-O y ese mismo día se interprete como sedición.

Por ello, pide a los magistrados alemanes que se centren en los hechos que figuran en los informes remitidos más allá de su calificación jurídica.

Es decir, que analicen si un intento de romper la Constitución, aunque fuera sin violencia, no sería delito en Alemania; si un intento de segregación de un land no sería delictivo.

La diferencia entre ambos delitos radica en que la rebelión implica el uso de la violencia para obtener ese tipo de fines, en tanto que la sedición conlleva un «alzamiento tumultuario».

El magistrado, pese a defender que hubo violencia «conscientemente asumida y buscada», admite la posibilidad de que la Fiscalía acuse por sedición, que contempla condenas de hasta quince años de cárcel.

Dos piezas separadas

Por otra parte, el juez ha dictado una providencia en la que acuerda, a petición de la Fiscalía, dividir la causa en dos piezas separadas, la principal, con todos aquellos que están puestos a disposición de la justicia y otra con los siete exiliados.

Llarena entiende que «existen elementos suficientes» para que Puigdemont (Alemania), los exconsellers Antoni Comín (Bélgica), Meritxell Serret (Bélgica), Lluís Puig (Bélgica) y Clara Ponsatí (Escocia), la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y la exdiputada de la CUP, Anna Gabriel (Suiza) puedan «ser juzgados de forma independiente».