Antes de llegar a Mendoza, había leído informes, cifras y estudios técnicos. Había subrayado porcentajes, anotado caudales y buscado en Google Maps la ubicación exacta del proyecto San Jorge. Sabía que la mina se proyectaba en Uspallata, a unos cien kilómetros de la capital provincial, y que el debate llevaba más de una década dividiendo a vecinos, científicos, empresas y gobiernos. Lo que todavía no entendía era por qué, al hablar de minería, todo el mundo terminaba hablando de agua.

La respuesta apareció una y otra vez durante los días que pasé en la provincia. Estaba en las pancartas de las manifestaciones, en las conversaciones con vecinos, en los informes técnicos, en los discursos políticos y en las entrevistas con investigadores. Incluso aparecía en los paisajes.

Mendoza es una provincia construida alrededor de algo que escasea. A diferencia de otras regiones donde la lluvia forma parte de la rutina, aquí el agua llega principalmente desde la cordillera. Los ríos que nacen del deshielo atraviesan un territorio árido y permiten que existan ciudades, cultivos y comunidades enteras en medio de un paisaje que, sin ellos, sería prácticamente inhabitable. Por eso resulta imposible entender el conflicto de San Jorge sin entender primero la relación que Mendoza mantiene con el agua.

La provincia atraviesa una crisis hídrica prolongada. Los glaciares retroceden, la acumulación de nieve disminuye y cualquier proyecto que requiera grandes volúmenes de agua entra inevitablemente en una zona de conflicto. El proyecto de San Jorge prevé extraer cobre mediante una explotación a cielo abierto en la zona de Uspallata, para lo cual necesita abastecerse del Arroyo El Tigre, el único curso de agua permanente dentro del área de influencia directa de la mina. Según el Informe de Impacto Ambiental, el arroyo registra un caudal promedio de 318 litros por segundo, aunque durante el período analizado alcanzó máximos de 723 litros y mínimos de apenas 18. La explotación contempla una captación estimada de 141 litros por segundo.

El agua que circula por este sistema no solo abastece a la actividad humana, también sostiene ecosistemas adaptados a condiciones extremas, como la Ciénaga de Yalguaraz, un humedal altoandino de más de treinta kilómetros cuadrados. El propio informe señala que la extracción prevista reduciría en torno a un 8% la recarga que alimenta este ecosistema.

Quizás por eso la discusión sobre San Jorge nunca terminó siendo únicamente una discusión sobre minería. Las empresas hablan de inversión, empleo y desarrollo. El Gobierno lo presenta como un recurso estratégico para la transición energética global. ¿Pero los que se oponen? Rara vez empiezan hablando de cobre. Empiezan hablando de agua.

La sensibilidad que existe en Mendoza alrededor de la minería no apareció con San Jorge. Forma parte de una historia más larga. La Ley 7722, aprobada en 2007 tras una de las mayores movilizaciones socioambientales de la provincia, prohíbe determinadas sustancias químicas en la minería metalífera y obliga a que cada proyecto obtenga aprobación legislativa. En 2019 un intento de modificarla provocó protestas masivas que obligaron al Gobierno a dar marcha atrás. Por eso, cuando San Jorge volvió a escena, el conflicto reactivó una fractura que atraviesa Mendoza desde hace casi dos décadas.

La mañana de la votación de la Declaración de Impacto Ambiental comenzó mucho antes de que los legisladores ocuparan sus escaños. Desde distintos puntos de la provincia empezaron a llegar columnas de personas hacia el centro de Mendoza: estudiantes, jubilados, familias enteras, docentes, científicos, productores y activistas que llevaban años participando en movilizaciones similares. La consigna que encabezaba la marcha, “El agua no se negocia”, no era nueva, pero esta vez sonaba como una advertencia.

Miles de personas se concentraban frente a la Legislatura mientras los bombos resonaban entre los edificios y las banderas cruzaban el aire caliente. Había abrazos, cánticos y lágrimas, pero sobre todo la sensación de que aquella votación podía marcar un punto de inflexión. Cuando empezó a circular la noticia de que la DIA había sido aprobada, el ambiente cambió instantáneamente. La información se extendió rápidamente entre la multitud: 29 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención. La Legislatura había dado luz verde al proyecto.

Por unos instantes aparecieron el silencio y la incredulidad. Después, la movilización volvió a ponerse en marcha. Miles de personas recorrieron las calles del centro de Mendoza mientras los cánticos resonaban con más fuerza que nunca. Para muchos de los presentes, aquella votación no significaba el final de una lucha, solo el comienzo de una nueva etapa.

Aún no conocía Uspallata. No había recorrido los caminos de montaña ni entrevistado a quienes viven a pocos kilómetros de donde se proyecta la mina. Pero aquella mañana entendí algo fundamental: para comprender el conflicto de San Jorge no bastaba con leer expedientes, informes ambientales o discursos políticos. Había que escuchar a las personas que llevaban años viviendo esta discusión. Una de ellas es Alejandra.

Hay personas que llegaron a la lucha contra la megaminería por convicción política. Algunas por formación académica. Otras porque un día leyeron un informe y decidieron involucrarse. Alejandra llegó porque vive allí. Durante años participó en asambleas, reuniones vecinales y movilizaciones contra el avance de proyectos mineros en la región. Como muchos otros habitantes de Uspallata, aprendió un lenguaje técnico que nunca imaginó necesitar: caudales, acuíferos, depósitos de colas, estudios hidrogeológicos, audiencias públicas. Pero, detrás de todos esos términos, siempre aparecía la misma preocupación: el agua.

UNA SEMANA DESPUÉS DE LA VOTACIÓN LLEGUÉ A USPALLATA

La ruta atraviesa un paisaje que parece estirarse hasta el infinito. A medida que la ciudad queda atrás, el verde desaparece y la cordillera comienza a ocuparlo todo. El pueblo aparece en medio de un valle rodeado de montañas ocres y laderas secas. A simple vista nada hace pensar que allí se debate el futuro de uno de los proyectos mineros más controvertidos de Argentina. Sin embargo, basta permanecer unas horas para descubrir que la minería está presente en casi cualquier conversación.

A diferencia de lo que imaginaba antes de viajar, el conflicto no divide a la población en dos bloques perfectamente definidos. Hay quienes ven en la minería una oportunidad económica, quienes la rechazan de manera frontal y quienes simplemente reconocen no saber en quién confiar después de años de informes contradictorios y debates técnicos. Lo llamativo no es que existan posiciones diferentes, sino la intensidad con la que se sostienen.

La mañana que conocí a Alejandra acababan de estafarla al intentar contratar internet para su casa. Aun así, nos recibió en una pequeña construcción de adobe junto a su vivienda y nos llevó a recorrer los alrededores. Lo primero que hizo fue señalar una montaña: «¿Ves la mujer?». Miré la línea de las cumbres sin entender a qué se refería. Ella insistió. Decía que el perfil estaba ahí, acostado sobre el horizonte, perfectamente dibujado en la roca. Asentí sin verla realmente. Durante los días siguientes volví a buscarla una y otra vez cada vez que salíamos de casa. Hasta que finalmente apareció. De pronto pude distinguir la frente, la nariz y la silueta recostada que los habitantes de Uspallata conocen como la Montaña de la Mujer y, una vez vista, me resultó imposible dejar de verla.

Durante los días que pasé con ella la escuché explicar una y otra vez los motivos de su oposición al proyecto. Lo hacía sin estridencias, pero con una convicción difícil de ignorar. Había dedicado años de su vida a estudiar documentos técnicos, asistir a reuniones y participar en movilizaciones porque estaba convencida de que aquello afectaba directamente al lugar donde había decidido construir su vida.

Y mientras la acompañaba por caminos de tierra y pequeños miradores, empecé a comprender esa convicción. Uspallata aparecía rodeada por montañas inmensas que cambiaban de color con la luz de la tarde. El viento recorría el valle levantando polvo y el silencio solo se rompía por el paso ocasional de algún vehículo. Era un lugar apartado, suspendido entre la cordillera y el desierto.

Fue entonces cuando entendí algo que ya había empezado a intuir durante la manifestación en Mendoza. Para muchas de las personas que se oponen a San Jorge, el conflicto no se reduce a una discusión técnica sobre porcentajes, caudales o estudios de impacto ambiental. Hay algo más difícil de cuantificar. No se trata únicamente de lo que podría ocurrir dentro de veinte años. También existe la sensación de que las decisiones sobre el futuro de ese territorio están siendo tomadas lejos de quienes lo habitan.

Cuando Alejandra habla del proyecto, no suele empezar por las inversiones prometidas ni por los puestos de trabajo anunciados. Habla del agua: de la posibilidad de que un accidente afecte las cuencas de las que dependen miles de personas, de los productos utilizados durante el proceso industrial y de los depósitos de residuos mineros previstos para una región atravesada por actividad sísmica.

Aunque la empresa asegura que no utilizará cianuro, mercurio ni ácido sulfúrico, vecinos y especialistas sostienen que el principal peligro no sería necesariamente un derrame visible. Les preocupa la posibilidad de una contaminación gradual de los acuíferos subterráneos, cuyas consecuencias podrían tardar años en manifestarse.

Durante nuestra conversación repasamos cifras, estudios e informes. Pero incluso cuando la discusión avanzaba por terrenos técnicos, siempre terminaba regresando al mismo lugar: el agua. Para ella, el proyecto no representa un episodio aislado, sino la continuidad de una historia mucho más larga.

Liliana Claudia Herrera, lideresa indígena y Otma de la comunidad Huarte Guaytamari, creció escuchando a su madre recordar las lagunas de Guanacache, un extenso sistema de humedales que durante siglos sostuvo la vida de las comunidades huarpes. Con el crecimiento de Mendoza y el desvío progresivo de los cursos de agua hacia los oasis agrícolas y urbanos, aquellas lagunas terminaron desapareciendo. Esa memoria familiar, explica, marcó profundamente su forma de entender el territorio. Por eso, cuando habla de San Jorge, no lo hace únicamente como un proyecto minero, sino como una experiencia histórica que su pueblo ya conoce: «Así como fue en la época de la colonización, hoy es una nueva colonización».

Para Herrera, la discusión tampoco pertenece únicamente a las comunidades indígenas. Cree que forma parte de una identidad compartida por buena parte de Mendoza, una identidad construida alrededor del agua y de la relación con un territorio donde la vida siempre dependió de un recurso escaso. «Tenemos una misma identidad porque vivimos en este territorio. Es el agua que tomamos, el aire que respiramos, las montañas que vemos todos los días». Esa relación, sostiene, es la que explica buena parte de la movilización social que se ha producido en la provincia durante los últimos años. Mientras algunos observan una oportunidad económica, ella ve la posibilidad de repetir una historia que ya dejó huellas profundas en el territorio: «Siempre decimos que lo hacemos desde el amor. Porque el amor es la vida y el agua es la vida».

Escuchándola entendí que, para muchas personas, la discusión sobre San Jorge no gira únicamente en torno a una mina. Habla también de la relación que una comunidad mantiene con el lugar donde vive y de quién tiene derecho a decidir sobre su futuro.

La otra mirada del conflicto aparece en los despachos oficiales y en las oficinas de las empresas que impulsan el proyecto. Para ellos, San Jorge representa una oportunidad económica en una provincia que arrastra años de dificultades y busca nuevas fuentes de inversión. En un contexto de transición energética global, el cobre se ha convertido en un mineral estratégico para vehículos eléctricos, paneles solares, parques eólicos y redes eléctricas. Pero las promesas comienzan a complicarse cuando se revisan los documentos.

Marcelo Giraud, geógrafo e investigador de la Universidad Nacional de Cuyo, lleva años estudiando los impactos económicos y ambientales de la actividad extractiva en Mendoza. Según explica, existe una diferencia importante entre el discurso público y lo que aparece realmente en el expediente. «El Gobierno lo repite, los funcionarios lo repiten, pero uno va al informe de impacto ambiental y no dice 800 empleos: dice 380». Respecto a los casi cuatro mil empleos indirectos que suelen aparecer en declaraciones oficiales, asegura que el expediente no explica cómo se obtienen esas cifras.

Para Giraud, la discusión tampoco termina en el empleo. Durante nuestra conversación insistió en una preocupación recurrente: la posibilidad de afectar el acuífero subterráneo de Uspallata, conectado con la cuenca del río Mendoza y, por extensión, con buena parte del sistema hídrico del que depende más de un millón y medio de personas. No afirma que la contaminación vaya a producirse necesariamente, habla en términos de riesgos. Recuerda que la minería metalífera figura entre las actividades industriales con mayores antecedentes de contaminación de aguas superficiales y subterráneas y que, cuando el problema alcanza un acuífero, los procesos suelen ser lentos, difíciles de detectar y mucho más complejos de revertir.

También cuestiona el tratamiento que recibieron las observaciones técnicas realizadas por especialistas de la Universidad Nacional de Cuyo durante la evaluación del proyecto. Según explica, un dictamen de 186 páginas elaborado por 23 profesionales contenía numerosas observaciones críticas sobre distintos aspectos ambientales e hidrológicos. Por eso considera que el debate no puede reducirse únicamente a las inversiones prometidas o a las oportunidades económicas.

La discusión tampoco termina en Mendoza. América Latina exporta entre dos y ocho veces más metales de los que consume. Mientras gran parte del mundo acelera la transición energética y aumenta la demanda de minerales considerados estratégicos, los impactos ambientales suelen concentrarse lejos de los lugares donde finalmente se utilizan esos recursos.

Para quienes apoyan proyectos como San Jorge, el cobre representa una oportunidad económica difícil de ignorar. Para muchos de sus detractores, la pregunta es otra: si esa transición puede considerarse realmente sostenible cuando los beneficios y los costes se distribuyen de forma tan desigual. ¿Quién decide qué territorios son sacrificables en nombre de la transición energética? ¿Quién asume los riesgos y quién recibe los beneficios?

Durante semanas escuché respuestas distintas. Las encontré en informes técnicos, discursos políticos, entrevistas con investigadores y conversaciones con vecinos. Marcelo Giraud hablaba de acuíferos, riesgos de contaminación y balances económicos. Liliana Herrera hablaba de memoria, territorio y despojo, los funcionarios hablaban de inversión y las empresas hablaban de desarrollo.

Pero la imagen que más permanece conmigo no es la de una votación, una reunión técnica o una manifestación, es el silencio de Alejandra. El instante en que bajó la mirada cuando le pregunté qué diría el agua si pudiera hablar.

Alejandra guardó silencio, intentó ordenar las palabras, y entonces se le quebró la voz.

No fue una reacción repentina ni teatral, fue como si aquella pregunta hubiera atravesado todas las capas técnicas del conflicto para llegar a un lugar más profundo. Hasta ese momento había escuchado hablar del agua como un recurso estratégico, una variable económica o un elemento central de los estudios ambientales. Pero frente a mí había una mujer incapaz de responder una pregunta sobre las montañas y el agua sin emocionarse. Y entendí que estaba observando algo que no aparecía en ninguno de los documentos.

Meses después, mientras escribía estas páginas, volví a una frase de Indio Solari que no conseguía quitarme de la cabeza: «Más de una vez me escuché decir que en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida». Pensé en Alejandra. Pensé en Claudia. Pensé en las miles de personas que siguieron marchando después de la votación, y, también pensé que quizá una parte de este conflicto también se encontraba ahí.

Y entendí entonces que la verdadera política no ocurre en las presentaciones de informes técnicos ni en los actos donde se prometen inversiones. Ocurre en las calles. Mientras algunos leían documentos para justificar una decisión ya tomada, otros estaban decidiendo colectivamente qué clase de región querían ser. Eso es resistencia: no aceptar lo inevitable. Seguir insistiendo cuando todo indica que ya está perdido.

Porque la disputa que atraviesa Mendoza no se explica únicamente mediante cifras o promesas. También se explica a través de la relación que muchas personas mantienen con el territorio que habitan, con el agua que lo alimenta, con la idea de que algunas cosas no están en venta. Quizá por eso, después de más de una década de debate, la misma consigna sigue apareciendo en pancartas, marchas y conversaciones: que el agua no se negocia.