2018/02/04

Erreportajea
 
En tierra de nadie... y de todos
Amaia Ereñaga
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Es tan polémica que ni siquiera hay acuerdo en cómo hay que definirla: gestación subrogada, maternidad subrogada, gestación por sustitución, vientres de alquiler o úteros de alquiler son conceptos utilizados dependiendo de si se esté a favor o en contra de una técnica de reproducción en franca expansión y que provoca, cuando menos, serias dudas éticas por lo que acarrea de utilización mercantilista y de, en muchos casos, explotación de mujeres con escasos medios económicos. Lo cierto es que, aunque los Estados español y francés son dos de los países europeos donde esta práctica no es legal, es ya una realidad que funciona de forma alegal y que genera posturas encontradas incluso entre personas que comparten ideología.

La controversia llega hasta quienes han optado por recurrir a ella para tener descendencia, como es el caso de la “reina de la telerrealidad”, Kim Kardashian, quien prefiere definir a la mujer que ha llevado en su vientre durante nueve meses a su tercera hija, Chicago, como una “transportista gestacional”, porque, alega, la “portadora” no tiene relación biológica con el bebé. ¿Pero tiene o no tanta importancia que haya una relación biológica? La gestación subrogada es una técnica de procreación asistida en la que se implanta un embrión (un óvulo fecundado) en el útero de otra mujer, la madre portadora, debido a que la mujer no puede gestarlo o en el caso de una pareja de hombres, por ejemplo. La madre gestante puede aportar sus propios óvulos o gestar un embrión que no tenga relación biológica con ella. Puede haber fecundación natural, inseminación artificial o fecundación in vitro. Así de sencillo… y de complicado. La cuestión, al final, es que otra mujer gesta un hijo de una persona o pareja, y renuncia, mediante un contrato, a la filiación materna. Y entre medias, hay una prestación económica.

El debate en torno a la gestación subrogada o los vientres de alquiler, una práctica ilegal tanto en el Estado español como en el francés, se encuentra sobre la mesa desde hace mucho tiempo. Pero su llegada este 2018 al Congreso, propiciada por la proposición de ley de Ciudadanos para regularla, por un lado, y la celebración de los Estados Generales de la Bioética en el Hexágono, por otro, hará que vuelva a situarse en el centro de atención. Bueno, lo cierto es que nunca ha dejado de estarlo y a los datos nos remitimos; pocos, porque al no ser legal no es fácil, pero algunos los hay. En base a los facilitados recientemente por la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres (RECAV), unos 1.000 niños entran cada año en el Estado español por esa vía. La asociación engloba a más de cincuenta organizaciones de mujeres, feministas, activistas y algunos colectivos de gais y lesbianas, en una plataforma que plantea convertirse en algo similar a la de “Nosotras Decidimos” que consiguió tumbar la contrarreforma del aborto de Galladón.

¿Y aquí? Según los datos que dio hace justo un año la Asociación por la Gestación Subrogada en España en su comparecencia en las Juntas Generales de Bizkaia, en la CAV se registran anualmente unos 250 niños y niñas nacidos por esta técnica en países extranjeros. Lo que esta asociación plantea es, apuntaron entonces, la regularización de esta práctica, para evitar indefensión jurídica a quienes tienen que tener hijos a través de este procedimiento, para proteger a las gestantes y evitar que mafias se aprovechen de su situación, y para que no se produzca discriminación por razón económica.

En esta especie de tierra de nadie en la que se encuentra esta técnica, y ante la necesidad de reconocer que en algunos países es una práctica admitida, actualmente los menores nacidos mediante gestación subrogada sí son registrados legalmente como ciudadanos españoles e, igualmente, instituciones como el Gobierno de Gasteiz han decidido reconocer el derecho a la baja de paternidad o maternidad a los funcionarios que opten por utilizarla. Otra cosa diferente es si los partidos políticos están por la labor de legalizarla, como plantea Ciudadanos. El partido de Albert Rivera propone que la mujer gestante deba tener más de 25 años, ser ciudadana española, haber sido madre con anterioridad y cumplir con una renta mínima. Ninguno de los grandes partidos estatales, ni PP, ni PSOE, ni Podemos, ha dado su apoyo a la propuesta. Y en Podemos, de hecho, hace poco ha habido tormenta interna debido al apoyo sorpresivo de Podemos-Murcia a la gestación subrogada.

Respecto a los grupos vascos, la cuestión está en parecidos términos, aunque EH Bildu, que rechaza los úteros de alquiler, ha planteado una gestación de sustitución gratuita y pública, regulada de forma que no haya intermediación ni pagos de por medio. Algo parecido, según parece, al sistema canadiense.

En el Estado francés, donde el presidente Macron enfatizó en campaña electoral su rechazo a la gestación subrogada («gestación pour autrui» o algo así como gestación para otros; GPA para los franceses, tan amantes de los acrónimos), este asunto va a ser uno de los temas candentes de aquí a otoño. La razón es la celebración de los Estados Generales de la Bioética, unos debates donde cada siete años se analizan asuntos de calado público como la ley de bioética. Arrancaron el 18 de enero y hasta otoño, cuando sus propuestas lleguen al Parlamento, los debates se realizarán por regiones. Curiosamente, y pesar que no está previsto el debate de la GPA, esta práctica se les va a convertir en una invitada incómoda. Ninguno de los partidos políticos galos está por legalizarla e incluso el Estado francés ha sido condenado en diversas ocasiones por la Corte Europea de los Derechos del Hombre por negarse a registrar a niños nacidos mediante gestación subrogada en el extranjero.

Pero no es todo tan sencillo. Para dar una idea de lo que divide la cuestión, no hay más que fijarse en dos manifiestos publicados este pasado enero en el diario “Le Monde”. Por un lado, el avalado por 110 personalidades, entre las que se encuentran los intelectuales Élisabeth Badinter y Pierre Rosanvallon o la humorista Muriel Robin, en el que, aunque contrarios a esta práctica, sus firmantes reclaman una «reforma urgente» de las leyes, alegando que «no se puede ignorar a los niños nacidos por GPA». Otro, firmado por cuarenta personalidades como la filósofa feminista Sylviane Agacinski, el sindicalista José Bové o el profesor René Frydman, “padre” del primer bebé probeta, pocos días después rechazaba esta «mercantilización» del cuerpo de las mujeres y cargaba contra el pretendido carácter «altruista» de la subrogación, a la vez que negaba que sea una técnica sino una «práctica social» que consiste en «alquilar la vida de una mujer durante nueve meses».

Mientras, las agencias que se dedican a facilitar la gestación subrogada –alguna de ellas con sede en Bilbo– se anuncian sin ningún problema. E incluso llegan a organizar ferias para presentar su oferta, que va desde los 130.000/150.000 euros que puede costar en Estados Unidos –más caro, pero parece que con mayores garantías para todas las partes–, hasta los entre 50.000 y 60.000 euros que cuesta en Ucrania o Kazajastán. Por cierto, en estos dos últimos países solo admiten a matrimonios heterosexuales. Paralelamente, Nepal y Camboya acaban de prohibirla, preocupados por las redes que explotan a mujeres pobres y que hacen que sus países sirvan de “fábricas” de bebés para los países ricos.