El letrado Gonzalo Susaeta, que solicita la absolución para De Miguel y su esposa, Ainhoa Bilbao, también imputada, ha continuado exponiendo sus conclusiones definitivas en el juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Araba contra un total de 26 personas, acusadas de configurar una red dedicada a la obtención de contratos públicos de manera irregular y al cobro de comisiones ilegales.

Susaeta se ha referido a la declaración en el juicio de Josu Arruti, gerente de Sidepur, quien tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía reconoció que tanto él como De Miguel, presunto cabecilla de la trama, solicitaron y recibieron una comisión ilegal del grupo catalán Construcciones Riera en el marco de la fallida operación para levantar un polígono industrial en Zambrana. Tal hecho fue corroborado también por los empresarios catalanes.

El letrado ha recordado que la jurisprudencia establece que este tipo declaraciones son «sospechosas» y deben ser valoradas por el tribunal con la «debida cautela», porque «los coacusados, a diferencia de los testigos, no están sometidos a promesa o juramento de decir verdad, les está permitido mentir».

Ha destacado asimismo que tales declaraciones se han producido ocho años después de incoarse el proceso y «en el minuto 89 del juicio», en referencia a que tuvieron lugar en noviembre, cuando la vista comenzó el pasado 8 de enero.

Además, ha subrayado que la familia Arruti –hay cuatro miembros acusados en este proceso– ha «salido muy bien parada» tras esa confesión, ya que la Fiscalía ha reducido considerablemente las penas de cárcel solicitadas e incluso reclama la absolución para dos de ellos.

Los «superpoderes» de su defendido

Susaeta también ha mantenido que «no le cuadra» y le «chirría» la supuesta concertación que se alcanzó con el grupo catalán para abonar sendas comisiones de 161.000 euros a De Miguel y a Arruti, y ha ironizado con los «superpoderes» que la Fiscalía atribuye a su defendido para influir en la concesión de contratos.

El letrado también se ha referido a la supuesta comisión ilícita que dio origen a este caso, y ha negado que De Miguel reclamara una «mordida» de 100.000 euros a la letrada Ainhoa Alberdi por su intermediación para que una empresa de esta abogada lograra un contrato en la ampliación del Parque Tecnológico de Araba (PTA).

Alberdi aportó en su denuncia ante Fiscalía grabaciones y un correo que supuestamente le envió De Miguel desde su despacho oficial cuando era diputado foral en el que decía: «Lo nuestro lo dejamos en 100».

Según ha mantenido Susaeta, en ese correo no se habla de 100.000, ni de euros, y además no está contextualizado. En este sentido ha remarcado que las reclamaciones económicas que su defendido efectuó a Alberdi estuvieron motivadas por una «deuda mercantil absolutamente lícita» y con los impagos de un alquiler que la letrada gestionó para él.