IMPULSAR UNA NUEVA POLÍTICA PÚBLICA DEL AGUA ES POSIBLE EN NAFARROA

Sustrai y Urbizi emplazan al Gobierno navarro a llevar a cabo una política del agua diferente y denuncian que la actual se basa en interes privados, como constructoras, regantes o empresas de energía, y no en los públicos. Es una de las principales conclusiones que los dos organismos han presentado esta semana en Iruñea.

Lograr en Nafarroa una gestión pública que trate el agua no como un bien comercial como los demás, sino como un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal». Este es el objetivo con en el que Sustrai Erakuntza y Urbizi Red en Defensa de los Ríos, en colaboración con diferentes entidades que defienden la protección de las aguas, han elaborado el informe que han presentado esta semana en Iruñea. Puede parecer una reclamación de izquierda, pero es lo mismo que recoge la Directiva Marco del Agua, la norma europea que debería ser de aplicación inmediata.

Sin embargo, Sustrai y Urbizi constatan que las políticas del agua en Nafarroa están demasiado alejadas de este principio básico de la Directiva del Agua, que no busca otro casa que poner en valor la conservación de los ecosistemas hídricos frente «a intereses particulares que tienden a esquilmarlos y deteriorarlos». Concretamente, el informe denuncia que no se fomenta la participación activa de todas las partes interesadas –come establece el artículo 14 de la Directiva– sino que las decisiones en política hidráulica se toman en base a intereses privados, entre los que citan a los constructores de infraestructuras, las empresas de servicios de agua, los sindicatos de regantes y las empresas de energía.

Esta forma de actuar ha generado en Nafarroa una serie de problemas ambientales y conflictos sociales, según recoge el informe, que han tenido como consecuencias «el empeoramiento del estado de nuestros ríos y acuíferos, con pérdida de biodiversidad; derroche de fondos públicos en beneficio del interés privado de unos pocos; empobrecimiento y abandono de zonas de montaña; privatización de grandes volúmenes de agua para riego; desalojos y problemas de seguridad en varias poblaciones».

«El cambio climático ha venido a intensificar todos estos problemas, y la solución no puede venir haciendo más de lo mismo», proclaman. Esta situación afecta incluso a la salud humana, hasta el punto de que ha surgido un neologismo para describir la forma de angustia, estrés mental o existencial que causa el cambio ambiental: solastalgia. Ante esta situación, Sustrai y Urbizi consideran en su informe que es necesario tomar ya medidas viables por parte del Gobierno navarro.

Medidas concretas y realizables

En primer lugar, se propone realizar cuanto antes el estudio de los caudales ecológicos necesarios para los objetivos de conservación de Red Natura 2000.

Junto a ello, reclaman que se abandone la política de expansión del regadío «a través de subvenciones de un modo exagerado e irracional», y recuerdan que la legislación vigente establece que el coste de las infraestructuras para el riego se debe repercutir a los usuarios beneficiados. Asimismo, exigen que no se creen nuevas concesiones con peaje en la sombra. En relación al regadío, recuerdan que el Canal de Navarra «continúa con su huida hacia adelante, con 21.500 hectáreas anunciadas para la fase 2, para las cuales no hay agua suficiente, además de incrementos inconfesados del peaje en la sombra acordados secretamente entre el Gobierno y la concesionaria encabezada por OHL para la zona regable de la ampliación». «Un culebrón sin término y un tinglado económico que sigue y sigue», denuncian.

La contaminación por nitratos por la ganadería y la agricultura es un grave problema que debe de acotarse, limitando, a juicio de Sustrai y Urbizi, los cultivos y las granjas que más contribuyen a esta contaminación.

Valdega, Muga, Canal, Esa, Aspurtz...

A la Mancomunidad de Montejurra le plantean una exigencia concreta: mejorar en su gestión de las demandas de aguas, aplicando medidas de control, transparencia y participación que ayuden a resolver el conflicto existente en la conservación del río Ega. Distintos colectivos han denunciado repetidamente que la sobreexplotación de acuíferos ha llevado incluso a que se sequen manantiales. Concretamente, manantiales y fuentes de Valdega se secan cada año por periodos más prolongados, y el río Ega acusa unos estiajes cada vez más pronunciados, coincidiendo con el aumento de la extracciones agua del acuífero de Lokitz para el abastecimiento de la Mancomunidad de Montejurra. El colectivo Salvemos el Ega y varios ayuntamientos de la zona están actuando conjuntamente con el objetivo de defender el acuífero y el río, fuertemente interrelacionados, de «unas detracciones excesivas y llevadas a cabo sin ni siquiera contar con las obligadas concesiones legales».

Al Gobierno navarro le reclaman directamente que haga «un seguimiento específico y escrupuloso» del posible impacto sobre las aguas del proyecto minero de potasas Mina Muga, que se ubica en la zona de Zangoza y las colindantes comarcas aragonesas. Recuerdan que la minería de potasas ha dejado en Iruñerria un legado de escombreras contaminantes, balsas de desechos, ríos y acuíferos salinizados, y que el nuevo proyecto se ubica en una zona de inestabilidad geológica y sísmica. «El proyecto de Mina Muga presenta la amenaza de repetir los mismos efectos a mayor escala», alertan.

En esa misma zona se sitúa el embalse de Esa, que está siendo recrecido. Esta obra ha provocado deslizamientos y ha provocado que personas tengan que abandonar para siempre sus viviendas tras ser hundidas y expropiadas. Se ha invertido un dineral para intentar garantizar la seguridad, pero no se ha conseguido.

El estudio de estabilidad de la ladera derecha deja en evidencia que se sigue moviendo pese a todo lo que se ha invertido, hasta el punto de que el recrecimiento de Esa ha quintuplicado la inversión prevista y no ha solucionado el problema. «Debe exigirse la paralización de las obras y que no se llene nunca el embalse recrecido más allá de la altura de seguridad», reclaman. «Nos enfrenta a un problema de seguridad para las vidas humanas», insisten, y recuerdan que esta zona ya fue gravemente afectada cuando se construyó la primera presa.

Exigen que se abandonen los trasvases y que no se realice el estudio previsto en el Plan Hidrológico para trasvasar agua del río Zaraitzu al embalse de Esa, y que se mejore la gestión y el seguimiento de las especies acuáticas amenazas. Este proyecto prevé una presa en Aspurtz y un túnel de casi diez kilómetros de largo para trasvasar 170 hectómetros cúbicos al año. Todo ello para contribuir al llenado del recrecido embalse de Esa. «Una nueva amenaza para los territorios de montaña», advierten Sustrai y Urbizi.

Ambos colectivos piden que se implanten medidas de gobernanza del agua para facilitar la participación pública activa, algo anecdótico actualmente, y que el cuidado del agua vaya asociado a la gestión de las vertientes, con apoyos a la ganadería extensiva de montaña, a los secanos y al regadío tradicional.

En el informe de Sustrai y Urbizi también se subraya que debe realizarse un esfuerzo informativo y de coordinación entre las entidades involucradas en la gestión de las inundaciones, íntimamente ligada al espacio fluvial y a la ordenación del territorio. En este ámbito, reconocen que se han realizado actuaciones muy positivas, pero añaden que «queda mucho por hacer», y recuerdan los efectos que tuvo el episodio catastrófico en el río Zidakos en julio de 2019, afectando a varias localidades de la Zona Media.