2018/02/04

Arquitectura colaborada en Can Batllò
IBAI GANDIAGA
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Una de esas citas misteriosas del filósofo Gilles Deleuze y el psicoanalista Felix Guattari dice algo así que «como cada uno de nosotros era varios, en total ya éramos muchos. Hemos distribuido seudónimos para que nadie sea reconocible. ¿Por qué hemos conservado nuestros nombres? Por rutina, únicamente por rutina». Estas palabras, escritas cuando las empresas transnacionales comenzaban a moldear la economía global durante los años 80, servirían años más tarde como base teórica para muchos movimientos altermundistas, que pensaban que las cosas se podían hacer de otro modo, y que la mejor manera de organizarse era desde abajo hacia arriba, y siempre en paralelo.

Ese tipo de organización horizontal es un grave anatema en la arquitectura, disciplina a la que se le supone más de organización de barco, con el capitán al mando, que de asamblea. Según esa visión, el arquitecto está sujeto tan solo por las limitaciones económicas que le establecía el cliente. Era su visión la que configuraba el espacio, la casa, la ciudad –al menos así lo pinta el imaginario colectivo–.

Lo cierto es que la arquitectura siempre ha sido un acto colaborativo entre constructores, propietarios y técnicos, con el arquitecto como correa de transmisión entre todos. Sin embargo, en la ecuación faltaba la ciudadanía, o dicho de otro modo, el usuario final. Durante la posguerra, habían sido varios los intentos de diseñar arquitectura mano a mano con el usuario final, siendo reseñables los trabajos de diseño participativo del italiano Giancarlo de Carlo, Jan Gehl en Dinamarca, Lucien Kroll en el Estado francés o Christopher Alexander en Estados Unidos. Estos arquitectos, considerados todos ellos outsiders del sistema, representaban una nueva generación nacida con la lección del Movimiento Moderno aprendida, pero que renegaban de los bloques de vidrio plantados por toda la ciudad.

Tal vez derivado de las consecuencias de la crisis de 2008, una nueva generación de arquitectos del Estado español ha decidido acompañar movimientos populares que necesitaban espacios donde poder desarrollar una vida colectiva. ¿Ejemplos? Uno de los mejores lo podemos encontrar en la antigua fábrica Can Batllò, en el barrio barcelones de Sants, y en la cooperativa Lacol Arquitectes, que ha acompañado y facilitado el trabajo de la plataforma, dotando de estrategia espacial a la voluntad de la gente.

La fábrica de Can Batllò, fundada en 1880 ocupa el 25% del barrio de Sants, y el plan urbanístico de 1976 determinó que debía convertirse en una zona de vivienda, equipamiento y área verde, suponía un goloso caramelo a recoger por quien pudiera promover la urbanización. Sin embargo, durante los años 90 la burbuja inmobiliaria hizo que el valor del suelo incrementara sin cesar, haciendo más rentable “dejar estar” el solar que construir sobre él.

Los vecinos, organizados en una plataforma vecinal, dieron un ultimátum al Ayuntamiento: o empezaban las labores para el año 2011, o ellos mismos ocuparían el espacio. Con el crack de la burbuja, las excavadoras no llegaron, y los vecinos ocuparon, poco a poco, la fábrica.

Seis años más tarde, el mercado se ha calentado de nuevo, pero por fortuna existe el contrapeso de una corporación municipal de talante muy distinto. Ada Colau anunciaba que la inversión en Can Batllò ascendería a un total de 65 millones de euros, habiendo adquirido dos naves a la Generalitat, habilitando varios bloques para escuelas profesionales y cooperativas. Uno de esos bloques de la antigua fábrica, el Bloque 11, se ha recuperado con un diseño dirigido por Lacol Arquitectes, habitando con ello una biblioteca popular, con un fondo bibliográfico de 15.000 documentos. El diseño está basado en la reutilización de elementos existentes en la fábrica, como marcos de puertas y ventanas, o elementos de almacenaje industrial.

Junto con ese acompañamiento, los arquitectos de Lacol están dirigiendo un equipo de profesionales y usuarios para poner en pie la cooperativa de vivienda en cesión de uso de La Bordeta, en el propio Can Batllò. En este proyecto, los propietarios lo son tan solo del derecho al uso de la vivienda, siendo la propiedad del edificio –que será el edificio de madera más alto del Estado español– por siempre de la cooperativa, y evitando así la especulación inmobiliaria. Las decisiones se toman en asamblea, facilitadas –que no dirigidas– por los arquitectos. Porque en esta manera de entender la arquitectura cada uno de los participantes es uno y muchos a la vez; uno, porque su opinión importa, pero muchos, porque la colectividad de lo común se impone.