El llamado “Black Friday” arrasa desde hace pocos años en nuestro continente mezclándose con las compras navideñas. Un producto de importación made in USA con pretensión de “ayudar” a las y los consumidores en el apartado de compras no alimentarias, eso sí, bien aderezado con la promesa de suculentos descuentos.

El fenómeno del Black Friday ha despertado el interés de investigaciones sociológicas y sobre el cumplimiento de la normativa aplicable, fruto de las investigaciones y denuncias de las organizaciones de personas consumidoras europeas. En este caso, sobre la reducción del precio, ya que tiene un gran impacto sobre el comportamiento del consumidor. Las técnicas de mercadotecnia se inventaron para vender más y perder poco, y se vienen aplicando con éxito en la sociedad de consumo: rebajas, semanas especiales, precios sin IVA...

La Directiva 2019/2161, que aborda la cuestión de los anuncios de reducción del precio y la exigencia de transparencia en la materia, señala que los anuncios de reducción de precios de un producto deben indicar el precio anterior entendido como el más bajo al que el producto ha sido comercializado los 30 días anteriores y, junto a él, el precio reducido. La reducción del precio debe estar aplicada sobre ese «precio anterior». Y es que la cuestión tiene su miga porque, en muchos casos, se inflan los precios días antes de estas fechas, con el fin de mostrar una falsa reducción de precios.

Al final, tanto da que haya normas de protección en Consumo, denuncias o recomendaciones de las organizaciones consumeristas por dos cuestiones irresolubles: la multiplicidad de canales de venta (físicos y online) dificulta las intervenciones administrativas para penalizar estas prácticas ilegales; y la fiebre de los descuentos obnubila el racional comportamiento económico del consumidor.