LAB detalla sus propuestas para las residencias de Bizkaia

El conflicto en las residencias de la tercera edad de Bizkaia parte del hecho de que este servicio público está gestionado por empresas privadas. LAB considera «imprescindible» que la Diputación «garantice que nadie se enriquezca con nuestra dignidad y nuestra vida».

En una rueda de prensa que tuvo lugar en Bilbo, LAB expuso ayer de nuevo cuál es su posición en este conflicto laboral, si bien considera que para encontrar la solución adecuada es necesario «articular un movimiento que favorezca la adhesión del conjunto de trabajadores y fortalezca la movilización social». Por ello, se suma a la convocatoria realizada para este domingo por la asociación de familiares de personas usuarias de las residencias Babestu y por la Plataforma Pentsionistak Martxan.

Las responsables del sector Sociocomunitario del sindicato, Arantxa Vázquez y Oihane Zabaleta, comparecieron junto a una decena de delegadas y trabajadoras de residencias de la tercera edad. De entrada, recordaron que en la reunión del día 14, que se realizó a instancias de las patronales, estas presentaron una propuesta unitaria para cuatro años (2016-2019) con subidas salariales para de 2017 a 2019 a razón de 40 euros mensuales para cada año de vigencia. «No existe ninguna propuesta de mejora en materia de jornada, ni social, ni de ratios de personal…», destacaron, para añadir que «o no han entendido nada o no les importa nada en absoluto lo que la parte social viene a decir».

«Suculento negocio»

En cuanto a las reclamaciones de LAB, además de reiterar su «compromiso en defensa de un sistema público y universal de servicios a personas dependientes», mantiene «la exigencia de una sustancial mejora de las condiciones laborales de los y las trabajadoras y de la calidad de los servicios». Como mínimo, esta central exige «una equiparación a las condiciones laborales de los servicios públicos».

Más en concreto, LAB apuesta por reducir la jornada anual a 1.592 horas; aumentar la plantilla para establecer ratios de usuarios/profesional que «garantice una atención adecuada», en los términos que aprobó el Parlamento de Gasteiz el pasado 8 de febrero; y una mejora sustancial en los salarios.

Para poner freno a lo que califica de «suculento negocio a costa de las personas usuarias y de las precarias condiciones de las trabajadoras», opina que «el beneficio empresarial debería limitarse al 2%».