El derecho a la vivienda se garantizará por ley en la CAV pese a PNV y PP

El Parlamento de Gasteiz cerró ayer los trabajos de ponencia de la ley que hará de la vivienda un derecho exigible ante los jueces. Se aprobará con el apoyo de PSE, EH Bildu y UPyD.

La vivienda pasará a ser un derecho exigible ante los tribunales tras la aprobación, previsiblemente en junio, de la nueva Ley de Vivienda de la CAV, que ayer cerró su trámite en ponencia. La propuesta partió del PSE y durante la tramitación ha incorporado aportaciones de EH Bildu y de UPyD. La mayoría de 38 escaños que suman estos grupos permitirá que el proyecto salga adelante, pese a la oposición de los gobiernos de Lakua y Madrid, y de PNV y PP.

El texto reconoce el derecho subjetivo del acceso a la vivienda, lo que supone que las personas con escasos recursos, y sin posibilidad de alquilar un piso por sus propios medios, podrán exigir ante los tribunales de justicia que la Administración les facilite una vivienda en la que residir. Dada la dificultad de llevar a la práctica esta premisa, la propuesta contempla que el ejercicio de este derecho se efectúe de forma progresiva.

El Gobierno de Lakua había señalado que la aplicación efectiva de este derecho podría tener un coste de unos 70 millones de euros, que el PNV elevó ayer a 150. Marian Beitialarrangoitia, de EH Bildu, señaló que si con esa cifra se solucionan los problemas de la vivienda, bien empleados estarán.

Canon a pisos vacíos

Otra de las principales medidas que se recogen en la ley es el establecimiento de un canon para gravar los pisos vacíos. Este recargo se aplicará cuando una vivienda lleve más de dos años sin ocupar y será de diez euros por metro cuadrado al año. No obstante, por cada año que pase sin que el piso sea ocupado, se aplicará un incremento del canon de un diez por ciento, hasta un límite por el que no se podrá triplicar la cuantía del gravamen inicial establecido.

La ley también contempla la posibilidad de decretar el alquiler obligatorio de las viviendas sin ocupar. Además, se determina que en los cinco primeros años desde la entrada en vigor de la norma, el 80% de la vivienda pública que se construya en la CAV deberá estar destinada al alquiler. Una vez transcurridos esos cinco años, todos las viviendas públicas que se creen deberán ser para alquiler.

Asimismo, Lakua deberá comprar los pisos públicos que sus adjudicatarios pongan a la venta (hasta ahora ha tenido esa opción, pero apenas la ha aplicado), lo que posibilitará que se amplíe el parque público de alquiler y revierta en la Administración lo invertido en VPO.

El parlamentario del PSE Bixen Itxaso destacó que buena parte de las objeciones que se están poniendo PNV y PP a la ley responden a que los «intereses» de determinados sectores se están viendo «amenazados», dado que medidas como el alquiler forzoso de los pisos vacíos pretenden acabar con la «especulación urbanística», foco de tanta «corrupción».

Desde EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia subrayó la importancia de una iniciativa que supone llevar a la práctica «un derecho universal básico como el acceso a la vivienda». La formación de izquierda entiende que la ley recoge sus principales reivindicaciones en la materia.

Gorka Maneiro, único parlamentario de UPyD, puso en valor que su voto permitirá aprobar la nueva ley.

Desde el PNV se considera que el proyecto es «técnicamente malo» y resultará muy costosa, casi imposible de aplicar, en la actual situación. Además, jeltzales y PP muestra dudas sobre el futuro que podría tener la norma si, como consideran previsible, acaba siendo recurrida por el Gobierno español.