Así se ha determinado durante el debate y votación de las 115 enmiendas presentadas a la proposición de Ley Foral de Policías: 88 ordinarias (28 de UPN, 19 de PSN, cinco de Geroa Bai y EH Bildu, 16 de Izquierda-Ezkerra y 20 de Podemos-Orain Bai) y 27 in voce.

Esta resolución ha salido adelante gracias a los votos favorables de UPN, PPN, PSN y la abstención de Podemos-Orain Bai e I-E, a pesar del rechazo de Geroa Bai y EH Bildu. Según se matiza en el texto, este acuerdo debería adoptarse en el marco del órgano bilateral correspondiente y en los términos que disponga la Administración competente.

En nombre de la formación morada, Rubén Velasco ha justificado la abstención de Podemos-Orain Bai afirmando que esta enmienda «ni añade ni quita nada», por lo que «no se puede estar a favor ni en contra».

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha considerado que «lo que subyace es una posición política de que una ley reguladora de policías contemple una situación absolutamente extraña y ajena».

En la misma línea se ha mostrado José Miguel Nuin, portavoz de IE, que ha coincidido con Velasco al subrayar que dicha resolución «no aporta nada» y que este «no es el marco en el cual trasladar esta cuestión».

Por su parte, Sergio Sayas, UPN, ha lamentado que los grupos que han rechazado la propuesta «tienen un especial interés en que no aparezca nada que tenga que ver con la Guardia Civil».

Otra de las enmiendas aceptadas está relacionada con la creación, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de esta Ley, de un Comité de Buenas Prácticas y Transparencia de las Policías de Nafarroa como mecanismo externo de control y supervisión en materia de ética y deontología profesional.

Dicho comité estará integrado por cinco personas (una de ellas Policía de Nafarroa), designadas por un periodo de tres años, entre el personal en activo o jubilado al servicio de las Administraciones Públicas de Nafarroa y Organismos Públicos, empresas públicas, UPNA y demás entidades de derecho público que cuenten con amplios conocimientos en el ámbito la seguridad pública, el derecho, la sociología, la psicología o la ética.

Por otro lado, se determina que el Consejo de las Policías de Nafarroa estará integrado por tres representantes de la Administración Foral y otros tres de las Entidades Locales, correspondiendo uno de éstos al Ayuntamiento de Iruñea y los otros dos a Entidades Locales que cuenten con Policía Local, a propuesta de la Federación Navarra de Municipios y Concejos.

En otro orden de cosas, se establece que las Administraciones Públicas de Nafarroa promoverán que el conocimiento del euskara sea un requisito o mérito en determinados puestos de trabajo, de conformidad con el Decreto Foral por el que se regula el uso del euskara en las administraciones públicas.

También se cita la elaboración de planes de promoción de las mujeres en los cuerpos policiales (se fijará el porcentaje de mujeres en plantilla) para corregir su infrarrepresentación e incrementar la eficacia.

El texto original, impulsado por Geroa Bai y EH Bildu, pretendía incorporar al proyecto de Ley devuelto al Gobierno el 19 de octubre de 2017 los acuerdos de la negociación mantenida con los sindicatos APF, SPF y SPMP, con el fin de desarrollar un modelo policial «moderno y de referencia».

Una vez aprobado el dictamen, la proposición de Ley con las enmiendas incorporadas será elevada, previsiblemente, al pleno del 15 de noviembre para su definitivo debate y votación.