Sánchez Robles defiende la legalidad de los contratos y delega su responsabilidad

El exdirector de Juventud defendió la legalidad de los contratos adjudicados a empresas vinculadas a De Miguel. No obstante, delegó la responsabilidad sobre los mismos en los técnicos y en su superior.

Xabier Sánchez Robles, director de Juventud en el Gobierno de Gasteiz durante el mandato de Juan José Ibarretxe, defendió ayer los contratos firmados entre 2006 y 2009 con Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga, tres empresas relacionadas con el ex diputado foral Alfredo de Miguel.

«Tengo absoluta confianza en los técnicos y avalo cada una de las actuaciones», señaló en respuesta a las preguntas del fiscal Josu Izaguirre, que solicita para él una pena de 18 años de cárcel por facilitar adjudicaciones a dedo.

Según explicó, las contrataciones se ajustaron a la legalidad y los trabajos se ejecutaron. «Pongo la mano en el fuego de que se han realizado de forma correcta», manifestó tras señalar que en algunos casos comprobó en persona la ejecución de los mismos.

En cuanto al procedimiento empleado para adjudicar los contratos menores, detalló que él proponía la realización de un trabajo, los técnicos realizaban la propuesta correspondiente, y esta era ratificada por el exviceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga.

Cabe recordar que la semana pasada Larrañaga negó su responsabilidad y afirmó que él se limitaba a firmar una «simple hoja» para la autorización del gasto que incluía el objetivo del contrato, el presupuesto y la empresa.

Añadió que todo lo relativo a la necesidad y propuesta de la contratación, la elección de las empresas, y el control y seguimiento de esos contratos era responsabilidad de la Dirección de Juventud.

Las palabras de Larrañaga, para quien la Fiscalía solicita una pena de 17 años de prisión, dejaron en una posición comprometida a Sánchez Robles, que también trató de delegar su responsabilidad en Oro Ochoa de Eribe, funcionaria-jefe de Juventud.

Sospechas y presiones

El pasado mes de abril, cuando declaró como testigo ante el tribunal, Ochoa de Eribe acusó al exdirector de Juventud de presionarla por teléfono. Al parecer le llamó en 2011, antes de comparecer ante la comisión de investigación del Parlamento de Gasteiz.

«Yo le dije que no se comunicara conmigo nunca más», remarcó la funcionaria, que temía que el acusado pudiera ponerse en contacto con ella antes de comparecer ante la Audiencia Provincial de Araba. «Tengo llamadas perdidas en el móvil de un número desconocido. No las he devuelto por si acaso podía ser él».

Además de presionar a una de las funcionarias, existen sospechas de que Sánchez Robles haya podido falsificar algunos trabajos presentados para justificar los contratos con De Miguel y sus socios.