El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, han dado fin hoy a las declaraciones de los acusados; lo han hecho con defensas diferentes pero igualmente contundentes. El primero ha realizado la intervención políticamente más contundente escuchada hasta ahora en el Tribunal Supremo, mientras que la segunda se ha aferrado a una defensa sin fisuras del parlamentarismo.

El primero en intervenir esta mañana ha sido Cuixart, que no ha defraudado a los suyos. Ha explicado que su prioridad ya no es salir de la cárcel, sino «denunciar la vulneración de derechos fundamentales y resolver el conflicto entre Catalunya y el Estado español» y ha reivindicado que «los valores de la democracia están por encima del estado de derecho».

«Ante el dilema de atender a la suspensión del Tribunal Constitucional o proteger el derecho a la autodeterminación, Òmnium no duda en el ejercicio de derechos fundamentales», ha añadido Cuixart, recordando que, en cualquier caso, ningún tribunal le interpeló ni a él ni a los ciudadanos a no participar en el referéndum. Un 1-O del que se ha afirmado orgulloso y que ha reivindicado como «el mayor ejercicio de desobediencia civil de Europa».

El fiscal Jaime Moreno, al que Marchena ha tenido que corregir y ayudar en más de una ocasión, ha visto desarmado su relato ante un acusado que ha asumido desde el primer momento su papel como «agente movilizador», defendiendo que eso no supone delito ninguno. Cuixart ha confirmado que lograr grandes movilizaciones era su objetivo: «Cuanta más gente saliera a la calle, más fácil podríamos demostrar a partidos políticos que era necesario un referéndum de autodeterminación».

También ha recordado que todas las movilizaciones se dieron de forma pacífica, y en base a los principios de la desobediencia civil y la resistencia no violenta, que según ha recordado están avalados por el propio Tribunal Supremo en su sentencia sobre la fundación Joxemi Zumalabe.

Forcadell, reglamento en mano

Tras las tres horas y media de declaración de Cuixart, y después de dos horas de receso para comer, ha llegado el turno para la expresidenta del Parlament, que ha dejado clara su estrategia de defensa al acudir al poner encima de la mesa el reglamento del Parlament de Catalunya. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado han chocado una y otra vez con el muro erigido por Forcadell: «No dirigí ninguna estrategia independentista, mi limité a cumplir con mi trabajo como presidenta del Parlament».

«Limitar el debate no está entre las competencias de la presidencia del Parlament», ha recordado Forcadell, que ha restado valor a la declaración de independencia del 27 de octubre y que ha apuntado que «no es potestad de la Mesa entrar en el fondo de las tramitaciones parlamentarias».

Preguntada sobre la tramitación de las leyes del referéndum y de la transitoriedad jurídica, así como sobre las advertencias del Tribunal Constitucional, Forcadell ha defendido la inviolabilidad parlamentaria y al derecho a la libertad de expresión de los diputados. «¿Como puede la Mesa convertirse en un órgano censor que decida de qué puede hablar y de qué no (un Parlamento)? No se puede permitir que la censura entre en el Parlamento», ha asegurado ante una Fiscalía pasada de frenada que le ha llegado a preguntar si haría lo mismo si la materia a debatir fuese «la legalización de la trata de personas».