La consejera de Justicia de la Generalitat de Catalunya, Ester Capella, ha explicado que las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas estudiarán este martes si la situación de emergencia por el coronavirus permite que más presos pasen el confinamiento en su casa, entre ellos a los que se les aplica el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, y por tanto, también, los líderes del proceso soberanista encarcelados.

«El 69% de las personas en tercer grado ya están confinadas en su casa», ha explicado la titular de Justicia en una entrevista a Catalunya Ràdio, y ha asegurado que las juntas decidirán si los internos de segundo grado con el artículo 100.2 se pueden confinar en su casa.

Los nueve líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo por impulsar el 1-O obtuvieron antes de la pandemia de Covid-19 la flexibilización del segundo grado mediante el artículo 100.2, lo que les permitió ir a trabajar fuera de la prisión o ejercer labores de voluntariado durante la semana.

Capella ha explicado que, desde el inicio del brote, su departamento ha tomado decisiones para evitar aglomeraciones en los centros penitenciarios siguiendo las medidas de confinamiento, y ha destacado que en estos momentos son necesarias decisiones excepcionales.

Asimismo, la Consejería ha detallado en un comunicado que antes de la emergencia sanitaria, en el conjunto de centros, había 157 segundos grados con el artículo 100.2 y que con la llegada de la pandemia, la Generalitat ha progresado a 57 a un tercer grado.

Advertencia del Supremo

La sala del Tribunal Supremo que juzgó este caso ya ha advertido este martes al Govern de la Generalitat que la excarcelación de los líderes independentistas por la pandemia de coronavirus podría enmarcarse en un delito de prevaricación.

En una nota, el Alto Tribunal señala que en el caso de que la Junta de Tratamiento de las cárceles donde se encuentran estos presos acuerde su excarcelación para cumplir el confinamiento en sus respectivos domicilios, ese órgano se dirigirá a cada de esas juntas de régimen general y al director o directora de los centros respectivos para que a la mayor brevedad expliquen el fundamento jurídico que justifica esa decisión e identifiquen de forma nominal a los funcionarios que han apoyado ese acuerdo.

«Ello se enmarcaría en la exigencia de responsabilidades penales por la posible comisión de un delito de prevaricación», añade la nota.