«No fue así». El president Carles Puigdemont ha sido así de claro cuando el periodista Jordi Basté le ha preguntado, en los micrófonos acerca del testimonio prestado por el lehendakari Iñigo Urkullu en el Tribunal Supremo, en el juicio contra el independentismo catalán.

«Estoy convencido de que Urkullu, cuando explique la integridad de las conversaciones, sabrá que al único acuerdo que yo estaba dispuesto a llegar era convocar elecciones si había garantías explícitas de que no se aplicaría el 155, si se secretaba la policía enviada extraordinariamente a Catalunya para dar miedo, si se levantaba la intervención de las finanzas de la Generalitat y si se paraba la represión», ha añadido.

Puigdemont ha considerado, por ello, que al testimonio de Urkullu «le falta una parte de la memoria o del relato». Ha añadido que en aquellas horas previas a la declaración de independencia del 27 de octubre se activaron «todos los resortes de intermediación» que tenía al alcance –no «solo» los de Urkullu–, pero que esas garantías y esas condiciones reclamadas por Puigdemont «no se daban».

Urkullu responde

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha respondido que en su declaración ante el Tribunal Supremo «yo juré decir la verdad, dije la verdad, la verdad está documentada y la documentación podrá ser consultada cuando termine el proceso judicial».

Ha subrayado que su actuación «en todo el proceso se basó en el empeño de prestar una ayuda ante el bloqueo de una situación a requerimiento del propio president Puigdemont. Tanto en principio como al final, mi actitud y mi actuación fue absolutamente honesta, sincera, de buena fe, transparente y leal para con las instituciones catalanes y para con todos los interlocutores con los que tuve ocasión de departir».

El lehendakari ha recordado que, desde octubre de 2017, en «pocas ocasiones» se ha pronunciado públicamente con respecto a Catalunya y ha asegurado que así lo seguirá haciendo porque su objetivo «va a seguir el intentar ayudar a lo que en su momento fue también el objetivo y el empeño de preservar el autogobierno, intentar que, desde el principio de realismo, también se evitaran riesgos de fractura social».

Antes, el portavoz de Lakua, Josu Erkoreka, había subrayado que los documentos de Urkullu sobre aquella mediación –que Rajoy, por cierto, negó–, están ya depositados en la Fundación Sabino Arana, en el Archivo Histórico de Euskadi y en el Monasterio de Poblet, y que se harán públicos al finalizar el juicio del Tribunal Supremo.

Incógnita europea

El rifirrafe entre Puigdemont y Urkullu –no es el primero– llega poco después de que el espacio político antes ocupado por Convergència decidiese concurrir a las elecciones europeas con la marca Junts per Catalunya y con el propio Puigdemont como candidato. Un movimiento que dificulta las cosas al PNV, que esperaba acudir en coalición con el PDeCat, el partido sucesor de Convergència. En las listas de JxCat, sin embargo, las figuras más moderadas –con las que los jeltzales mantienen relaciones– han quedado relegadas a puestos irrelevantes.

Sobre su candidatura, Puigdemont ha asegurado que si consigue el acta de eurodiputado, volverá a Catalunya. Concretamente, ha asegurado: «Si tengo el acta de eurodiputado, yo vuelvo a Catalunya porque consigo la inmunidad en todos los lugares, también en el Estado español». Algo que como eslogan electoral puede funcionar, pero que como realidad resulta discutible.

Por ejemplo, para tomar posesión del acta, la Ley Electoral establece, también para los eurodiputados, que los elegidos deben jurar la Constitución «ante la Junta Electoral Central», que tiene su sede en el Congreso de los Diputados. Un «ante» ambigüo que el Estado puede utilizar para negar el acta a Puigdemont a no ser que se presente en Madrid.