Tras la victoria militar en la guerra del 36, el Ejército español hizo construir miles de búnkeres en la frontera con el Estado francés, muchos de ellos en territorio vasco. La dictadura franquista no dudó en recurrir a mano de obra forzada para fortificar el Pirineo frente a un posible ataque de los países aliados, destinando para ello ingentes cantidades de recursos mientras la población sufría grandes penurias. Fue la obra más faraónica del franquismo y también la más inútil, ya que nunca se llegó a utilizar.

En marzo de 1939, poco antes de finalizar la guerra, la documentación militar franquista ya recoge la previsión de construir cien «centros de resistencia» a lo largo de 338 kilómetros de frontera pirenaica. Se trataba de construcciones de hierro y hormigón en las que se podían instalar ametralladoras, fusiles ametralladores, morteros, cañones anticarro, armas automáticas, abrigos y observatorios, e incluso estaban previstos fortines, galerías de mina y campamentos de ingenieros y de batallones de trabajadores.

En 1944, cuando ya el nazismo estaba derrotado, el franquismo dio un nuevo impulso a la construcción de esta faraónica y paranoica obra por temor a que los países aliados invadiesen el Estado español para acabar con la dictadura y restaurar la democracia. En otoño de ese mismo año la infiltración de guerrilleros republicanos por diversos puntos de la cordillera pirenaica avivó los temores de una invasión, y a pesar de que los “maquis” pronto dejaron de ser un peligro real para el régimen franquista, la construcción de la denominada, de forma imprecisa, «Línea P» (Línea Pirineos) se prolongó hasta 1953.

A mediados de esa década el Estado español fue admitido en la comunidad internacional con el ingreso en la ONU, y los trabajos de fortificación del Pirineo quedaron abandonados. Para entonces, la zona pirenaica más próxima a la frontera con el Estado francés ya había sido «impermeabilizada» por miles de búnkeres. Desde el punto de vista militar, se trataba de una obra inútil, no solo porque resulta prácticamente imposible defender 500 kilómetros de intrincadas montañas, sino porque para entonces la aviación ya se había convertido en una de las principales armas de guerra, y en ese campo los aparatos del Ejército español resultaban insignificantes frente al enorme poder de los aliados.

Mano de obra forzada

La frontera navarra fue una de las más fortificadas por el Ejército franquista. Desde el monte Larrun hasta el Pirineo oscense, cientos de búnkeres fueron construidos en los lugares más estratégicos, ocupando laderas, collados y valles para vigilar a un enemigo inexistente. Las zonas de Ibardin, Lizuniaga, Gorramendi, Kintoa, Auritz, Orreaga, Luzaide, Orbaitzeta, Abodi, Erronkari… quedaron plagadas de construcciones hormigonadas, al igual que algunas zonas de Gipuzkoa e incluso de la costa vizcaina.

A pesar de que se trata de la mayor obra de fortificación española del siglo XX, ha sido un tema poco abordado por investigadores e historiadores, entre otras razones por la dificultad para poder acceder a la documentación guardada en los archivos militares. De hecho, hasta bien entrada la década de los 80 las propias estructuras defensivas han estado supervisadas y revisadas por el Ministerio de Defensa.

Juan Carlos García Funes, doctor en Historia en la UPNA, es una de las personas que lo ha investigado. Autor de una tesis sobre el trabajo forzado en el sistema concentracionario franquista y de un estudio sobre el papel de la mano de obra forzada en la fortificación del Pirineo navarro, considera que hay que entender estas fortificaciones como «escenario de mecanismos masivos de reclutamiento de mano de obra forzada en el contexto de la dictadura franquista».

Miles de prisioneros

Según los datos recabados por García Funes, en un primer momento, entre 1939 y 1942, los trabajos iniciales fueron realizados fundamentalmente por miles de prisioneros (unos 13.000 en Nafarroa y más de 7.000 en Gipuzkoa), organizados en Batallones de Trabajadores y Batallones Disciplinarios de Soldados Trabajadores que dependían de la Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros.

«Además –añade este investigador–, a partir de 1942 el trabajo estuvo protagonizado por soldados de reemplazo, que también sufrieron unas duras condiciones de vida y trabajo para realizar obras de nula utilidad social. Todo este trabajo supuso un despilfarro de dinero y recursos espectacular, especialmente en tiempos de penuria, que sin embargo otorgó beneficios a los oficiales del Ejército y a las empresas proveedoras».

En la documentación oficial de octubre de 1955, García Funes ha encontrado 51 “centros de resistencia” en el Pirineo navarro, con un total de 2.883 obras previstas para realizar desde los años cuarenta. De todas ellas, 1.836 ya estaban terminadas, y otras 1.047 se habían dejado sin terminar.

En cuanto a Gipuzkoa, no existe un estudio exhaustivo de los búnkeres, como el realizado por García Funes en Nafarroa. «Es difícil saber cuántos hay, pero toda la zona de Oarsoaldea fue también muy fortificada tras la Guerra Civil y en ella trabajaron más de 7.000 prisioneros de guerra haciendo foritificaciones y carreteras, como las de Aritxulegi o Jaizkibel», explica Fernando Mendiola, historiador y profesor de la UPNA que en 2006 publicó, junto con Edurne Beaumont, el libro ‘Esclavos del franquismo en el Pirineo’ (editorial Txalaparta). Además, es coautor (junto con Carlos Zuza y Nicolás Zuazua) del estudio titulado ‘Arqueología y memoria: las fortificaciones de frontera en Navarra bajo el franquismo’, que se centra sobre todo en la zona de Auritz y Orreaga y que fue publicado en 2017 en ‘Trabajos de arqueología navarra’, del Gobierno de Nafarroa.

«También en la costa vizcaina –precisa Mendiola– hubo fortificaciones durante y tras la guerra, en las que trabajaron primeramente prisioneros de guerra y luego soldados, tanto en la zona de Punta Lucero (Zierbena) como en Getxo, Sopela y Plentzia».

La propiedad de las construcciones

Hoy, varias décadas después de ser construidos, cientos y cientos de búnkeres salpican el territorio vasco, y en especial el Pirineo navarro. Algunos han sido destruidos por la construcción de carreteras, pistas de esquí o urbanizaciones, pero la mayoría permanecen semiocultos, abandonados y en ocasiones llenos de basura.

Y aquí surge otra cuestión: ¿De quién son estas construcciones? Ni la Delegación del Ministerio de Defensa en Iruñea ni el propio Ministerio, en Madrid, han respondido a esta pregunta. Reconocer que los búnkeres pertenecen al Ejército español sería tanto como admitir que el actual Ejército es el mismo que los mandó construir, es decir, el Ejército franquista. Jesús Sesma, arqueólogo de la Dirección General de Cultura del Gobierno de Nafarroa, no tiene claro quién es el propietario: «Este tipo de construcciones están en un limbo. No hemos empezado a catalogarlas, pues hace muy poco que se ha empezado a trabajar sobre ellas».

Sobre la propiedad de los búnkeres

Establecer quién es el propietario de los búnkeres no es tarea sencilla, ya que unos se encuentran en terrenos comunales y otros en terrenos privados, por lo que la situación puede ser distinta en cada lugar. En cualquier caso, algunos municipios vascos ya han comenzado a poner en valor estas construcciones, sobre todo con carácter didáctico y divulgativo. El Ayuntamiento de Auritz encargó la excavación arqueológica y el proyecto de senderos y material audiovisual de búnkeres ubicados en su término municipal.

El Ayuntamiento de Otsagi ha adecentado el nido de ametralladora que existe junto al santuario de Muskilda y ha colocado un cartel explicativo, señalando que se trata de una «infraestructura bélica construida por soldados y presos de la Guerra Civil entre 1940 y 1944». Por su parte, los consistorios de Bera, Espartza Zaraitzu, Izaba y Uztarroze vienen organizando en los últimos años charlas y marchas montañeras para dar a conocer las construcciones fortificadas que están en sus términos municipales.

En cuanto a Gipuzkoa, la asociación Kattin Txiki, de Oiartzun, y la asociación Etxetxo, de Lezo, están estudiando los búnkeres y carreteras de montaña de esa comarca, relacionados sobre todo con el trabajo de los prisioneros. «Afortunadamente, cada vez hay más actuaciones en este sentido. Creemos que no se puede desvincular los búnkeres de todo el plan de fortificación de la frontera tras el final de la guerra civil y del trabajo que empiezan los prisioneros de guerra», opina Fernando Mendiola, al tiempo que recuerda que ese fue el sentido de la iniciativa de Memoriaren Bideak, asociación que ya en el año 2007 montó una exposición y publicó un catálogo titulado “Esclavitud bajo el franquismo: carreteras y fortificaciones en el Pirineo occidental”.

La fortificación del Pirineo cubría toda la cordillera, pero el número de búnkeres estaba distribuido de forma desigual. Así, en el Pirineo central se levantaron relativamente pocas construcciones, por entender que la altitud de las montañas ya ejercía de barrera natural, mientras que el Pirineo catalán también fue sembrado de búnkeres, algunos de los cuales se han habilitado como refugios de montaña o espacios de memoria.