Berta Garcia
CONSUMO

Cancelaciones y reembolsos

Los consumidores tienen derecho a cancelar el viaje y al reembolso completo en un plazo de catorce días desde la terminación del contrato». Este es el resumen de lo que decía y dice la ley –con pandemia del covid-19 por medio o sin ella–, pero ya se sabe que los gobiernos tienen tendencia y una clara preferencia a inclinarse más hacia una parte que hacia la otra.

La Comisión Europea ha abierto diversos procedimientos de infracción contra once de los estados miembro por incumplimiento de la ley al adoptar algunas medidas transitorias (temporales) que daban oxígeno a las empresas durante un largo periodo y en detrimento de la persona consumidora. El ejemplo claro fue permitir a los organizadores de viajes combinados imponer los bonos para los viajes cancelados en lugar de realizar el reembolso efectivo, o bien aplazar la devolución del importe más allá de los catorce días que marca la ley (Directiva 2015/2302).

Como consecuencia de la suspensión de transportes, las personas usuarias afectadas tuvieron que aceptar bonos contra su voluntad frente al no reembolso, o al reclamar han ido cobrando meses después los reembolsos (totales o parciales por penalización).

El recurso de la vía judicial. Ha pasado un año y todavía seguimos en conflicto de intereses porque muchos de los afectados han recurrido a la vía judicial para recuperar lo que es suyo, ya que la normativa es clara y señala que «el viajero puede poner fin al contrato de viaje combinado sin pagar una penalización si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino o en las inmediaciones que afecten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al transporte de pasajeros al lugar de destino».

Por una cosa o por otra como consumidores y usuarios siempre acabamos “pagando a escote las rondas, las consumamos o no”. Y es que somos la parte más débil en cualquier situación de descalabro económico, con el añadido de ser tachados de insolidarios por el simple hecho de recordar a los gobiernos que, en teoría, todos somos iguales ante la ley.