El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, se ha visto obligado a reconocer la muerte siete menores, entre ellos una niña de 12 años, en un bombardeo efectuado por el Ejército hace dos meses en San Vicente del Caguán (Caquetá) contra supuestos guerrilleros después de que el senador Roy Barreras revelara unos informes forenses que sostienen que entre las 14 víctimas de la operación hubo menores con edades que van de los 12 a los 17 años.

«Usted le escondió a Colombia que ese día bombardeó a niños y murieron siete menores. Usted por qué no le contó a Colombia que había bombardeado niños en ese operativo», preguntó el martes Barreras al ministro.

Botero, que el próximo 13 de noviembre se enfrentará a una moción de censura, sugirió que se trataba de menores combatientes reclutados por supuestos disidentes de las FARC-EP. Entonces Botero informó sobre la muerte de nueve guerrilleros, pero el 2 de setiembre el coronel Fernando Ávila dijo a la prensa que eran «14 los delincuentes muertos» en el bombardeo.

Hoy en el Congreso, ha defendido que todas las operaciones militares que se desarrollan en el país cumplen con el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

«Todas las operaciones militares están precedidas de una fase de planeamiento denominada ‘Proceso militar de toma de decisiones’, figura que se implementó en todas las Fuerzas Militares desde 2008 por mandato de la política integral de DDHH y del DIH del Ministerio de Defensa», ha dicho Botero a los periodistas.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Fernando Navarro, ha alegado que «no se tenía conocimiento de menores de edad que hicieran parte de la estructura de seguridad» de Gildardo Cucho –nombre de guerra– y que son los grupos armados quienes «cometen crímenes al reclutar menores».

«El grupo armado organizado residual (disidentes) es quien comete un crimen de guerra al reclutar de manera forzosa a menores de edad y ubicarlos dentro de un objetivo militar», ha dicho.

La Fiscalía no ha solicitado hasta el momento al Ministerio información por «posibles responsabilidades de miembros de la fuerza pública».