Esta proposición ha sido presentada en el Parlamento de Nafrroa por Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu-Orain Bai e Izquierda-Ezkerra.

En esta línea, el Ejecutivo navarro, a través de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, ha implementado a lo largo de estos años políticas públicas de atención a todas las víctimas, a cada una en su propio contexto histórico, normativo y victimológico.

Por ello, en respuesta al derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación que regula el Derecho Internacional, y al deber de memoria que tienen las instituciones democráticas, el Gobierno indica que «es preciso que las instituciones asuman su responsabilidad a la hora de atender a personas que han sufrido vulneraciones graves de Derechos Humanos en contextos de motivación política».

Además, añade el texto del Ejecutivo, «es necesario abordar este trabajo con la voluntad de construir una sociedad más justa, más ética y mas democrática, donde las vulneraciones de Derechos Humanos cometidas en el pasado no vuelvan a repetirse».