El presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, ha confirmado este sábado que trasladará mañana a los presidentes autonómicos la voluntad de extender el estado de alarma quince días más, hasta el 9 de mayo incluido. Se trata de una medida que deberá contar con el visto bueno del Congreso y que incluirá medidas para aliviar el confinamiento de los más pequeños, tal como ha adelantado este sábado Iñaki Iriondo en GARA.

En una comparecencia de prensa, Sánchez ha insistido en que la voluntad de su Ejecutivo es aliviar el confinamiento de los menores, que podrán salir a la calle con condiciones a partir del 27 de abril. «Estas salidas, naturalmente, van a estar limitadas y sujetas a condiciones para evitar contagios», ha precisado, y ha indicado que «en la próximas semanas definiremos cuáles serán los criterios, requisitos y motivaciones para que los niños puedan salir y bajo qué criterios de seguridad».

De todos modos, ha remarcado que «se trata sólo de un pequeño alivio dentro de la regla general de confinamiento que seguirá en vigor durante varias semanas», ya que, a día de hoy no se puede pasar «a la fase dos, a la desescalada». «Tenemos que lograr mayores avances antes de entrar en la segunda fase y levantar el confinamiento general y comenzar la desescalada, la transición hacia esa nueva normalidad», ha aseverado.

Las pautas de la OMS

En este sentido, Sánchez ha enumerado las pautas que la Organización Mundial de la Salud dice que hay que cumplir para llegar a la «normalidad». Se deben controlar e identificar los afectados. «Hemos realizado casi un millón de test TCR, y hemos suministrado dos millones de test rápidos a las comunidades autónomas para desarrollarlos en aquellos lugares donde pueda haber un potencial contagio, como hospitales o residencias de mayores. Hemos duplicado los tests diarios, de 20.000 a 40.000 diarios para alcanzar este objetivo de la OMS», ha informado.

También, según la OMS, el Estado español deberá tener bajo control los lugares con un mayor riesgo de infección y máxima vulnerabilidad, como son los hospitales y las residencias. Y deberá implantar un sistema de control de personas procedentes de otras zonas para evitar nuevos contagios importados. Asimismo, tendrá que establecer estrictas medidas preventivas en centros de trabajo y en lugares formativos.

Sánchez ha afirmado que la desescalada no tiene por qué ser homogénea en todo el Estado, ni por comunidades autónomas ni por provincias y que si se ven retrocesos en algunas zonas se reaccionará «en términos negativos, pero también positivos». En este sentido, ha explicado que habrá distintas respuestas dependiendo de las características de cada territorio: «La desescalada no tiene por qué ser homogénea. Las realidades son distintas».

«Si vemos que la pandemia está controlada en un territorio podemos ir más deprisa», ha subrayado, y ha manifestado fue «un acierto» que la respuesta al estado de alarma fuera homogénea y uniforme. «Lo hicimos con máximos niveles de exigencia para atajar la pandemia en los territorios donde más fuerte atacaba. Otros territorios que no tenían extensión del virus tan pronunciada hoy se ven beneficiados», ha declarado.

Acuerdos económicos y sociales

Por otro lado, ha vuelto a hacer un llamamiento a la unidad política al diálogo para llevar a cabo una serie de pactos económicos y sociales. Ha llamado a acuerdos para emprender medidas financieras y fiscales para reconstruir el tejido empresarial, con especial atención a pymes, autónomos y sectores más afectados como la industria, la cultura, el turismo o la hostelería.

«España se prepara para la mayor caída del PIB desde la guerra civil. Cuando salgamos a la calle nos encontraremos ante una nueva normalidad marcada por los estragos de una guerra sin bombas que debemos afrontar desde la unidad de todas las fuerzas políticas. Dejemos los reproches y la ideología a un lado y seamos responsables y generosos», ha señalado, y ha extendido ese llamamiento a la Unión Europea.

Por último, ha avanzado que el Ministerio de Sanidad aprobará este domingo una orden para controlar y fijar los precios de las mascarillas con el objetivo de que sean «asumibles por parte del conjunto de la ciudadanía».