El PSOE se apoya en PP y Vox para dejar los GAL en tiniebla 37 años después

37 años después de los primeros atentados de los GAL, investigar esta trama sigue siendo tabú en el Estado español. PSOE, PP y Vox unieron sus votos en el Congreso para rechazar la propuesta de una comisión parlamentaria. Adriana Lastra, portavoz del PSOE, llegó a decir que ya está juzgado. Y señaló a EH Bildu que su posición es inamovible.

No hubo sorpresas. El equipo jurídico del Congreso había considerado viable la tramitación de la comisión solicitada por seis fuerzas parlamentarias para investigar la participación de Felipe González en la creación de los GAL, al hilo del documento de la CIA. El aval de los letrados pudo suponer que el PP, como principal partido de la oposición, diera una sorpresa y complicara al Gobierno de coalición permitiendo la comisión, como especulaban algunos. Pero no.

En la sala Mariana Pineda de la primera planta de un Congreso aséptico y restringido por la nueva normativa de trabajo por la pandemia, la reunión de los nueve miembros de la Mesa no dejó dudas: los tres votos socialistas, los dos del PP y el voto de la formación de extrema derecha tumbaron su creación.

El diputado de Unidas Podemos Gerardo Pisarello –miembro de la Mesa– fue el que comunicó la noticia oficialmente en una rueda de prensa posterior. Los morados, tras una estrategia zigzagueante más por errores de comunicación entre Pablo Echenique con la cúpula que por estrategia, votaron a favor por lo que el marcador quedó 6 a 3.

La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, lo lamentó en rueda de prensa: «Queremos denunciar lo que acaba de pasar, el veto político para crear la comisión para establecer responsabilidades en la creación de los GAL. Decimos que es un veto político porque la decisión del PP, PSOE y Vox no se fundamenta en ningún criterio jurídico».

«Se trata de la segunda comisión vetada por las tres formaciones en una semana. Quieren ocultar con manto de impunidad la guerra sucia y también los casos de corrupción que sacuden a la Casa Real», añadió.

«Hace una semana apuntábamos que la inviolabilidad del rey emérito supone una impunidad de por vida, hoy decimos que la decisión de la Mesa se queda lejos de algo que es muy básico para las victimas de todas las violencias, que es el derecho a la verdad, a la reparación», señaló la portavoz abertzale.

EH Bildu no se cruzará de brazos y responderá con cinco solicitudes de comparecencia: cuatro ex altos cargos de González además del juez Baltasar Garzón. Se trata de José Barrionuevo (ministro del Interior de Felipe González entre 1982 y 1988 y condenado por acciones del GAL), Juan Alberto Belloch (ministro del Interior y Justicia entre 1994 y 1996), José Luis Corcuera (ministro del Interior entre 1988 y 1993) y Rafael Vera (secretario de Estado para la Seguridad y condenado por las acciones del GAL).

Aizpurua adelantó que también registrarán la petición de una comisión de investigación en el Senado «en las próximas horas» y recordó que en la Cámara Alta en 1995 se constituyó una comisión sobre los GAL aunque sin dar frutos.

Lastra: «Posición política»

Posteriormente, la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, reiteró que su oposición a la creación de la comisión es porque se trata de hechos «que están investigados, juzgados y sentenciados hace más de 20 años».

«Más allá del informe de los letrados, mi grupo tiene una posición política y es que son hechos ya investigados y juzgados. Recomiendo leer el informe de la CIA y que me digan si es información relevante o no... Lo que dice es recoger noticias de los medios de comunicación españoles. ¿Que si el PSOE condena el terrorismo de los GAL? Por supuesto», enfatizó.

También hizo alusión Lastra al anuncio de EH Bildu de nuevos pedidos de comparecencias, para subrayar que «el PSOE no va a cambiar su posición» y lo rechazará todo.

Pero fue el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, quien pareció dar en la tecla sobre los motivos por los cuales los dos principales partidos de la oposición rechazaban una comisión que sin duda desgastaría al Gobierno.

«No entendemos en qué consiste este deseo súbito de la izquierda... Lo que aquí sucedió fue delictivo y ya fue juzgado y sentenciado. Pero ahora están queriendo minar las instituciones y minar el Régimen del 78, cuando Felipe González tuvo un papel más digno que muchos socialistas actuales. No vamos a contribuir a minar el Régimen del 78 y a la monarquía parlamentaria», subrayó.

Repreguntado al respecto, Espinosa consideró que la petición de una comisión sobre el terrorismo de Estado «es un ataque al Gobierno de González», al cual calificó como «una etapa de España de la que se puede sentir un poco más de orgullo que de la de ahora», porque «fue una izquierda moderada, con actitud reconciliadora, que renunció al marxismo». En ese sentido, señaló la «paradoja» de que un partido como Vox tenga que «defender» el legado del PSOE ante una «situación tan radical y peculiar».

En cuanto al portavoz del grupo de Unidas Podemos, Pablo Echenique, explicó que finalmente votaron a favor porque piensan que «la transparencia es buena» y porque que suelen votar positivamente a las solicitudes de comisiones de investigación formuladas por otros grupos del Congreso.

«Es obvia nuestra posición de repulsa del terrorismo de Estado. Lo que pensamos de la oportunidad de la comisión y las bases de argumentación en la que se asienta, eso ya lo he dejado claro», añadió Echenique recordando el giro dado el viernes.

Nuevo intento contra la ley de 1968 que eterniza los secretos

El documento de la CIA ha provocado, además, la reactivación del intento del PNV de modificar la infame Ley de Secretos Oficiales de 1968 que sigue vigente hoy. Vuelve a activarse en el Congreso, pero leída en pasiva la iniciativa deja dos malas noticias por parte del PSOE. La primera es que no se atisba ya el compromiso de que sea el Gobierno quien modifique la norma, expresado por la ministra de Defensa, Margarita Robles, en noviembre pasado. Y la segunda es que simplemente bastarían decisiones del Consejo de Ministros para desclasificar los documentos que los Ejecutivos anteriores hubieran declarado secretos, pero queda claro que esto tampoco figura en la agenda.

Todo se encomienda, por tanto, a un proceso que ya ha encallado tres veces anteriormente. El Congreso ha dado el visto bueno de nuevo a la tramitación de una propuesta del PNV que defendió Aitor Esteban y que incorporaría a la ley la obligación de que «en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, no pudiendo superar los 25 años para materias calificadas secretas y los 10 años para las reservadas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada, en el exclusivo caso de las materias secretas, por un nuevo período máximo de 10 años», tal como indica la exposición de motivos.

Esteban señaló que este y otros cambios buscan acabar con una «práctica abusiva y generalizada», empleada por los diferentes ministerios, de ocultar determinados documentos bajo el pretexto de «defender al Estado». «Si se pone al Estado como excusa es porque igual algunos no defienden al país sino a sus propios intereses», declaró en la tribuna.

En la misma línea se pronunció el diputado de EH Bildu Oskar Matute, quien denunció que solo se han desclasificado este tipo de documentos en «momentos puntuales y poco relevantes, siempre con una utilidad política finalista, con una lectura parcial de los papeles a desclasificar».

«Si no se aprueba esta iniciativa del PNV, propongo a quienes decidan no aprobarla que tengan la dignidad de cambiar el nombre de la ley, y que la llamen Ley de Aberraciones Inconfesables», añadió Matute antes de recordar a aquellas víctimas que a día de hoy siguen reclamando verdad, justicia y reparación.

Unos derechos que también evocaron las representantes de PSOE y de Unidas Podemos, Andrea Fernández y Pilar Garrido, respectivamente, que anunciaron su apoyo a la tramitación de la proposición de ley. También se sumaron diputados de las formaciones independentistas catalanas, que añadieron el oscurantismo que rodea a la monarquía española. «En España, el secreto es eterno», lamentó Carolina Telechea, de ERC.

Y hay quienes a día de hoy siguen empeñados en mantener ese secretismo. Miguel Ángel Jerez (PP) rechazó que el paso del tiempo sea el único condicionante para levantar la confidencialidad de ciertos archivos. Una idea compartida por Miguel Ángel Gutiérrez, que avanzó la abstención de Ciudadanos, y por Carlos Hugo Fernández-Roca, en representación de Vox.

Valoraciones

«Felipe González tuvo un papel más digno que muchos socialistas actuales»

I. ESPINOSA DE LOS MONTEROS

Vox

«Lo que pensamos de la oportunidad de la comisión ya lo he dejado claro»

PABLO ECHENIQUE

Unidas Podemos

«¿Dónde queda el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas?»

MERTXE AIZPURUA

EH Bildu

«Mi grupo tiene una posición política; que son hechos juzgados. Y los condenamos, claro»

ADRIANA LASTRA

PSOE