«La crisis griega se acaba aquí, esta noche en Luxemburgo. Es un momento histórico para Grecia y la eurozona, porque pone fin a la crisis existencial para nuestra moneda única», ha dicho el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, en un notable tono triunfalista al término de la reunión.

«Tras ocho largos años, Grecia se graduará en asistencia financiera. Se unirá a Irlanda, Grecia, Chipre y Portugal en el grupo de países que han transformado sus economías y ahora se mantienen por sí mismos», ha afirmado el presidente del Eurogrupo, Mário Centeno, en una rueda de prensa a las 2.00 de la madrugada de este viernes que invitaba a recordar las interminables negociaciones que fueron necesarias para estos rescates.

Los ministros han certificado en primer lugar el cierre de la última revisión del tercer rescate tras constatar que Atenas ha cumplido con las 88 medidas exigidas, y en consecuencia han aprobado un último desembolso de 15.000 millones de euros.

De estos, 5.500 se utilizarán para devolver su deuda y el resto para engrosar un colchón de efectivo que tendrá en total 24.100 millones de euros que permitirán a Grecia cubrir sus necesidades de financiación durante 22 meses sin necesidad de recurrir a los mercados.

Con este último desembolso, Grecia habrá recibido en total 61.900 millones de euros de los 86.000 millones que se pusieron a su disposición en el tercer rescate, pactado en 2015.

Si se tienen en cuenta los dos procedentes, pactados en 2010 y 2011, la ayuda total asciende a 288.700 millones.

Sin embargo, la parte clave del acuerdo son las medidas de alivio que deben permitir que la deuda griega, que roza el 180 % del PIB, sea sostenible y los mercados recuperen la confianza en la capacidad de Atenas para honrar sus compromisos.

En concreto, se amplían en diez años los vencimientos de los préstamos concedidos por el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera –el fondo de rescate predecesor del actual Mecanismo Europeo de Estabilidad– y el aplazamiento en diez años de la fecha en que debe empezar a devolver estos créditos y sus intereses.

Además, los socios devolverán a Atenas los intereses generados por los bonos griegos que tiene el Banco Central Europeo y los bancos centrales de la eurozona en pagos semestrales hasta 2022, lo que calculan que debería suponer un desembolso de 1.000 millones anuales.

Sin embargo, esta medida está condicionada a que Atenas no dé marcha atrás en las reformas, implemente completamente las medidas legisladas bajo el programa en los plazos fijados y aplique la estrategia de crecimiento diseñada por el Gobierno de Alexis Tsipras.

Por el lado fiscal Grecia se ha comprometido a mantener un superávit primario del 3,5% de su PIB hasta 2022 y después en el 2,2% de media hasta 2060.

«El final de este programa trae nuevas responsabilidades», ha resumido Centeno, quien ha subrayado que los socios velarán por el cumplimiento de estas condiciones a través de un programa de «vigilancia reforzada».

Las instituciones que participan en el rescate –la Comisión Europea, el Mecanismo Europeo de Estabilidad, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional– analizarán la situación trimestralmente, en lugar de cada semestre como en los rescates precedentes.

El Fondo Monetario Internacional finalmente no participará financieramente en este tercer rescate, pero seguirá dando apoyo técnico.

Su directora gerente, Christine Lagarde, ha indicado que la institución, que pedía una amplia reestructuración de la deuda helena, «confía» en la sostenibilidad de la deuda a medio plazo pero tiene reservas a largo plazo, mirando hacia 2060.

El acuerdo finaliza legalmente en el 20 de agosto pero sus efectos se dejarán sentir a largo plazo.

Durante los últimos ocho años Grecia ha hecho profundas reformas y grandes recortes en su sistema laboral, tributario, de seguridad social, pensiones o administración pública, llevado a cabo privatizaciones, profundos ajustes fiscales y un saneamiento de su sector bancario, con grandes sacrificios de su población hoy reconocidos por Europa.

Esto le ha permitido pasar de la recesión (en 2010 su PIB cayó un 5,5%) a crecer un 1,4% en 2017 y del déficit (11,2%) al superávito (0,8%).

Sin embargo su PIB se ha reducido un 25% y persisten el reto del paro, que sigue siendo el más alto de la UE (20,1%), la precariedad y la reducción de los préstamos fallidos.

El Gobierno de Tsipras tendrá ahora algo más de margen para dejar de lado las políticas austeridad y los recortes, siempre y cuando no revierta las reformas –como ha acordado con los acreedores–, consiga seguir creciendo y afiance la confianza de los mercados.