2015/01/04

Contenidos
BERTA GARCIA

El 1 de enero entró en vigor la nueva Ley de Propiedad Intelectual (LPI), hija del actual Gobierno español, que, con la normativa en la mano, va a imponer un gravamen a cualquier web o blog de internet (en su ámbito territorial, claro) que genere enlaces a los artículos publicados por los miembros de la Asociación de Editores de Diarios de España (AEDE).

En principio, parecía que solo iban a ser “paganinis” los administradores de los blogs o webs, pero de eso, nada, porque cualquier comentarista de a pie que incurra en el copi-pego se verá involucrado como supuesto pirata del trabajo ajeno.

Hay muchas preguntas en el aire sobre esta ley, que aún está huérfana de reglamento, pero la primera lectura es demoledora, por decirlo de manera fina. Si a los grupos que presionaron para que se modificasen aspectos infumables de la norma les quedaba alguna duda sobre quién manda a quién, ya ha quedado claro. «Han sido los propios editores los que plantearon una tasa al Gobierno para los enlaces que se hacían directamente a sus portales», y es que las palabras de un ministro van a misa. Así que el vulgo, englobado en el Consejo de Consumidores y Usuarios, deberá tomar buena nota, porque aquí, señores, lo que está en juego no es lo que parece. Es decir, no se trata de sacar los cuartos a Google a través de las tasas, sino de cerrar el grifo de la información al pobrecito homo sapiens.

Claro que, bien pensado, hay dos asuntos que incomodan más. Uno es que con parte de nuestro dinero como contribuyentes, vía directa, indirecta o circunstancial, a esos medios de comunicación se les frena las pérdidas anuales que dicen tener. Y al recibir subvenciones (o bajo el epígrafe que les pongan) hablan solo de parte, olvidándose de la máxima del buen periodismo de R. Walsh: «El periodismo es libre o es una farsa».

Y el segundo, y más grave, puesto en palabras del filósofo I. Kant: «El ciudadano tiene la facultad (el derecho) de dar a conocer públicamente su opinión (...), pues la libertad de pluma es el único paladín de los derechos del pueblo».