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DAMIEN CARÊME
ALCALDE DE GRANDE-SYNTHE (NORD, PERIFERIA DE DUNKERQUE)

«Macron emula a sus antecesores con otra ley migratoria indigna»

Grande-Synthe es una localidad de 23.000 habitantes que, por su situación geográfica, se ha convertido en lugar de paso para migrantes que, tras entrar en Francia desde Bélgica, tratan de alcanzar Gran Bretaña por Calais. Su alcalde, Damien Carême, lejos de plegarse a «la receta de la represión, a la que, «como otros antes, se apunta hoy Macron» ha aplicado un modelo de acogida talla XXL.


Antes de sumarse al proyecto de Les Verts-Europe Ecologie, sus orígenes le sitúan en el PS, aunque Damien Carême no duda en hacer un juicio severo de lo actuado por la izquierda institucional francesa durante su último mandato. «Tuvieron todo el poder en su mano para constitucionalizar el asilo y proteger a futuro los derechos de los migrantes, a los que yo considero más bien exiliados, pero no hicieron nada para acabar con una política inhumana y vergonzosa, que atenta contra nuestros valores como país», denuncia en esta entrevista con GARA, realizada durante su paso por Baiona, donde asistió a un foro sobre migración impulsado por los organismos sociales Etorkinekin, Bizi! y Atherbea.

Cuénteme cómo se le ocurrió construir un campo de refugiados sin apoyo gubernamental.

Grande-Synthe se sitúa al borde de la autopista que une Bruselas con Calais, localidad que dista 40 kilómetros de la nuestra. En 2003 llegaron los primeros exiliados. Cuando se cerró el centro de acogida de Sangatte (Calais), sin aportar una solución, estas personas empezaron a afluir en mayor número, siempre con la vista puesta en colarse en un camión para entrar en Gran Bretaña. Hasta entonces la situación había sido más o menos manejable, y tratamos de atender sus necesidades con la ayuda de las asociaciones humanitarias.

En 2008 se pone la primera tienda climatizada, embrión del campo de La Linière.

En el invierno de 2008, por vez primera, llegaron mujeres y niños. Las asociaciones me advierten: tenemos temperaturas de menos 15 grados, alguien va a morir. Entonces pusimos a disposición de los exiliados esa primera carpa con calefacción. El prefecto me abroncó, y hasta me acusó de ejercer de «passeur» (mugalari). Hasta 2015 seguimos poniendo más tiendas, y servicios, pero todo era todavía muy precario.

La guerra contra Siria termina por hacer saltar las alarmas.

Ese verano teníamos en la ciudad a unos 190 exiliados y la capacidad de acogida estaba llegando al límite. El estallido del conflicto en Siria hizo, efectivamente, que se multiplicaran las necesidades. En setiembre, de hecho, ya eran 750, en octubre, 800, en diciembre todavía aumentó más el número de personas que sobrevivían en ese refugio precario, sobre un terreno lleno de barro. Aquello era simplemente insoportable pero la Prefectura y luego el Ministerio de Interior sólo dieron una respuesta a mis peticiones: me enviaron una dotación suplementaria de policías. En esa coyuntura nos pusimos manos a la obra y construimos de la mano de MSF un campo humanitario capaz de acoger a 2.500 personas. Con sus habitáculos, carreteras, iluminación, cocina común, centro sanitario, seguridad, inserción de niños-as en centros educativos locales...

¿Cómo sufragaron el coste de ese proyecto, único en Francia y también en Europa?

MSF aportó 2,5 millones de euros y nosotros 1,5. Contamos con la ayuda de voluntarios y donaciones ciudadanas de todo tipo, pero evidentemente no tuvimos el sustento de partida de ninguna institución. Abrimos el 6 de marzo de 2016 y hasta que un incendio destruyó el campo, en abril del año pasado, asistimos, de forma somera, pero digna, a miles de personas. Algunas descansaron en La Linière antes de seguir camino, otras pidieron asilo y fueron derivadas, a la espera de que se decidiera su causa, a centros de acogida oficiales (CAE). Cuando el campo llevaba ya abierto tres meses, el Estado decidió asumir los costos de su funcionamiento, aunque no sufragó su puesta en marcha.

Su primer contacto con el nuevo Gobierno se produjo nada más entrar en su puesto el ministro Gérard Collomb.

El 10 de abril de 2017, el campo fue pasto de las llamas. Recolocamos como pudimos a la gente con carácter de urgencia. Pero de la misma forma que ocurrió tras desalojar la Jungla de Calais se reprodujo la situación, porque el problema son las fronteras, por más que se persiga la solidaridad. Semanas después del incendio, los exiliados estaban de vuelta. Estábamos en plenas presidenciales, y me encontré sin interlocución. Ya en octubre me entrevisté con el prefecto para decirle que, o actuábamos, o volveríamos a la peor de las situaciones.

¿Cuál es la solución que se puso en marcha?

Se nos propuso entonces poner en marcha un centro de día y un centro de noche. En eso estamos desde octubre pasado. En este tiempo hemos derivado a centros de acogida a 2.800 personas. No tengo nada contra estos centros, que son muchos y funcionan muy bien, lo que digo es que, cuando he venido a Baiona, en el gimnasio de mi localidad había entre 200 y 300 exiliados. Lo que indica que el problema de la acogida sigue pendiente de resolución. El Estado debe multiplicar los dispositivos, repartiéndolos en toda la zona de Calais, ya que no estamos ante un reto que corresponda afrontar a una localidad, sino ante el reto de todo un territorio.

En una carta dirigida a Emmanuel Macron le preguntó para qué sirve esta política consistente en impedir asentamientos y dispersar a refugiados para que, según escribe usted, sean menos visibles.

Así es. La gran obsesión política es que los exiliados desaparezcan de nuestra vista aunque sea a costa de mandarlos a otro lugar para que vivan en condiciones todavía más deleznables. Me reafirmo en lo escrito: la idea es hacer desaparecer a estas personas, invisibilizarlas, pero están ahí, y van a seguir llegando por lo que el debate político y social debe centrarse en cómo acogerles de un modo correcto. Francia es la patria de los derechos humanos, por lo que la dignidad de esas personas nos concierne como país.

Usted mismo reconoce que hay una red de centros de acogida (CAO) muy importante. ¿Qué más se puede hacer?

Insisto, los CAO son una opción que funciona, porque garantizan la acogida en urgencia, durante la tramitación del asilo. Es evidente que los ciudadanos y las asociaciones que garantizan que esa red funcione hacen un trabajo absolutamente encomiable. Lo que yo digo es que esa es una solución parcial, porque el objetivo debe ser garantizar que estas personas puedan incorporarse a la vida de nuestros pueblos y ciudades y que, si bien con un estatus particular, puedan aspirar a vivir en las mismas condiciones que el resto de la ciudadanía hasta que puedan regresar a sus países. Por eso los llamo exiliados, porque he compartido muchas horas de té y conversación con ellos y todos me han expresado su voluntad de volver a casa.

Para mí la mejor alternativa es un trabajo a tres bandas entre el Estado, como máximo responsable y ente encargado de fijar las políticas marco, las municipalidades, porque son las que conocen mejor la realidad y las asociaciones, porque aportan el elemento humano, ciudadano y yo diría que democrático indispensable. Debe trabajarse en esa complementariedad de funciones, que permitiría una acogida humana y de calidad.

Creo que esa es la senda a seguir, pero me parece que es un escenario todavía lejano, máxime con la reforma de la ley de migración que ha puesto en marcha el Gobierno de Macron.

Creo que tuvo usted un encuentro poco cordial con el ministro de Interior y promotor de esa nueva ley.

A Collomb no le caemos bien ni los electos ni las asociaciones que trabajamos en esta cuestión. Simplemente no soporta la labor humanitaria. Efectivamente, me entrevisté en setiembre con él y salimos de la reunión enfadados. Le diré la razón: me defendió el acuerdo con Libia, antes de que el escándalo sobre las torturas a exiliados enviados de vuelta a ese país estallase. Le pregunté cara a cara si había hablado con algún exiliado enviado por Francia de vuelta a esos campos de retención... me dijo que no sabía nada, y tampoco me propuso una sola medida positiva. Su único objetivo era sacar adelante esta ley indigna, para pasar el mensaje de que es mejor no venir a Francia porque aquí la ley es muy dura. Lo cual es una solemne tontería, porque la gente seguirá llegando, ya que estamos ante fenómenos que no van a desaparecer aunque se apliquen leyes liberticidas que nos llevan a paroxismos como encerrar a miles de menores en centros de retención u obligar al personal de los centros de acogida a filtrar a los migrantes. ¿Es que se puede caer más bajo? Pues parece que el «señor represión» (en alusión a Collomb) así lo quiere, y Macron y su mayoría, mal que les pese, también.

«Que no me hablen de guerra entre pobres»

Macron habló en el Parlamento Europeo de repensar y repartir responsabilidades en política migratoria.

Habló de replantear el acuerdo de Dublín, ese que él mismo pidió que se implementara. Tengo estudiantes en mi localidad a los que se amenaza con «dublinar». Pasan semanas sin salir de casa por miedo de que les pillen y les expulsen hacia al país por el que entraron a la UE.

«Francia no puede acoger toda la miseria del mundo...» decía Rocard, y 30 años después Macron le secunda.

Suecia tiene 1 refugiado por 101 habitantes, Alemania 1 por 141. ¡ Francia 1 por 1.340 habitantes! Estamos muy lejos de acoger toda la miseria del mundo. Ello sin obviar que la gran mayoría de los refugiados no llegan a Europa.

25% de tasa de paro, 33% de hogares por debajo del umbral de pobreza… ¿Cómo convenció a sus convecinos?

Soy alcalde desde 2001 y simplemente escucho a la gente. Nuestro programa de transición social y ecológica asegura, de partida, que tanto los que están como los que llegan tengan el techo y los consumos básicos asegurados. ¡Que no me hablen de la guerra entre pobres que fomenta el FN! Estamos orgullosos de esa identidad social compartida. Lo estábamos ya cuando nos distinguieron como capital francesa de la biodiversidad en 2010 y más ahora que nos sentimos también capital humanitaria. M.U.