El juicio por el conocido como caso ‘De Miguel’ ha continuado en la Audiencia de Araba. La sesión se ha centrado en el interrogatorio a Sánchez Robles, para quien la Fiscalía pide más de 18 años de cárcel por servirse de su cargo para favorecer a las empresas lideradas por De Miguel.

Las preguntas a Sánchez Robles, que ha respondido al fiscal jefe de Araba, Josu Izagirre, y a los abogados de las defensas, ha girado sobre la veintena de contratos menores que tres de las supuestas empresas pantalla utilizadas por los presuntos dirigentes de la trama -De Miguel, y los también exlíderes del PNV alavés Aitor Tellería y Koldo Ochandiano - lograron entre 2006 y 2009 del Gobierno de Gasteiz.

Según la Fiscalía, esos contratos en materia de juventud fueron adjudicados a dedo a Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga por el Departamento de Cultura de Lakua, y la mayoría no consta que se llevaran a cabo.

Sin embargo Sánchez Robles ha explicado que él ha comprobado personalmente en algunos casos la ejecución de esos trabajos y si no han sido los técnicos de su dirección los que le han trasladado que se han llevado a cabo. «Avalé, avalo y avalaré» todas las actuaciones porque, según ha dicho, tiene «plena confianza» en la «profesionalidad» de los técnicos que le trasladaron que los trabajos se hicieron.

También ha rechazado las afirmaciones del fiscal de que las empresas de la supuesta trama carecían de conocimiento y medios para llevar a cabo los trabajos contratados y ha explicado que eran los técnicos del departamento los que proponían las empresas para llevar a cabo los mismos. «Yo no he propuesto como político ninguna empresa», ha zanjado.

El que fuera director de Juventud con el Gobierno de Juan José Ibarretxe ha remarcado que él no tenía por qué poner en duda las propuestas que le trasladaban sus técnicos. También ha indicado que no es necesario estar en una lista de empresas para trabajar con el Ejecutivo en este tipo de contratos menores, como dijo «por error» en su declaración en instrucción.

«Pongo la mano en el fuego», ha añadido, que todos los trabajos durante su etapa en la dirección se realizaron «de manera correcta, cumpliendo la legalidad en materia de contratación», y han «pasado todos los controles de fiscalización».

Ha remarcado que De Miguel nunca se ha dirigido a él para que le fuera adjudicado un contrato. También ha afirmado que el Ejecutivo de la CAV «no ha remitido toda la información» sobre esos contratos requerida durante la instrucción y aunque ha dicho que no sabe si ha sido algo «intencionado o no, o por descuido», ha puesto de relieve que el requerimiento de información se hizo tras el cambio de gobierno y la llegada de los socialistas.

Precisamente la defensa del exdirector ha aportado nuevos documentos para justificar la ejecución de esos contratos una vez finalizada la instrucció, algo por lo que le ha preguntado hoy el fiscal.

Sánchez Robles ha dicho que se los ha facilitado un funcionario de Lakua cuyo nombre no ha querido revelar, lo que ha motivado sorpresa por parte de Izagirre, que ha hablado de un posible «delito» y ha recordado además las irregularidades observadas en los sellos de esos escritos