Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha defendido la proposición de ley presentada por el cuatripartito a partir de los buenos datos económicos.
Unos datos derivados, entre otros factores, «de la excelente negociación» del Convenio Económico que hizo el consejero Mikel Aranburu y que conllevó que el Estado devolviera a Navarra 215 millones, lo que dejó un superávit que ha permitido este PIFS.

En total, ha dicho, «113 millones para satisfacer necesidades imperiosos en toda Navarra, necesidades plantadas por las entidades locales» y «ningún otro objetivo».

«El Gobierno de Navarra ha hecho la tarea» y la proposición de ley del cuatripartito «cumple todos los requisitos legales», ha afirmado Koldo Martínez, que ha puesto también en valor el «beneficioso efecto» que para la economía navarra puede tener este plan.

Ha animado por ello a la oposición a renunciar a una vía que «tan pobres resultados les está dando» y favorecer junto al cuatripartito que sustenta al Gobierno «los intereses de la ciudadanía por encima de sus intereses de partido, sus ganas de gobernar y sus ganas de defender a un Gobierno del Estado que está trabajando muy justito».

Por EH Bildu, Adolfo Araiz ha defendido que «hay razones para gastar este dinero, políticas y jurídicas», por «la paralización que han sufrido las inversiones en los últimos años, porque Navarra está al corriente de sus pagos, porque ha cumplido con lo que estaba obligada al destinar parte del superávit a amortizar deuda y porque este gasto no va a generar nuevo déficit, está en la hucha».

Además, ha añadido, «para presentar una proposición de ley no necesitamos autorización del Estado» y en el informe de estabilidad presupuestaria «no se llega a la conclusión de que se ha incumplido la regla de gasto», por lo que ha animado al PSN a tener hoy «la valentía política» que reclamaba al Ejecutivo foral cuando en el Estado gobernaba el PP.

Y ha agregado que EH Bildu entiende que la autorización para invertir estos 113 millones, en el supuesto de que haya que pedirla, se tiene que plantar en el momento de la ejecución del gasto, no ahora, y en todo caso después de que la comisión bilateral Nafareoa-Estado determine que el herrialde incumplió en 2017 la regla de gasto.

Laura Pérez, de Podemos-Orain Bai, ha dado un apoyo «crítico» a la proposición de ley, solo para evitar que el dinero se destine a amortizar deuda, al tiempo que ha denunciado que «el Gobierno de España no se siente con el de Navarra» para dirimir si se ha incumplido o no la regla de gasto.

Ha acusado asimismo al PSN, que «tanto habla de diálogo», de «obstruir» y hacerlo «con la desidia y connivencia de UPN», y denunciado que la ley de estabilidad que aprobó el PP y mantiene el PSOE «merma el autogobierno» de Nafarroa.

En el turno a favor de la proposición, Ainhoa Unzu ha sostenido que el PSN «no ha cambiado» de criterio, en enero quería que parte del superávit fuera a inversiones «y hoy también, pero que se puedan ejecutar con garantías» que hoy su partido no ve, punto en el que ha advertido de la situación en que pueden quedar los ayuntamientos.

Unzu ha destacado al respecto la «voluntad» del Ministerio, que tiene «la puerta abierta» para el Gobierno de Nafarroa, pero también «le exige» que «haga su trabajo», en este caso las correcciones que el 1 de octubre pidió a plan económico financiero presentado el 20 de septiembre para así recibir autorización para las inversiones.

«Quien tiene que hacer el trabajo son ustedes», ha dicho al PSN la portavoz de I-E, Marisa de Simón, quien ha acusado a los socialistas de tener «un discurso confuso y premeditado» en esta cuestión «por frivolidad o por algo peor», al tiempo que ha defendido la «capacidad financiera de Navarra» para abordar «unas inversiones necesarias».

Por su parte, Javier Esparza, UPN, ha cuestionado la «esperpéntica» gestión del Gobierno, cuando en el mismo día del debate el consejero de Hacienda dice que «no era necesaria una ley», y también la del PSN por su discurso crítico pero en el turno a favor.

Una situación que «devalúa la actividad política y a la clase política», ha aseverado, para agregar que el PIFS se ha presentado para buscar la «bronca» con el Estado, «dañar el autogobierno» y «por marketing político» cuando se acercan las elecciones después de tres años sin inversiones.

«Pero si usted me garantiza que esta ley se va a poder aplicar, señora presidenta, cambio el voto, le voto a favor, y si no me lo garantiza nos abstendremos por responsabilidad», ha concluido.

Para Ana Beltrán, PP, «esto es un desafío más al Gobierno de España y a toda España, que es lo que les gusta», porque las inversiones al Gobierno cuatripartito "«es importan poco» salvo estas por «intereses electoralistas».