Nafarroa mejora la financiación de los servicios sociales esenciales

El Gobierno de Nafarroa ha aprobado un decreto que regula los programas básicos y el sistema de financiación de los Servicios Sociales de Base municipales, que refuerza con dos millones anuales para la contratación de hasta 153 trabajadores.

Naiz|2020/07/15
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El vicepresidente segundo del Ejecutivo navarro, José María Aierdi. (GOBIERNO DE NAFARROA)

El vicepresidente José María Aierdi ha indicado en conferencia de prensa que esta norma, que entra en vigor con efectos retroactivos a enero de 2020, sustituye al sistema vigente desde 2013 por un modelo de financiación «más fuerte y más equitativo» que refuerzan los sociales de base como servicios públicos esenciales y que «tendrá en cuenta las necesidades específicas de cada zona básica».

El nuevo modelo, que cuanta con un «amplio consenso» y el visto bueno del Consejo de Nafarroa, pretende «mejorar la calidad de los servicios sociales y la atención a la ciudadanía que acude a ellos», ha dicho, y añadido que si algo ha dejado claro la crisis del coronavirus es que los servicios sociales son «esenciales en momentos difíciles».

Por ello, el Gobierno entiende que «reforzar su personal y capacidad de actuación es clave para estar mejor preparados ante eventuales rebrotes y ante las consecuencias sociales que las crisis provocan».

El coste de los Servicios Sociales de Base con este nuevo sistema ascenderá a algo más de 28 millones de euros, de los que 18, 95 serán financiados por el Ejecutivo y el resto, por las entidades locales.

En 2019, el Gobierno de Nafarroa destinó a la financiación de los Servicios Sociales de Base 14,50 millones de euros, a los que se suman 2,55 correspondientes a subvenciones de personal de apoyo a través de la convocatoria anual del Programa de Empleo Social Protegido y Plan de Prevención, Drogas y Adicciones, así como de la convocatoria de ayudas de apoyo a procesos de integración social y/o de emergencia.

Por otra parte, con la normativa actual se han financiado en 2019 un total de 474,78 jornadas profesionales y con la nueva se podrán financiar hasta 628,25 jornadas, 153,4 más (108,03 ya contratadas y 45,44 de nueva contratación para el cumplimiento de los equipos profesionales básicos que establece la propuesta).

En este sentido, Aierdi ha precisado que se ha previsto un plazo de tres años desde la entrada en vigor para que las entidades locales dispongan de las figuras profesionales establecidas en el equipo profesional que corresponda a su tramo poblacional.

Así se busca que los servicios sociales de base cuenten con los equipos profesionales necesarios para desarrollar su trabajo, al mismo tiempo que se garantiza la estabilidad de una parte de los equipos que hasta ahora quedaban fuera del sistema de financiación y dependían de otras convocatorias anuales de subvención.

Otra de las novedades que incorpora el decreto es la garantía de que la totalidad de las entidades locales puedan destinar parte de la financiación a la cobertura de situaciones de emergencia social y/o a apoyo a procesos de inclusión.

A partir de ahora, los costes susceptibles de financiación se estructuran en tres ámbitos: costes estructurales, específicos y los derivados de la atención a personas dependientes por parte de los Servicios de Ayuda a Domicilio Municipales, conocidos como SAD.

La aportación final correspondiente al Gobierno de Nafarroa para la financiación de los Servicios Sociales de Base será la cuantía resultante de la suma de las aportaciones correspondientes por estos tres conceptos.

El Gobierno navarro financiará el 50% del coste de estos equipos profesionales básicos, porcentaje que puede subir hasta el 80% en zonas consideradas de «especial actuación» (zonas básicas de menos de 5.000 habitantes y en el caso de los gastos de funcionamiento la estimación del importe será el equivalente al 10% del coste estimado del personal del equipo profesional básico.

Tanto los gastos de funcionamiento como los vados de la dispersión geográfica serán financiados íntegramente por el Ejecutivo.

En cuanto a los costes específicos asociados a las características sociales y de atención de cada zona básica, se contemplarán siete indicadores ponderados de forma equitativa, tres vinculados a la realidad local (demandantes de empleo, mayores de años y menores de 18) y cuatro en relación a la población atendida por los Servicios Sociales, y la financiación por este concepto será asumida en su totalidad por Gobierno.

Por último, el Ejecutivo financiará también el 100% del coste estimado de la atención prestada por los servicios de atención a domicilio municipales a las personas con reconocimiento oficial de dependencia.

 

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