El consentimiento, eje de la nueva ley de libertad sexual

El anteproyecto de ley integral para la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales que la ministra española de Igualdad, Irene Montero, llevó ayer al Consejo de Ministros conlleva una modificación del Código Penal con la creación de nuevos delitos y, sobre todo, acaba con la distinción entre abuso y violación al convertir en el eje central del proyecto la figura del consentimiento. Ahora llega la fase de informes, antes de saltar al Congreso.

La nueva ley estatal contra las violencias sexuales, que acaba con la distinción entre abuso y agresión sexual, castigará con entre 1 y 4 años de cárcel los delitos contra la libertad sexual, unas penas que irán subiendo en función del tipo de delitos, por ejemplo la violación, y de la existencia de agravantes.

Así se recoge en la proposición de ley de protección integral de la libertad sexual y para la erradicación de las violencias sexuales, que la ministra española de Igualdad, Irene Montero, llevó al Consejo de Ministros.

Esa distinción permitió que la Audiencia de Nafarroa redujera la catalogación de la violación múltiple a una joven en sanfermines de 2016 a abuso.

La premura con la que Igualdad quería aprobar este proyecto, en la semana del 8-M para dotarlo de un mayor simbolismo, habría generado tensiones en el Ejecutivo PSOE-Podemos. Hasta última hora del lunes no se cerró el texto que abordó el Consejo de Ministros. En la rueda de prensa posterior, tanto la portavoz, María Jesús Montero, como la ministra Montero coincidieron en subrayar la ley es un proyecto de todo el Ejecutivo y que lo importante es que es que la máxima «solo sí es sí» se va a convertir en ley.

«Solo sí es sí»

El anteproyecto sitúa en el centro de los delitos sexuales el consentimiento de la víctima con el fin de que no sea necesaria la existencia de violencia o intimidación para que sea considerado una agresión. El eje es la figura del consentimiento, como reclama el Convenio de Estambul, para que quede claro que «solo sí es sí». Una máxima que ya se ha convertido en el nombre por el se conoce la ley.

El anteproyecto debe pasar aún por la fase de informes y después tramitarse en el Congreso, pero ya se sabe que modifica el artículo 178 del Código Penal para establecer que castigará «con la pena de prisión de 1 a 4 años como reo de agresión sexual el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento».

Y «se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad de participar en el acto».

Asimismo, la proposición de ley define como actos de agresión sexual aquellos que «se realicen empleando violencia, intimidación o abuso de una situación de superioridad o vulnerabilidad de la víctima, o de manera sorpresiva». También los que «se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuya situación mental se abusare y los que se realicen cuando la víctima tenga anulada su voluntad por cualquier causa».

Así, serán violencia machista, entre otros delitos, agresiones sexuales, acoso sexual, acecho, extorsión y engaño pederasta, matrimonios forzados, explotación sexual o infección intencionada de enfermedades de transmisión sexual.

Se busca, según se recoge en el anteproyecto, la protección integral del derecho a la libertad sexual de todas las personas mediante la prevención y la erradicación de todas las violencias sexuales como manifestación de la discriminación, las situaciones de desigualdad y las relaciones de poder de género.

El objetivo es, en palabras de Montero, «ampliar el foco» con un «marco normativo integral que reconozca como formas de violencias machistas todas las conductas que impliquen la vulneración en cualquier forma del derecho a decidir acerca de la vida sexual».