ENTRE LA REPRESIÓN Y LA SOLIDARIDAD: A SEIS MESES DEL ESTALLIDO SOCIAL EN CHILE

La respuesta del Gobierno chileno a la movilización social se ha caracterizado por las violaciones de los derechos humanos, entre las que se han vuelto recurrentes las detenciones a jóvenes activos en las protestas. Esas situaciones han generado nuevas formas de resistencia y una oleada de solidaridad internacional. No obstante, el movimiento se ha puesto en pausa ante la emergencia sanitaria provocada por el nuevo coronavirus.

Cómo te llamas! ¡Dime tu nombre!», le grita una mujer a Nicolás Ríos mientras graba con el móvil el momento en que está siendo detenido. La escena sucede en el centro de Santiago de Chile, la noche del viernes 10 de enero de 2020. En el vídeo se ve a cinco hombres vestidos de civil, que llevan a un joven hasta una furgoneta blanca sin placas oficiales. El joven intenta liberarse mientras pide auxilio. El arresto lo realizaron Carabineros, según la Fiscalía.

El detenido es Nicolás Ríos Verdugo, una de las más de 28.000 personas apresadas desde el estallido social de octubre de 2019. Como la mayoría, es joven –20 años–, estudiante universitario y sin antecedentes penales. Hoy, al igual que otros 1.600 detenidos, sigue en prisión preventiva tras un proceso polémico.

La Fiscalía sostiene que la prueba aportada por Carabineros es un vídeo en el que se ve a Ríos lanzando un cóctel molotov en una manifestación. Su abogado, Lorenzo Morales, recalca que no existen ninguna otra prueba y agrega, como dato relevante, que «el preinforme químico en tres de las muestras excluye trazas de hidrocarburos».

El «despertar» de Chile

Alejandra Arriaza, abogada chilena con más de 20 años de experiencia en defensa de los derechos humanos y que lleva el caso de Fabiola Campillai, que perdió la vista a causa de una bomba lacrimógena, afirma que «el despertar de Chile es en el fondo una rebelión en la que la gente salió a la calle cansada de los abusos, la represión, los robos, de un modelo neoliberal que es brutal en la distribución de la riqueza».

Según un informe de 2019 del Instituto Nacional de Derechos Humanos de Chile (INDH), el 50% de los hogares más pobres posee el 2,1% de la riqueza neta del país y el 1% más rico, el 26,5%. El documento señala que «desde 2010 ha habido déficits en el acceso a derechos sociales, como los servicios de salud, cobertura y tipo de prestaciones; problemas severos en el sistema de seguridad social; dificultades en el aseguramiento de una igual calidad en la educación y en la capacitación de los jóvenes que no estudian ni trabajan. Existen también graves desigualdades entre hombres y mujeres; injusticias hacia los pueblos indígenas; exclusión social de amplios segmentos de la población; un excesivo centralismo que continúa limitando el desarrollo de las regiones».

El malestar por esta situación está en el corazón de las recientes protestas. Las calles han sido ocupadas por los sectores que se han sentido agredidos por dichas políticas. Entre ellos, jóvenes chilenos como Ríos, protagonistas de esta revuelta. «Nicolás participa en una organización juvenil, donde practican deporte junto con otros jóvenes, y se plantean una sociedad más justa, donde todos tengan derecho a estudiar, donde haya educación gratuita y de calidad, donde las personas sean vistas con dignidad», asegura su madre, Verónica Verdugo.

Aumento de arrestos tras el estallido

Horas antes de su detención, Ríos participó en el centro de la capital en una de las cientos de movilizaciones que han recorrido Chile estos meses. Desde enero permanece en prisión preventiva en Santiago 1, donde comparte módulo con otros presos políticos. «La gran mayoría son chicos que han sido detenidos desde el 18 de octubre con cargos similares al de Nicolás. Creemos que hay una criminalización frente a la participación de los jóvenes en los movimientos sociales», cuenta Verdugo.

Nicolás Ríos estudia Geografía y en su tiempo libre participa en el taller de artes marciales en un proyecto comunitario. Tras su arresto, Camilo Bennet, representante de esta organización social, afirma que las detenciones «son golpes para desmoralizar a los que se organizan. Al que está cerca o participa en una protesta, en cualquier momento lo pueden secuestrar y hacer lo que quieran con él. Ese es el mensaje que nos quisieron dar los agentes del Estado policial bajo el cual vivimos».

Según el informe del INDH, desde el estallido social de octubre, 3.649 personas han resultado heridas por las fuerzas del Estado; 405 con lesiones oculares y 2.063, heridas por disparos. Solo el INDH ha presentado cinco querellas por homicidio, 17 por homicidio frustrado, 770 por torturas y 158 por violencia sexual.

El 20 de octubre, el presidente, Sebastián Piñera, declaró: «El general Iturriaga está a cargo de este estado de emergencia, ha podido disponer de 9.500 hombres para resguardar la paz, la tranquilidad y sus derechos, sus libertades (...) Quiero decirle general, y a través suyo a todas las fuerzas que están bajo su mando, que cuentan con el total apoyo y respaldo de nuestro Gobierno». Formalizó así públicamente la respuesta militar a la conflictividad social.

Respecto a la detención de Ríos y al incremento de las detenciones en los últimos cinco meses, la abogada Arriaza sostiene que «la situación es gravísima. Hay montones de casos similares, en los que la gente alega inocencia, no se exhiben pruebas, no se constatan las lesiones para ver en qué contexto se generan y se somete a prisión preventiva aunque no tengan antecedentes, vulnerando derechos esenciales de cualquier proceso. Esto criminaliza, sanciona y demuestra que en Chile no hay un poder judicial independiente que esté cumpliendo con su deber. La represión tiene que ver con castigar a aquel que es capaz de levantar su voz y alzarse contra las injusticias».

«El milagro de Chile»

El economista Milton Friedman acuñó el término «el milagro de Chile» para referirse al modelo económico que se instauró durante el régimen militar de Augusto Pinochet y que ha perdurado hasta hoy. Se caracteriza, sobre todo, por la privatización de las empresas estatales y el fomento de las compañías privadas y la inversión extranjera. Chile reportó un rápido crecimiento económico que le convirtió en un «ejemplo» para los estados de América Latina. Sin embargo, ese crecimiento ha ido acompañado de una enorme desigualdad y de una eliminación de derechos sociales y económicos, que ha causado indignación. «Este modelo ha llegado a un punto de insostenibilidad para la ciudadanía en general», asegura Arraiza.

Desde fuera de Chile, la represión del estallido social se interpreta como un alejamiento del marco democrático, más propio de un modelo autoritario más parecido a la dictadura y que lanza el mensaje de «no vamos a tocar aquello que se quedó atado y bien atado».

Arraiza explica que «hay una revictimización de los familiares de víctimas y de la sociedad en su conjunto». Así lo ve también Verdugo, que asegura que lo que está sucediendo «es un doble castigo, una retraumatización de las vivencias que ya tuvimos en la dictadura. Ahora nos dan donde más nos duele, nuestros hijos, y eso no lo vamos a aguantar. Estamos unidos, despertamos, y no vamos a dejar que ellos sigan violentando a nuestros hijos».

Informes de observadores internacionales como la misión canadiense de Derechos Humanos y Naciones Unidas sostienen que la sociedad chilena se enfrenta a masivas violaciones de derechos humanos, que no pueden entenderse como simples abusos o excesos aislados. «Cuando estamos hablando que más de 420 personas han perdido la visión por disparos de perdigones o gases lacrimógenos disparados directamente al rostro, no podemos pensar que es solo un error o un problema, sino que aquí hay algo dirigido. Hay una responsabilidad política clara. Las Fuerzas Armadas y Carabineros no se mandan solos», dice Arriaza y, ante la prevista reactivación de la protesta social esta primavera, advierte de un probable incremento en el uso de la fuerza con la compra de nuevas armas. «En el tema presupuestario solo ha existido celeridad y rapidez para las Fuerzas Armadas y para la represión», subraya. Solo en la jornada de protestas del 2 de marzo, se registraron 283 detenidos, según el Ministerio del Interior.

A esto se suma la ley aprobada el 21 de enero en el Senado para que las Fuerzas Armadas custodien infraestructuras públicas en momentos de crisis, una iniciativa que deja en manos de los militares el control de la seguridad de espacios públicos sin necesidad de declarar el estado de excepción.

El abogado catalán y codirector de la estratégico de la organización de defensa de los derechos humanos Iridia Andrés García Berrio explica que la situación política en Chile viene de no haber vivido «un verdadero proceso de transición y justicia transicional. Si no refuerzan la democracia en lo formal y material, se ejerce una línea continuista del pasado».

Nuevas formas de resistir

«¡El violador eres tú. Son los pacos, los jueces, el Estado, el presidente. El Estado opresor es un macho violador. El Estado opresor es un macho violador. El violador eras tú!», entonaban por primera vez ante la Segunda Comisaría de Carabineros de Chile en Valparaíso, el 18 de noviembre. Una performance contra los feminicidios, la violencia sexual y la represión en el marco del despertar de Chile que, convertida en himno, recorrió el planeta en las siguientes semanas. En muchas ciudades del mundo se han realizado actos de solidaridad con la revuelta y los reclamos en las calles de Chile.

En este contexto, la comunidad internacional tiene la posibilidad de incidir en la actuación del Gobierno chileno. «Las sanciones políticas, diplomáticas, económicas son en definitiva lo que al Estado chileno le preocupa, sobre todo el económico. Que el Gobierno empiece a sentir la presión y tenga que dar explicaciones a la comunidad internacional de lo que está haciendo», sostiene Arriaza. Sin embargo, mientras se extendían las muestras de apoyo de la ciudadanía, Piñera anunciaba a finales de noviembre que las fuerzas policiales británicas, españolas y francesas asesorarían a Carabineros «para poder mejorar los mecanismo de control del orden público, para dar un mejor resguardo a nuestros compatriotas».

Camilo Bennet asegura que «la solidaridad internacional nos hace sentir menos solos y abandonados a la suerte de lo que quiera hacer el Estado policial con nosotras y nosotros».

El 25 de febrero, un juez consideró «irregular» la detención de Ríos y «desproporcionada» su prisión preventiva, por lo que dictó, como medida cautelar, su arresto domiciliario nocturno tras 45 días en prisión, según recogía el medio “Desconcierto”. Pero la decisión fue apelada por la Intendencia y, tras cuatro días en casa, el 3 de marzo regresó a prisión, a la espera de que se resuelva su situación.

Su caso está movilizando a la sociedad. Para Verónica Verdugo, «ese abrazo fraterno, esa ayuda incondicional, es lo que nos mantiene a los familiares. Por eso estamos cada día saliendo a la calle, reuniéndonos como coordinadora de presos políticos». Y expresa su deseo de que la chilena se convierta «una sociedad donde prevalezcan los derechos sobre las cosas materiales. Aquí nació el neoliberalismo y aquí lo vamos a enterrar».

En los meses por venir se determinará el camino del despertar de Chile. Dependerá del Gobierno y de la sociedad establecer un diálogo social amplio e inclusivo que genere transformaciones estructurales que cierren brechas sociales y económicas, pues buena parte de la población no se ha beneficiado del «milagro» chileno, sino que lo ha sufrido.

La tregua que Piñera no consiguió

La crisis sanitaria a causa del Covid-19 ha pospuesto la reactivación de la movilización social prevista para marzo. Hoy, Chile es el segundo país de América Latina con mayor número de contagios tras Brasil y en sus prisiones hay angustia y miedo, lo que ya ha provocado un motín en la cárcel de Santiago 1.

La sobrepoblación en las prisiones chilenas ha aumentado con las detenciones de los últimos meses y organizaciones de derechos humanos y familiares de presos exigen garantías antes posibles contagios y, en esa línea, piden el arresto domiciliario, la amnistía o el indulto.

El estallido social está en pausa, lo que en los meses previos las fuerzas de seguridad no pudieron conseguir. Pero eso no significa que la inconformidad hacia el Gobierno haya desaparecido; en muchos casos ha aumentado por su mala gestión ante la crisis sanitaria.