2018 URT. 14 TV3 recorta su programación acuciada por el IVA de Madrid El polémico conflicto del IVA orquestado por Madrid señala directamente a las televisiones autonómicas. Dicha situación está provocando en TV3 que, incapaz de aumentar su presupuesto, deba recortar en productoras para pagar dicho IVA. Koldo LANDALUZE DONOSTIA El conflicto de las televisiones autonómicas con el Ministerio de Hacienda sobre el cobro del IVA incluye un nuevo capítulo que señala directamente a TV3 y cuya consecuecia más inmediata ha sido el recorte de la programación del ente público catalán. Entre las primeras medidas expuestas por el director de TV3, Vicent Sanchis, figura eliminar el magazín “Tarda Oberta” para hacer frente al pago de 20,4 millones adicionales este 2018 con los que no contaban, y que se derivan de la modificación de la ley de Contratos del Sector Público. El Consejo de Gobierno de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, ente propietario de TV3 y Catalunya Ràdio, se reunirá el próximo miércoles para presentar un plan de contención para hacer frente a esta nueva partida. Según revelan diferentes medios, la cadena pública catalana no se plantea recortar en el gasto de personal. Otro elemento a destacar es que el Ejecutivo de TV3 ha sido cesado por Madrid y las cuentas de la Generalitat de 2018 han sido prorrogadas por el Ministerio de Montoro. En mitad de esta situación incierta, prevalece la imposibilidad de ampliar el presupuesto, algo con lo que cuentan el resto de cadenas autonómicas, y ello obliga a TV3 a ejecutar diferentes reajustes, al menos hasta que se formalice un nuevo Govern. Los ajustes que debe afrontar TV3 están relacionados con el IVA correspondiente a 2018 pero, sobre todo, a una inspección ejecutada por la Agencia Tributaria a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals y a través de la cual se determinó el reclamo al ente público catalán de un total de 147 millones de euros correspondientes al período de 2015 a 2017, y en base a una reinterpretación del cobro del IVA que les llevó a considerar que las subvenciones al servicio de radiodifusión –a pesar de que se nutran casi en su totalidad de los fondos públicos– debían ser grabadas.