Berta Garcia
CONSUMO

Inteligencia artificial

La Comisión Europea ha dado a conocer su propuesta de Ley de inteligencia artificial (IA) para regular su uso y abordar los riesgos elevados sobre seguridad y los derechos fundamentales de las personas. El proyecto de Ley establece cuatro niveles de riesgo de la inteligencia artificial y cada uno de ellos se encuentra sujeto a diversas supervisiones y estándares de uso que buscan garantizar los derechos fundamentales de las personas y de los actores involucrados.

En lo más alto de las normas planteadas por la Unión Europea se encuentra el «riesgo inaceptable», es decir, sistemas con el uso de técnicas «subliminales» para poder manipular el comportamiento de las personas, o el uso policial del reconocimiento facial en ámbitos públicos (los datos biométricos). Estas prácticas nos resultan familiares, no solo por la cantidad de filmografía ya vista, sino por ser habituales en países como China o Estados Unidos, por ello la iniciativa europea es pionera a nivel mundial. Otra cosa será el sancionar por incumplimientos flagrantes a las poderosas multinacionales que facturan desde diversos lugares del mundo.

Propuesta insuficiente. La propuesta, sin embargo, no cumple las expectativas de los grupos de consumidores europeos y del propio objetivo de la UE, que es conseguir que la gente pueda confiar en las “bondades” de la IA. Y es que las normas propuestas se centran en una gama muy limitada de usos y cuestiones de IA que, con ser importantes, no protegen adecuadamente a los consumidores. Y tenemos, por ejemplo, los posibles daños económicos causados por los productos y servicios de IA u otros ámbitos sensibles como infraestructuras críticas, educación, empleo, seguridad, servicios esenciales y demás. Ni que decir sobre los sistemas implementados en videojuegos o chatbots que son considerados de «riesgo mínimo o nulo», y estos, no serán contemplados por la legislación.

Hacer bien esta Ley es esencial para que la IA beneficie y no perjudique. Así que el Parlamento Europeo y los Estados miembros deben mejorar la propuesta para garantizar que se pueda cumplir este objetivo.