En la eurozona se percibe un ligero aroma a reformas

Transcurridos más de quince años desde la entrada en circulación de la moneda única, el debate se ha reavivado en Bruselas y en el resto de capitales europeas en torno a las medidas a tomar para mejorar el funcionamiento de la zona del euro. Un debate complejo que, en ciertos aspectos, debe ser resuelto por unanimidad.

Aprovechando la mejora de la coyuntura económica, la Comisión Europea y los Estados miembros están tratando de sacar lecciones de las turbulencias financieras que pusieron a Grecia al borde de la salida de la eurozona (Grexit) a partir de 2010 e, incluso, pusieron en cuestión la cohesión de la Unión Monetaria, que actualmente reúne a 19 de los 28 estados de la UE.

Instituciones comunitarias y estados también deben hacer frente al desencanto de una parte de la población, preocupada por los efectos de la globalización y tentada a replegarse sobre el ámbito nacional. El episodio del Brexit ha mostrado que un pueblo puede romper tranquilamente su compromiso europeo si este no le aporta suficiente satisfacción.

En estos últimos meses, el presidente francés, Emmanuel Macron, que quiere encarnar un nuevo proyecto europeo, ha multiplicado los discursos en favor de las reformas tanto de la Unión de los Veintiocho como, en un círculo más restringido, de la eurozona. «Lo que está en juego en el seno de la eurozona es cómo podemos lograr que esta área sea una potencia económica competitiva ante China y Estados Unidos, y cómo logramos resolver lo que no hemos podido hacer durante diez años: crear empleo», declaró en setiembre el presidente francés.

Con un Producto Interior Bruto (PIB) de 11,934 billones de dólares (unos 10,788 billones de euros) en 2016, el peso de la eurozona es comparable al de China (11,199 billones de dólares), pero queda muy por detrás de Estados Unidos (18,624 billones), según datos del Banco Mundial.

Pero la idea de reformar la eurozona es objeto de tensas discusiones entre los propios estados que la conforman. Los del norte, como Países Bajos y Alemania –la primera potencia económica europea–, se muestran reticentes a mutualizar la riqueza con los del sur, como Francia, Italia o España, ya que consideran que sus políticas presupuestarias son poco rigurosas.

Por eso, prefieren concentrarse en reformas más técnicas destinadas, sobre todo, a asegurar un mejor respeto a las reglas del Pacto de Estabilidad comunitario (déficit público por debajo del 3% del PIB, deuda pública inferior al 60% del PIB...), consideradas como la mejor muralla para hacer frente a futuras crisis financieras.

La Comisión Europea intenta encontrar una vía de acuerdo y, en ese contexto, el pasado 6 de diciembre presentó una propuesta con un paquete de medidas que incluía la creación de un Fondo Monetario Europeo y la institución de un Ministerio de Finanzas de la eurozona.

A la conclusión de la cumbre europea del 15 de diciembre, la canciller alemana, Angela Merkel, en plenas negociaciones para formar gobierno en su país, no se mostró cerrada a debatir sobre las propuestas de Macron. «Encontraremos una solución común porque es lo que necesita Europa», dijo. «Cuando se quiere, se puede», insistió.

¿Un presupuesto para la eurozona? El presidente francés se ha erigido en el adalid de un futuro presupuesto que, según sostiene, debería ser de «varios puntos del PIB» de la eurozona. Este presupuesto podría ser financiado por «impuestos europeos en el ámbito digital o medioambiental» antes de que, algún día, también se instaure un impuesto sobre sociedades armonizado que aporte su contribución.

En noviembre, un «número importante» de ministros de Finanzas de la eurozona se pronunció a favor de un presupuesto que sea utilizado como «instrumento de estabilidad» en caso de «shock asimétrico», es decir, de un evento que golpee duramente la economía de alguno de los países de la moneda única sin tocar al resto (por ejemplo, unas inundaciones catastróficas). El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, considera, por su parte, que una «línea presupuestaria consecuente» con el marco presupuestario de la UE sería más apropiada.

El principal interrogante concierne a la posición alemana, que, a su vez, dependerá en gran medida del socio de coalición que acompañe finalmente a Angela Merkel. Los socialdemócratas alemanes son favorables a las propuestas del presidente francés, tanto a la del presupuesto como a la del ministro o ministra de Finanzas.

El partido conservador de Merkel, por su parte, no ha cerrado totalmente la puerta al presupuesto, pero prefiere esperar a tener más detalles sobre cómo será financiado y a qué será destinado. La canciller tampoco rechaza la idea de un ministro de Finanzas europeo pero, en su opinión, su papel debería limitarse a supervisar más eficazmente las normas de control de déficit y deuda.

Hacia la creación de un Fondo Monetario Europeo (FME). Tras las fricciones entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los países de la eurozona en la gestión de la crisis griega, los europeos, incluida Alemania, se han ido convenciendo de la necesidad de desenvolverse solos en el futuro y, por lo tanto, de dotarse de un Fondo Monetario Europeo.

Este FME se constituiría a partir del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), creado en 2012 tras la crisis de la deuda en la eurozona, con el objetivo de ayudar a los países en dificultades financieras concediéndoles préstamos.

La Comisión Europea presentó el 6 de diciembre un proyecto de FME que sería un «órgano comunitario», «responsable ante el Parlamento europeo», y que tendría la misma capacidad teórica de préstamo que el MEDE, es decir, alrededor de 500.000 millones de euros.

Pero Alemania se inquieta al ver disminuir su influencia en ese nuevo organismo. Actualmente, en el seno del MEDE, Berlín se beneficia de los derechos de voto proporcionales a su aportación de capital (27%), lo que le da una influencia superior a la de las instituciones comunitarias.

El futuro FME podría también asumir un papel de último garante de los bancos en dificultad en la eurozona, en el caso en el que las medias previstas en el marco de la Unión Bancaria, también en curso de constitución, no fueran suficientes.

De todos los proyectos de la eurozona, este de la Unión Bancaria, lanzado en 2014, es el que más posibilidades de éxito tiene. Su objetivo es que los bancos privados sean más sólidos y evitar que el dinero de los contribuyentes se destine a salvar a las entidades en dificultad, como se hizo durante la crisis.

Dos de los tres pilares previstos ya se han puesto en marcha. El primero está relacionado con la supervisión de los bancos y el segundo está destinado a ayudarles en caso de necesidad con dinero procedente del propio sector. Por contra, el tercer pilar, destinado a tranquilizar a los clientes, gracias a una garantía de depósitos europea, está resultando más difícil de activar.

Tras haber puesto sobre la mesa un primer proyecto en noviembre de 2015, la Comisión Europea presentó el pasado mes de octubre una versión menos ambiciosa, con la esperanza de vencer las reticencias de Alemania, siempre preocupada de que sus ahorradores paguen por los bancos del sur, a los que considera mal gestionados.

Devastadora competencia fiscal. Incluso aunque los países de la eurozona logren avanzar en las reformas comentadas anteriormente, otros asuntos cruciales para su cohesión permanecen sobre la mesa de negociaciones, como el de la armonización fiscal, que afecta a los 28 países de la UE.

El debate se focaliza, sobre todo, en el Impuesto sobre Sociedades. Economistas, expertos y dirigentes políticos toman consciencia, paulatinamente, de los efectos nefastos de una competencia fiscal exacerbada en una Unión donde capitales, bienes y personas circulan libremente.

Entre 1995 y 2016, la tasa ordinaria media del Impuesto de Sociedades en la UE ha perdido 14 puntos, con una caída del 33%, según un estudio del Observatorio de Políticas Económicas Europeas (OPEE), dependiente de la Universidad de Estrasburgo.

El debate ha cristalizado, especialmente, en torno a los GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon), las grandes plataformas estadounidenses de la economía digital. Estas concentran sus beneficios en las filiales domiciliadas en los países con una tasa de imposición más débil, como Irlanda o Luxemburgo, incluso aunque generen casi toda su cifra de negocios en otros países de la Unión Europea.

Según la Comisión Europea, la tasa de imposición real sobre el beneficio de los colosos digitales en la Unión es, de media, solamente del 9%, mientras que el de las empresas tradicionales supera el 20%.

Pero esta competencia en materia fiscal también tiene efectos sobre la economía clásica, como lo indica el proceso abierto el 18 de diciembre por Bruselas contra Ikea. El gigante del mueble sueco es sospechoso de haberse beneficiado de «ventajas indebidas» en Países Bajos a través de un sistema de franquicias que permite a la matriz obtener una tasación negociada entre la propia empresa y la Administración fiscal.

Otras compañías ya han sido señaladas por la Comisión Europea por el mismo motivo, como Starbucks, también en Países Bajos, o Fiat en Luxemburgo.

En octubre de 2016, la Comisión relanzó un proyecto para instaurar reglas uniformes de cálculo de beneficios, denominado Base Imponible Común Consolidada del Impuesto sobre Sociedades (Biccis). Con este sistema, que sería obligatorio para los grupos con una cifra de negocios superior a 750 millones de euros, los Estados seguirían siendo libres para definir la tasa de imposición, pero todos determinarían de la misma manera la base imponible.

Solo habría un lugar de tributación, pero el producto resultante del impuesto se repartiría entre todos los países donde opera la empresa en función del nivel de actividad en cada Estado, en lugar de hacerlo según los resultados de las filiales.

El proyecto de Biccis aún debe ser aprobado por los Estados miembros y por el Parlamento Europeo. Pero en la Unión es difícil materializar cualquier reforma en materia fiscal porque debe ser decidida por unanimidad de los Veintiocho.