Un nuevo escándalo de CAN puede costar 30 millones más a Caixabank

El tormentoso final de CAN sigue dando coletazos, aunque es ahora Caixabank quien tiene que asumir los problemas derivados de la gestión de Enrique Goñi. Ayer comenzó un juicio por el que la empresa Incita reclama una indemnización de 30 millones de euros y en el que se evidenció el descontrol en la gestión de empresas participadas.

De nuevo la gestión de Enrique Goñi al frente de Caja Navarra queda en entredicho. Ayer comenzó en Iruñea un juicio por el que se reclaman 30 millones de euros de indemnización para los acreedores de Incita, la empresa que llevaba la informática de la caja. En el primer día de vista salieron a la luz grabaciones ocultas de reuniones, documentos con fechas falseadas e incluso se puso en cuestión la información que ofreció Banca Cívica durante su salida a Bolsa.

El problema se sitúa en tiempos de la fusión de CAN para formar Banca Cívica junto con Caja Canarias, Caja Burgos y Caja Sol a inicios de 2011. Incita tenía en ese momento un contrato blindado con Caja Navarra para encargarse de su sistema informático en el que se especificaba que, si la CAN rescindía el acuerdo, tendría que abonar 30 millones de euros. Esta empresa navarra estaba presidida por Gorka Jiménez, pero el control del consejo de administración lo ejercía la propia CAN, ya que participaba del accionariado y era su principal cliente.

En setiembre de 2011, Jiménez se reunió con el secretario de Caja Navarra, Alberto Pascual, y la vicesecretaria, Amaya Rández. En ese encuentro, el presidente de Incita acaba firmando la renuncia a esa indemnización de 30 millones a cambio de nada. El responsable de Incita denunció presiones para plasmar esa firma y, hasta tal punto la situación era anómala, que decidió grabar el contenido de esa reunión. Además, según se expuso durante la vista, Jiménez no tenía capacidad legal para renunciar a ese contrato, pues no podía tomar decisiones de tanta cuantía sin contar con el consejo de administración.

Para enrarecer aún más el caso, los responsables legales de CAN manipularon el documento para antedatarlo y ponerle fecha de mayo. El cambio de fechas es trascendental, porque en el momento que Pascual y Rández firman el acuerdo Incita ya no daba servicio a CAN, sino a Banca Cívica. Además, no fue notificado como hecho relevante ante la CNMV, pese a su cotización en Bolsa.

Meses después de la renuncia a la indemnización, Banca Cívica fue comprada por Caixabank e Incita se queda sin trabajo, ya que el banco catalán tiene su propio suministrador. Como el grueso del negocio de Incita era la CAN, la empresa cierra y 150 trabajadores se van a la calle. La empresa presidida por Jiménez acaba dejando un agujero de diez millones de euros y el Fogasa es quien acaba asumiendo las indemnizaciones de más de un centenar de empleados.

Jiménez se juega su futuro

El expresidente de Incita tiene de su lado al administrador, que también opina que Caixabank debe abonar la indemnización. Sin embargo, el juicio que comenzó a desarrollarse ayer tiene la particularidad de que Jiménez actúa a título personal, lo que puede suponer que, en caso de que se falle en su contra, tenga que acabar abonando costas de medio millón.

En el primer día de vista, declararon en calidad de testigos el expresidente de CAN, Enrique Goñi, los secretarios Rández y Pascual, el director jurídico del área de participadas de CAN, Pedro Zarraluqui, y el directivo Roberto Ducay. Los secretarios apuntaron a Zarraluqui como el hombre que dio la orden de que Incita renunciara a la indemnización. Ducay, por su parte, declaró por un correo a través del que pretendía fijar unas nuevas condiciones unilaterales a Incita y en el que le amenazaba con no pagar facturas anteriores.

Alberto Pascual falsea fechas una vez más

La manipulación de fechas en el documento trascendental que supone la renuncia a 30 millones de euros recuerda mucho a lo ocurrido con las famosas actas que se redactaron para justificar las dietas opacas que percibieron, entre otros, los expresidentes Yolanda Barcina y Miguel Sanz. Un informe pericial de la Guardia Civil demostró que los documentos que se aportaron a la juez María Paz Benito estaban redactados muchos meses después de que las reuniones se hubieran producido e incluso que fueron retocados posteriormente. Los resultados del informe policial nunca fueron analizados por un tribunal, ya que el Supremo archivó la causa contra la opinión de la magistrada navarra.

Esta falta de rigor, que ayer fue cuestionada por los abogados de Jiménez, de Incita y de la administración concursal, no ha sido óbice para que Pascual siga en cargos de responsabilidad. Tras su salida de CAN, fue aupado por la patronal, UGT y CCOO hasta la presidencia del Tribunal Laboral.A.I.