En fin, Jeremy Corbin parece un buen tío. Tiene buen gusto por los sombreros y no canta «Dios salve a la Reina». Pero en Southwark, Lambeth, Tower Hamlets, Hackney, Camdem… y a lo largo del Gran Londres, las corporaciones municipales que están barriendo una clase social entera son laboristas. Más de 150.000 personas han sido desahuciadas en los tres últimos años». Estas palabras las lanza una asociación de arquitectos, urbanistas e ingenieros denominada Architects for Social Housing (Arquitectos por una vivienda social, en castellano) en un extenso texto que pone de vuelta y media la justificación de la denominada «Crisis de la vivienda» en Londres. Los laboristas, como se ha podido ver, reciben lo suyo.

Concluimos con este texto una serie de tres artículos que han circundado sobre la ciudad de Londres y la lucha política que, teniendo la arquitectura y el urbanismo como campo de batalla, se está llevando a cabo. Empezamos con un incidente que convirtió un negocio hipster en un barrio deprimido en un símbolo contra el que manifestarse, para luego saltar a la construcción de un rascacielos en Paddington mediante el uso de capital extranjero, atraído por la oportunidad del ladrillazo. Ambos ejemplos se enmarcan en un proceso de desplazamiento de las clases más humildes de Londres hacia el extrarradio.

Gran Bretaña vive en estos momentos un resurgir de la lucha de clases que Margaret Thatcher quiso enterrar en lo más profundo de las minas de carbón. «Si Thatcher tenía un objetivo, era evitar que pensáramos en términos de clase», escribe el periodista Owen Jones. La primera ministra clavó el primer clavo en el ataúd del sistema de vivienda pública con la Ley de Vivienda de 1979, que permitía a los moradores de las viviendas protegidas comprar su vivienda a mitad de precio.

Enarbolando la bandera de la necesidad de redensificar el centro, las orillas del Támesis están siendo objetivo de operaciones inmobiliarias sin precedentes. Los canales y cauces fluviales de Londres se están convirtiendo en lugar de promociones de lujo que pagan gustosamente un impuesto especial para evitar la inclusión, dentro de la promoción, de viviendas “asequibles” (haciendo que estas se realojen en otros solares menos apetecibles).

Pudiera parecer que la arquitectura sale fuera de esta rueda, que sin duda implica a muchos más agentes que los arquitectos. Sin embargo, Richard Rogers, arquitecto responsable del Master Plan de Garellano, en pleno Bilbo, explica que «la arquitectura es política». Evidentemente, esa afirmación le habrá servido como mantra para tranquilizar su conciencia después de que la citada asociación ASH promoviera una protesta contra la promoción de 217 apartamentos de lujo en el municipio londinense de Southwark. La promoción, llamada NEO Bankside, fue finalista de los prestigiosos premios Stirling, otorgados por la asociación de arquitectos británicos, el RIBA.

Los edificios de Rogers, barón del Bankside y laborista convencido, poseen muchas de las marcas de fábrica de los diseños del arquitecto: gusto por «la máquina», con una estructura expresiva que sobresale al cerramiento y un diseño curiosamente similar al utilizado en Bilbo, al contar con la impronta de la propuesta inicial de las Torres de Garellano. Todo esto, aderezado por una sensibilidad medioambiental desde el punto de vista tecnológico.

Sin embargo, la sostenibilidad social hace aguas por todos lados, según los arquitectos de ASH, que enclavan el proyecto de Rogers y, en general, la política de vivienda en un complot legal y económico para desmontar el sistema de protección social que los gobiernos laboristas de posguerra mundial construyeron.

Según lo que denuncian los arquitectos de ASH, al igual que otros periodistas como Oliver Wainwright o Rowan Moore, es un plan para identificar zonas a redensificar a lo largo de todo Londres para alcanzar la cifra de 1,7 millones de nuevos habitantes. Lo que no se evidencia, no obstante, es que esa redensificación se coloca en lugares con suelo público, es decir, aquellos lugares donde vive la gente más vulnerable.

Con unos municipios en la práctica bancarrota, es lógico pensar que, más allá del color del escaño, todo el mundo quiera atraer inversiones. Lamentablemente, la consecuencia de todo esto está siendo el desplazamiento de la población más desfavorecida del centro de la ciudad y, más aún, el vaciamiento de este, ya que la vivienda de lujo atrae a un dinero extranjero que tiene como objetivo el juego especulativo con la construcción.