Este lunes ha continuado el juicio por el conocido como ‘caso De Miguel’ en la Audiencia de Araba con la declaración de Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu-Urrutia, esposas de Aitor Telleria y Koldo Otxandiano, respectivamente, los exdirigenes del PNV alavés acusados junto a Alfredo de Miguel, ex número dos de este partido en Araba, de liderar esta presunta trama corrupta.

Ambas se sientan también en el banquillo de los acusados y se enfrentan a una petición de cárcel de 21 años y 6 meses de cárcel por su participación en Kataia Consulting, la empresa sobre la que según la Fiscalía giró el entramado societario dirigido a la obtención de contratos públicos de forma irregular y al cobro de comisiones ilegales.

La pasada semana declararon los tres principales acusados de esta trama en la que hay 26 acusados: De Miguel, Telleria y Otxandiano. Los tres ratificaron su inocencia y negaron haber solicitado comisiones por trabajos a través de Kataia.

El tribunal también escuchó la pasada semana a la mujer de De Miguel, Ainhoa Bilbao, quien argumentó que ella se ocupaba en su familia a las tareas domésticas y que nunca realizó trabajos en Kataia, ni gestionó nada, ni percibió dinero ni conocía los ingresos.

Añadió que su marido le comunicó que la empresa se iba a poner a nombre de las mujeres de los tres socios y a ella le pareció «bien».

En la misma línea se han manifestado este lunes las esposas de los otros dos principales acusados quienes al igual que todos los que declararon la pasada semana solo han respondido a las preguntas de sus abogados.

Bajo y Gaztelu-Urrutia han explicado que accedieron a firmar la constitución de Kataia en 2005 por que así se lo plantearon sus respectivos maridos.

Bajo ha reconocido que al principio no le pareció bien pero que accedió porque la empresa donde trabajaba su esposo iba a cerrar.

Ha negado haber hecho cualquier gestión para Kataia más allá de firmar la constitución de la misma y que ella se dedicaba al trabajo que ya tenía y que sigue manteniendo, a la casa y los hijos.

Ha asegurado que el «tiempo real» que le dedicó a esta sociedad fueron los «siete segundos» que le costó estampar su firma en una notaría de Amurrio.

«No me merezco lo que estoy pasando por una firma», ha asegurado Bajo, quien ha dicho también que pone la «mano en el fuego» por la inocencia de su marido y ha asegurado que ella nunca hubiera permitido que este pidiera comisiones ilegales. Si así fuera «no sería mi marido», ha añadido.

«Después de 30 años de convivencia lo conozco», ha mantenido Bajo, quien ha indicado que su marido no es una persona que pudiera pedir comisiones y «mucho menos» coaccionar, como la Fiscalía mantiene que su esposo y De Miguel hicieron para reclamar a la abogada Ainhoa Alberdi una supuesta comisión de 100.000 euros por la adjudicación a una empresa suya de un trabajo en la ampliación del Parque Tecnológico de Miñao.

También ha relatado que este caso ha supuesto para su familia un «auténtico infierno» que no se lo desea a nadie, «ni siquiera al Ministerio Fiscal».

Gaztelu-Urrutia también ha precisado que su vinculación con Kataia se centró en cuatro viajes a la notaría de Amurrio y en llevar al registro mercantil los estatutos de Kataia.

Ha reconocido sin embargo que una vez sacó 30.000 euros de una cuenta en Ipar Kutxa que entregó a De Miguel en mano.

Preguntada por el motivo que llevó a hacer así ese pago, ha asegurado que fue porque De Miguel estaba «señalado en papeles de ETA» y que les habían recomendado hacerlo así en vez de a través de transferencias.

Este lunes también ha declarado Aintzane de Miguel, hermana del principal acusado, y para quien la Fiscalía solicita 13 años de cárcel.

Ha reconocido que se encargaba de «mecanizar los asientos contables» y los temas fiscales de Kataia pero ha negado cualquier otra participación en esta sociedad, y en otras supuestamente vinculada a esta.