«Sería muy fácil quedarnos en la mera denuncia para desgastar a un gobierno o un partido concreto, pero queremos cambiar las cosas de verdad, queremos ir más allá de la denuncia y poner sobre la mesa medidas correctoras. También acabamos de proponer la creación de la fiscalía anticorrupción y está en trámite la solicitud de una comisión de investigación sobre la OPE de Osakidetza», han indicado.

Estarrona ha enumerado casos como los De Miguel, Margüello, Karrantza, Balenciaga, Hacienda de Gipuzkoa, Bidegi, Pinosolo… que «demuestran que Araba, Bizkaia y Gipuzkoa no son un oasis. No sabemos si son casos puntuales o sólo la punta del iceberg, pero no podemos permitir que en la sociedad vasca se instale la idea de que las tramas, las corruptelas, el enchufismo, las redes clientelares y los tratos de favor son algo normal, que por ser cercano o parte de algún partido se tengan ventajas en la concesión de subvenciones, contratos o acceso a determinados puestos de trabajo».

La oficina anticorrupción que EH Bildu propone crear por ley «vendría a cubrir las carencias que existen en materia de detección e investigación de casos de corrupción». Larraitz Ugarte ha añadido que «el problema principal que hoy existe en la lucha contra esa lacra es la falta de medios para ir hasta el final, en ese ámbito estamos en mantillas».

Tres objetivos más

Ugarte ha citado tres objetivos más: la prevención, «para acabar con la sensación de que la corrupción es un fenómeno inabordable»; el control y evaluación del uso del dinero público y, por último, la protección de las y los denunciantes, ya que «mucha gente no se atreve a denunciar porque cree que eso le va a traer más perjuicios que beneficios».

Según ha explicado la parlamentaria, la oficina anticorrupción que proponen actuaría sobre todas las administraciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, desde el Gobierno de Lakua hasta el último ayuntamiento, y también sobre las empresas y personas que tengan alguna relación económica con la Administración. Además, complementando la vía penal, la oficina tendría potestad sancionadora, con multas de hasta 90.000 euros por no ayudar u obstaculizar sus investigaciones.

«La base de nuestra propuesta es la ley aprobada en Nafarroa, que ha entrado este mes en vigor, y allí el consenso ha sido muy amplio, nadie votó en contra y sólo UPN y PP se abstuvieron», ha remarcado.