La Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria considera que la lucha de los pensionistas por un sistema público de pensiones no es solo cuestión de ese colectivo, que supone el 24% de la población, sino del conjunto de la sociedad a la que llaman a salir a la calle. Entienden que todo parte de cómo se reparte la riqueza.

«No es un problema de falta de recursos, es un problema de reparto equitativo de la riqueza y de voluntad política para poner los intereses de las personas por encima de los intereses de los más ricos y el negocio de los especuladores financieros», defienden las organizaciones sociales y sindicales que en 2011 y 2013 impulsaron sendas huelgas generales para responder a las reformas de las pensiones que promovieron los gobiernos de Rodríguez Zapatero y Rajoy.

Insisten en que con solo equiparar la presión fiscal en Hego Euskal Herria a la media europea se dispondría del dinero suficiente para garantizar un sistema público de pensiones, además de sanidad y educación universal. «Si se persiguiera con eficacia el fraude fiscal y se implementara una fiscalidad en la que todas las personas independientemente del origen de su renta y patrimonio tributaran en una escala progresiva del impuesto, todas y todos podríamos sin exclusiones acceder a unas condiciones de vida dignas», han remarcado. Mikel Noval ha puesto como ejemplo que la última rebaja de impuestos a las empresas supone perder 200 millones de euros.

Desde la Carta reiteran que el derecho a una pensión suficiente, un empleo de calidad y una vida digna «no son derechos-mercancía que se compran y se venden en las negociaciones político-institucionales. Son –han remarcado– derechos sociales fundamentales que hay que garantizar y ejercer».

Acuerdo PNV-PP: «Parche de dos años»

Respecto al acuerdo PP-PNV, le atribuyen la función de tratar de desmovilizar a los pensionistas. «Es un parche de dos años» que trata de responder a la lucha ejemplar de ese colectivo. «Garantizar a las personas mayores y jubiladas unas pensiones suficientes ha sido base fundamental del denominado Estado del Bienestar y de cualquier proyecto de sociedad democrática», manifiestan.

Organizaciones sindicales, feministas, juveniles y de otra índole agrupadas en la Carta exigen que se blinde el derecho a una pensión digna y suficiente. «Los ataques contra el sistema público de pensiones, el endurecimiento de las condiciones de acceso y reducción sistemática de la pensión para liquidar el sistema público, y fomentar en beneficio de especuladores financieros los planes y fondos privados de pensiones, es la estratagia de los diferentes gobiernos del Estado y del Pacto de Toledo», denuncian.

«No esperamos nada ni de los gobiernos del Estado ni de los partidos que les dan cobertura desde instituciones vascas: dejar en manos del Pacto de Toledo nuestro derecho a una pensión pública digna es poner al zorro al cuidado del gallinero», han advertido. «Las reformas orquestadas por ellos –han añadido– están persiguiendo dejar sin recursos el sistema público y que hoy y aquí en Euskal Herria una de cada tres personas tenga una pensión inferior al actual Salario Mínimo Interprofesional o que una de cada dos no llegue a 1.000 euros».