La mitad de las donaciones de óvulos en Europa se realizan en el Estado español. Son algo más de 12.000 al año, según el Registro Nacional de Actividad de la Sociedad Española de Fertilidad de 2020, el último año con datos publicados. La inmensa mayoría de estos óvulos acaban directamente en la industria privada, dado que los procesos de fertilidad dentro de la sanidad pública son bastante restrictivos. Fuera de lo público, apenas hay límites, y los pocos que se han marcado no se verifican. Esto ha potenciado una importante economía alrededor de la fertilidad hasta el punto de convertir al Estado en destino de mujeres y parejas que desean hijos sin pasar por listas de espera.

Aunque se hace referencia a esta práctica como una donación, un elemento nuclear del funcionamiento a día de hoy lo constituye el dinero. Según indica Anna Molas, investigadora Juan de la Cierva en el grupo de investigación afín de la UAB, la compensación que recibe la mujer donante en el Estado está muy por encima de lo que ocurre en todos los países del entorno, con la excepción de Bélgica (cuyos salarios medios y mínimos duplican a los estatales).

Esta experta advierte de que algunas clínicas donde se puede donar óvulos utilizan estrategias de captación muy agresivas, como activar anuncios por internet en perfiles de mujeres jóvenes que han realizado búsquedas de empleo a través de internet y en redes sociales.

Algunas clínicas activan anuncios por internet en perfiles de mujeres jóvenes que han realizado búsquedas de empleo.

En todas las capitales de Hego Euskal Herria hay empresas que ofrecen sus servicios a las mujeres donantes. Una sencilla búsqueda en internet detecta cuatro clínicas en Iruñea, otra en Gasteiz, dos en Donostia y otras ocho en Bilbo. Con la particularidad de que un mismo grupo, Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI), que se presenta a sí mismo como el «líder mundial en medicina reproductiva», está presente en las cuatro.

El IVI cuenta con 74 clínicas en nueve países. De ellas, 32 se ubican en el Estado español, donde tiene una cuota de mercado del 25%, duplicando al siguiente competidor, Ginemed. Por otra parte, el centro Eugin, que únicamente está presente en Madrid y Barcelona, asegura gestionar el 10% de todas las ovodonaciones en Europa.

Este sector privado de la fertilidad cumple un papel fundamental en tanto que la edad de la maternidad se retrasa. Con datos del INE, en 2022, un 11% de los nacimientos en Euskal Herria correspondieron a madres de más de 40 años. El dato va en línea con el conjunto estatal (10%), que es el país de la Unión Europea con mayor retraso de la natalidad. Las madres con más de 40 años se han duplicado en dos décadas en Hegoalde.

Las madres con más de 40 años se han duplicado en dos décadas en Hego Euskal Herria.

Los procesos de fertilidad en lo público fijan el límite en los 38 y 40 años, según la técnica. En el sector privado, estos límites de edad para la futura madre no existen. Algunas clínicas se muestran dispuestas a embarazar a mujeres de más de 50 como reclamo publicitario.

En la publicidad de las páginas web de estas compañías no indican que habrá remuneración compensatoria para la donante o lo hacen con mensaje ambiguo. El asunto económico se trata únicamente en citas cara a cara con las mujeres interesadas en donar.

Las tarifas de compensación

A través entrevistas realizadas a mujeres donantes, Molás apunta hacia cifras que rondan unos 1.100 euros por la hiperestimulación hormonal y la punción para extraer los óvulos, cifra que va a variar según la clínica y, también, en caso de que se trate de una mujer que dona por primera vez o si es un segundo o tercer tratamiento.

«Las compañías de fertilidad no necesitan publicitar que van a pagar a una mujer por prestarse a un ciclo de hormonación y la punción posterior para extraer los óvulos. La mujer que quiere donar ya sabe que este pago va a darse, porque por eso ha acudido», aclara Molás.

«La motivación principal, el motor de prestarse al tratamiento, es la necesidad económica», asegura Anna Molas. 

Para la realización de su trabajo de campo, la investigadora preguntó a donantes cuál era el motivo principal por el que habían decidido acudir a estas clínicas. De este modo encontró que, aunque existían otras razones de tipo altruista, «la motivación principal, el motor de prestarse al tratamiento, es la necesidad económica».

Tal confesión choca frontalmente con la legislación. Así, la ley 35/1988 sobre técnicas de reproducción asistida, en el punto tres de su artículo quinto –el específico para los donantes– dictamina que «la donación nunca tendrá carácter lucrativo o comercial».

Por otro lado, a la hora de analizar los perfiles de mujeres que donan sus óvulos, Molás encontró estudiantes universitarias, personas con trabajos precarios, madres solteras cuyo sueldo no alcanza para los gastos o que pasan por algún apuro puntual, «y también un gran número de personas que son migrantes, sobre todo de Latinoamérica, pero también de países del Este».  

Lograr que las donantes repitan

Molás expone que las donantes se sienten bien tratadas y acompañadas en el proceso por las clínicas, aunque apunta que puede existir también una razón económica detrás de ese buen trato.

A estas empresas les resulta más económico que una donante repita, pues se ahorran repetir ciertas pruebas y tienen prácticamente garantizado que el tratamiento y la punción saldrá bien. De ahí que traten de fomentarlo con la compensación. A una mujer que se presta a un segundo proceso le pagan más, sobre un 10% de incremento. El pago más alto relatado a Molás se acerca a los 1.500 euros.

A las clínicas les sale más económico que una donante repita, pues se ahorran ciertas pruebas. Por eso la compensación sube 

Tras la hiperestimulación hormonal de mujeres jóvenes y sanas –el rango de edad la donante que admite difiere en cada clínica, pero suele estar en la horquilla de los 18-35 años– las clínicas extraen de la donante 18 o 19 óvulos viables.

Esta cantidad da para varios tratamientos reproductivos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos ellos resultan exitosos. Según la información de las propias clínicas, una gestación por ovodonación resulta exitosa a la primera en un 83% de las ocasiones y se alcanza el 100% al tercer intento. Algunas de esas empresas han desarrollado fórmulas comerciales de tres intentos con nombres llamativos donde, en caso de que el embarazo no salga adelante, se devuelve el dinero.

La política comercial de las clínicas dificulta y opaca el control que marca la ley para el límite de donaciones de óvulos. Se trata de un control exiguo que, sorprendentemente, no está limitado por el riesgo para su salud que supone para una mujer someterse a múltiples de estos tratamientos hormonales, sino que se fijó en función de cuántos descendientes biológicos puede tener cada donante.

Así, legalmente, una donante de óvulos no puede tener más de seis hijos, incluidos aquellos que tenga ella misma.

Uno de los factores que complica el control de los descendientes de las donantes es la llegada de familias extranjeras en busca de un proceso de fertilidad sin listas de espera y que (al tener lugar en otro país) les aporta mayor discreción.

La criogenización de estos óvulos no solo alarga la vida útil de las células, sino que permite la exportación.

A esto se suma el hecho de la criogenización de estos óvulos, que no solo alarga la vida útil de las células, sino que permite la exportación de óvulos congelados a clínicas de terceros países. 

No hay control posible de cuántos de esos tratamientos en el extranjero han llegado a término. Algunas han realizado el tratamiento y se han marchado a su país sin dar cuenta necesariamente, pues no están obligadas a ello, a la clínica donde se realizó el tratamiento. Otras, en caso de quedar embarazadas con un óvulo congelado que fue exportado, han proseguido con su embarazo dentro del servicio sanitario de su país.

A pesar de esas buenas sensaciones que transmiten las donantes en cuanto al trato, la investigadora apunta dudas sobre los consentimientos informados que se facilitan a las donantes. El documento que firman antes de someterse al tratamiento tiene lagunas en lo referente a las potenciales consecuencias para la salud.

Desconocimiento de los riesgos reales

«Es un proceso muy intensivo en el que vas a tener que inyectarte medicación durante ocho o doce días. Son pinchazos diarios. Esto obliga a la donante a organizar su vida para poder cumplir la pauta», explica Molás.

«Existen riesgos a corto plazo que pueden ser graves. Aunque con la medicación actual están, en general, bien controlados», advierte la investigadora. «Muchas mujeres con las que hablé relataron haber tenido que ir a Urgencias o volver a la clínica porque algo pasaba y no se encontraban bien», afirma Molás.

No existen estudios específicos sobre efectos a largo plazo de estos tratamientos. Solo se informa de los riesgos a corto. 

«Lo que puede pasar de forma inmediata o a medio plazo se conoce y, más o menos, se ha ido controlando bien. Sin embargo, los efectos de estos tratamientos a largo plazo son muy desconocidos porque se ha estudiado muy poco. Prácticamente no hay estudios sobre qué puede pasar y los pocos estudios que existen no se han realizado específicamente con donantes de óvulos», advierte  Molás.

Las donantes, por tanto, no son informadas de todos los riesgos, sino únicamente de los conocidos y sin quedar reflejado en el documento que los efectos a medio y largo no se han investigado.

De esta forma, que las donaciones se realicen en centros privados da pie a que una mujer que necesite esa gratificación económica de forma recurrente acuda a clínicas diferentes, multiplicando los riesgos hacia su propia salud y desafiando el control del máximo de descendientes.