El TUE contradice a Bruselas y declara legal las ayudas a astilleros

El Tribunal General de la UE ha anulado la decisión de la Comisión Europea de declarar ilegal el sistema de bonificaciones fiscales conocido como «tax lease» que concedía el Estado español a los inversores en astilleros. La decisión afecta también al sector naval vasco, que estudiará acciones para que se reparen los daños causados al sector.

La sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TUE) resuelve los primeros dos recursos del total de 65 presentados por las sociedades afectadas, Lico Leasing y Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión. Estas recurrieron ante la justicia europea para pedir la anulación de la decisión de Bruselas de declarar ilegal el sistema de bonificaciones fiscales conocidas como ‘tax lease’ para los inversores en astilleros y que obligaba al Estado español a recuperar estas ayudas.

En su sentencia, el tribunal estima que la conclusión a la que llegó el Ejecutivo comunitario, de que las medidas podían «falsear la competencia y afectaban a los intercambios comerciales» entre Estados miembros, «no está suficientemente motivada».

El caso se remonta a 2013. El entonces comisario de Competencia, Joaquín Almunia, pidió a las autoridades españolas recuperar las ayudas ilegales concedidas a los astilleros bajo el sistema ‘tax lease’ entre 2007 y 2011, tras concluir que el régimen de ayudas vulnera las normas de la Unión Europea (UE) en materia de ayudas públicas porque concedió una ventaja selectiva a sus beneficiarios con respecto a sus competidores.

El falló también afectó al sector naval vasco, concretamente a cinco astilleros: La Naval, los dos de Zamakona, Murueta y Balenciaga. El Ejecutivo comunitario estableció entonces que las subvenciones deberían devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.

En su sentencia, el TUE considera «errónea» la conclusión de que las agrupaciones de interés económico (AIE) se beneficiaron de una ayuda estatal, «puesto que solo los inversores se beneficiaron de las ventajas fiscales y económicas derivadas del sistema de bonificaciones».

Los jueces del TUE explican que «cualquier operador podía beneficiarse de las ventajas fiscales de que se trata efectuando cierto tipo de operaciones, que cualquier empresa sin distinión podía realizar en idénticas condiciones».

De esta manera, «las ventajas económicas que los socios de las AIE obtuvieron podía obtenerlas en idénticas condiciones cualquier operador sujeto al impuesto en el Estado español, sin distinción, a pesar de la existencia de un sistema de autorización».

Reparar los perjuicios

Mientras Bruselas estudia ahora si recurrir o no el fallo del TUE ante el Tribunal de Justicia, el Foro Marítimo Vasco –integrado por empresas, asociaciones e instituciones– se mostró satisfecho por la sentencia. Señaló que estudiará, junto con la patronal de astilleros privados Pymar, todas las posibilidades legales para que se reparen los perjuicios causados al sector «en términos de empleo, económicos y reputacionales» por la decisión de la CE sobre las ayudas fiscales.

El Foro recordó que la apertura de su expediente se produjo en «un duro contexto de crisis económica». La medida supuso la «inmediata paralización» de pedidos de nuevas construcciones en el Estado español y conllevó «un drástico frenazo en la actividad para todo el sector».

En su opinión, la denuncia de Holanda –país que denunció el sistema de ayudas español– respondía a una estrategia comercial «para sacar del mercado de construcción naval» a los astilleros vascos y españoles que en aquel momento suponían «una dura competencia para los astilleros holandeses», que vieron «incrementarse vertiginosamente» su cartera de pedidos.

El impacto de la industria auxiliar vasca, según el Foro Marítimo Vasco, fue «enorme», ya que desaparecieron unas 30 empresas subcontratistas de los astilleros y en otras muchas hubo reducciones de empleo y de actividad industrial. Por ello, pidió a la CE que acabe con su «trato discriminatorio» hacia el sector naval vasco y español.

Por su parte, el Gobierno de Lakua, que hoy ofrecerá una rueda de prensa para dar su valoración al respecto, avanzó ayer que considera la sentencia como «una excelente noticia» y resaltó que los astilleros vascos han sabido «estar a la altura y responder a las amenazas y dificultades» desde 2013.

Mientras, el Ministerio español de Industria aseguró que hasta ahora no se habían exigido devoluciones concretas a los inversores en astilleros.

Aprobada la comisión de investigación de VW

El pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer –con 354 votos a favor, 229 en contra y 35 abstenciones– la creación de una comisión de investigación para esclarecer el escándalo de las emisiones de Volkswagen, así como los presuntos fallos de Estados miembro y de la Comisión Europea a la hora de hacer cumplir los estándares europeos.

La comisión de investigación estará compuesta por 45 eurodiputados y tendrá que presentar un informe preliminar seis meses después de su puesta en marcha y unas conclusiones finales doce meses después de empezar su trabajo.

Por otro lado, siguiendo con el tema de Volkswagen, pero esta vez por el IVA en Nafarroa, el Gobierno foral dijo ayer no tener constancia de que el Ejecutivo español haya retirado el recurso por el que reclama a Nafarroa 1.513 millones. Es por ello que Adolfo Araiz (EH Bildu) denunció que «el Partido Popular no es de fiar. El Gobierno de Nafarroa ha cumplido la parte que le corresponde, pero Madrid no ha cumplido su palabra».GARA