Un total de 1.555 familias han sido desahuciadas de sus viviendas en Barakaldo desde el 9 de noviembre de 2012, el día en que Amaia Egaña, vecina del barrio de Desierto, se quitó la vida cuando iba a ser desalojada de su piso. Tenía 53 años, estaba casada y era madre de un joven de 21 años. 

«El hecho fue recogido incluso por la prensa internacional, en Barakaldo provocó una ola de indignación que sacó a miles de personas a la calle y las autoridades políticas y judiciales se comprometieron a adoptar medidas para evitar estas tragedias. Sin embargo, siete años después los desahucios siguen», han denunciado la Asamblea de personas en paro, Berri-Otxoak y Argitan, así como los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, CGT y CNT, en una concentración convocada frente al Palacio de Justicia.

Han censurado que, de promedio, son cuatro las familias barakaldesas a las que se expulsa cada semana de sus viviendas en propiedad o alquiler. «Este mismo mes de noviembre está previsto que otra mujer se enfrente a esta situación: en este caso, tiene 41 años, es víctima de violencia machista, tiene a su cargo dos hijos de seis y 15 años, y es el propio Gobierno Vasco, a través de su sociedad de alquiler Alokabide, el que promueve el desalojo y no da otra solución», han advertido.

Y han señalado que el 83% de los desahucios son de viviendas en alquiler. «En este aspecto, solo el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco inició en el año 2018 el proceso de desahucio contra 184 familias. Por su parte, los desalojos por no poder pagar la hipoteca son en su mayoría impulsados por Kutxabak así como por La Caixa, que fue la entidad financiera del desalojo de Amaia Egaña. Y también hay órdenes judiciales solicitadas por Banco Popular, Santander, BBVA y Caja Laboral», han manifestado antes de exigir a las instituciones que tomen medidas para acabar con los desahucios.

Han exigido a las autoridades mayores recursos para vivienda social y ayudas de emergencia social, «así como el cumplimiento del protocolo sobre desahucios y el acatamiento de las resoluciones internacionales que exigen que se garantice un alojamiento a las familias expulsadas de sus casas». En concreto, han instado a «incrementar la partida presupuestaria destinada a las ayudas de emergencia social, a la par que se eliminan los recortes aplicados al acceso y cuantías de estas prestaciones, que en un 66% se destinan para el acceso y mantenimiento de la vivienda habitual».

Asimismo, las organizaciones sociales y sindicales han pedido a las Administraciones públicas que apuesten por la vivienda en alquiler social y por la dotación de un parque de viviendas municipales para el realojo inmediato de las familias desahuciadas. «Demandamos también la aplicación del protocolo sobre desahucios previsto en el acuerdo alcanzado en 2013 por el Gobierno Vasco, la asociación de municipios vascos Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, y renovado este pasado mes de febrero de 2019. El pacto establece que los servicios sociales deben dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente cuando hay menores afectados por un desalojo», han indicado.

«Los avances son insuficientes»

Por su parte, Stop Desahucios Euskadi ha señalado que, siete años después de la muerte de Egaña, «los avances son insuficientes y la vivienda sigue siendo considerado un negocio y no un derecho. La desigualdad y la pobreza han crecido, los desahucios por impago de alquiler han aumentado, por la precariedad laboral y la especulación, y una nueva oleada de ejecuciones hipotecarias amenaza a las familias, debido a la retroactividad de la nueva Ley de Créditos Inmobiliarios que blanquea millones de prestamos hipotecarios cuya cláusula de vencimiento anticipado era abusiva y nula y ahora será legal».

«Después de cuatro años, la Ley de Vivienda Vasca sigue sin desarrollo, miles de viviendas vacías siguen sin cumplir ninguna función social, y no se cumple el Dictamen del Comité de Naciones Unidad, que ya en 2017 estableció que es ‘una violación grave del derecho internacional el desalojo forzoso de colectivos vulnerables sin alternativa habitacional’, y que nuevamente el 11 de octubre ha dictaminado su condena por desahucio de una mujer con seis hijos menores», ha añadido antes de criticar que el Gobierno de Gasteiz «acaba de denunciar la pasividad de los ayuntamientos en relación a la vivienda, pero él mismo no dedica presupuestos necesarios, ni modifica la fiscalidad a favor del alquiler, ni toma ninguna medida para impedir la especulación, ni moviliza la vivienda vacía hacia el alquiler social».