El Estado recrea que los tribunales hacen abjurar al independentismo

Abjurar era el término usado por la Inquisición española para definir el objetivo de sus procesos sumarísimos. Según el diccionario de su Academia (RAE), supone «retractarse, renegar, a veces públicamente, de la creencia o compromiso que antes se ha profesado o asumido». Y según Wikipedia, «consistía en el reconocimiento por parte del acusado de los errores heréticos que había cometido y el consiguiente arrepentimiento, lo que constituía el paso previo, y la condición imprescindible, para su ‘reconciliación’, es decir, para su reintegración en el seno de la Iglesia católica». En caso contrario, sobra decirlo, el o la hereje en cuestión eran quemados en la hoguera.

El proceso es similar al definido hoy por el Estado, sin ningún tapujo, contra el independentismo catalán. Con tres pequeños matices: la herejía ya no es religiosa sino política; la reintegración en la Iglesia se llama «vuelta a la legalidad constitucional»; y la hoguera actual es la cárcel, con amenazas de hasta 30 años.

Como entonces, los inquisidores se arrogan la única voz. «La vuelta al orden constitucional empieza a ser una realidad», dijo tras el Consejo de Ministros ayer el portavoz español, Íñigo Méndez de Vigo, aludiendo a lo que dicen que dijeron los miembros de la Mesa del Parlament en el Supremo. El único de ellos que ha hablado a su salida es Joan Josep Nuet, que subrayó ayer en varias entrevistas que vuelve a Catalunya con sus ideas políticas intactas pese a que «la voluntad del fiscal era la criminalización de las ideas, eso quedó evidente en su alegato».

A primera hora de la tarde salió de Alcalá-Meco la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, la única que durmió en prisión antes de depositar un aval de 150.000 euros, que fue asumido por la caja de resistencia de la ANC. Desde el Supremo habían vuelto a casa el jueves noche, con una semana de plazo para las fianzas de 25.000 euros por cabeza, los también dirigentes parlamentarios Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet. A Nuet no se le impuso fianza.

El TS sigue viendo violencia

El interés español por tratar de crear contradicciones políticas entre los acusados no tiene demasiado recorrido en Catalunya, donde el independentismo ha desconectado hace tiempo de las tergiversaciones españolas. Allí se subraya más bien la discrepancia evidente entre la Audiencia Nacional, que encarceló incondicionalmente a ocho miembros del Govern, y el Supremo, que ha dejado libres a los seis del Parlament.

En este sentido, menos eco tuvieron en Madrid algunas revelaciones interesantes de Nuet, como que el juez Pablo Llarena les dijo: «Tranquilos, esto no es la Audiencia Nacional. Lo que ha pasado allí no tiene por qué pasar aquí». Horas antes, la jueza del tribunal especial Carmen Lamela había rechazado el primer recurso de los consellers para su excarcelación. Las dos varas de medir son patentes.

No obstante, se vaticina que el Supremo asumirá en breve todo el caso, dado que hay una unidad de actuación en el delito imputado, y que por tanto se revisará la situación de prisión de Oriol Junqueras y los otros siete. Ya ha pedido esta asunción de competencia Andreu Van den Eynde, que es abogado de Forcadell y también de algunos consellers. Fuentes de la AN aseguran que Lamela no se opondrá. Habrá que ver con qué plazos se resuelve todo esto, y en consecuencia si Junqueras y el resto pueden hacer campaña en situación de libertad.

Los autos de Lamela y Llarenas tienen diferencias de matices y tonos, pero el TS mantiene intacta la amenaza de condenas por rebelión, que serían gravísimas. Para ello se ve obligado a esgrimir que ha habido violencia en los avances independentistas de setiembre y octubre. Es notorio que no se ha producido, pero el juez del Tribunal Supremo expone como elemento violento las movilizaciones ciudadanas, con una rocambolesca exposición. Dice que los acusados podrían haber «exhibido los movimientos populares como la espoleta de una eventual explosión social que ellos podían modular y, por tanto, como la violencia coactiva para la consecuencia de sus fines».

Políticamente, la decisión del Estado español de relajar la situación en el Supremo respecto a lo ocurrido en la Audiencia Nacional tiene un doble significado: lograr una mejor posición electoral para el unionismo de cara al 21D y lanzar una señal de tranquilidad a la opinión pública internacional que cuestiona estos encarcelamientos.