Bono social eléctrico y térmico, quién puede acceder y cómo tramitarlos

Mientras la factura de la luz subía, el número de beneficiario de los bonos sociales para pagar la energía ha ido disminuyendo progresivamente por desconocimiento entre aquellos que tienen derecho a esta ayuda. Y por lo engorroso del trámite. En 2010 había casi el triple de beneficiarios de estos bonos que en 2021.

Con datos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores a nivel estatal (CNMC), a 31 de diciembre de 2021 había 1,1 millones de titulares de un contrato eléctrico adscritos al bono social eléctrico, casi tres veces menos que en 2010, año en que 2,9 millones de hogares estaban acogidos a este derecho que puede hacer que la factura les sea reducida hasta en un 70% o, incluso, ser eximidos del pago.

No todas las rentas tienen acceso a este tipo de ayudas, pero esta reducción no se explica por una mejoría económica del conjunto de la sociedad, sino más bien por el mal hacer de las energéticas que gestionan el requisito previo de acceso: la tarifa PVPC.

El PVPC (Precio Voluntario Pequeño Consumidor) constituye una modalidad de contrato eléctrico regulado, donde existe cierta protección por parte del Estado y todo el mundo puede acceder a ella. Esto implica que la oferta maravillosa que nos ofrece un comercial de una compañía -en muchas ocasiones, de forma invasiva- puede dejarte fuera del bono social.

Solo las cinco grandes compañías eléctricas -Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Repsol, por orden de importancia- pueden ofrecer tarifas PVPC. Las cooperativas energéticas, como Goiener o Energia Gara, reivindican tener también esta capacidad, pero el Ministerio sigue favoreciendo a estas cinco empresas a las que categoriza como «compañías de referencia».

Este tecnicismo asoma como una de las razones de que los bonos energéticos hayan ido en picado. En la última década, la cantidad de consumidores con PVPC ha caído de 20 millones a 10,1 millones, atraídos por las ofertas del mercado libre (que, al ser las únicas capaces de ofrecer PVPC contaban con todos los datos de estos hogares).

El problema no queda ahí. La figura del PVPC no ha sido capaz de proteger al consumidor de las fluctuaciones del mercado eléctrico, pues depende del pool eléctrico diario. Así, en los últimos meses eléctricas han podido ofrecer precios más baratos que el regulado los últimos meses, tras sufrir el PVPC subidas superiores al 20%.

No existe mejor resumen del fallo de esta modalidad que la declaración de Ignacio Sánchez Galán (presidente de Iberdrola) en las que afirmaba que los únicos que estaban pagando más por la luz tras descontrolarse los precios eran «los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el Gobierno».

No obstante, según indica el sindicato UGT en su recientemente publicada “Guía básica para acceder al bono social eléctrico y térmico”, pese a sus defectos, el PVPC ha sido hasta hace bien pocos meses la opción más barata con diferencia (y no es descartable que vuelva a serlo).

Los clientes, por tanto, se marcaron del mercado protegido al libre con ofertas engañosas de las compañías suministradoras de energía. Y, en consecuencia, perdieron la opción de acceder a los bonos sociales eléctricos y térmicos (que para familias necesitadas pueden suponer ahorros de hasta el 60% en la factura de la luz).

UGT afianza la teoría de que las compañías se aprovecharon del desconocimiento de los usuarios con datos de encuestas de la CNMV. Estos trabajos revelan que solo tres de cada diez clientes era capaz de diferenciar entre el mercado regulado y el libre. Y, además, solo un 7% sabía exactamente qué potencia tenía contratada.

Requisitos para el bono

Al bono social eléctrico se accede en función de la renta, pero hay una serie de colectivos que, directamente, tienen acceso a él: familias numerosas, hogares con todos los miembros de la unidad de convivencia pensionistas y perciban la cuantía mínima y, también, aquellos donde algún miembro de la unidad de convivencia perciba el IMV.

En cuanto a los indicadores económicos para el resto, se parte del IPREM a 14 pagas por 1,5 (12.159 euros al año) pero puede multiplicarse por 2,5 (20.265) en caso de tener reconocida la condición de víctima de terrorismo o violencia de género, cuando existan grados de dependencia en la unidad familiar por encima del 33%, o dependencias de grado II o III.

Si en la unidad de convivencia hay mayores de edad se añade un multiplicador de 0,3 (de 0,5 para menores).

En resumen, la norma, aunque mejorable, abarca un abanico de perfiles ciertamente amplio, e incide en especial en hogares personas mayores (donde las rentas no son tan altas y existen más dependencias).

Acceder al bono social eléctrico implica, como mínimo, una reducción de la factura del 25, temporalmente ampliado al 60% hasta fin de año (ampliación que probablemente se prorrogue).

Cuando estos umbrales para acceder al bono se superan holgadamente, se puede obtener la condición de «vulnerable severo», mediante el que se accede a una reducción de la factura de la luz del 50% (70% hasta fin de año). Y si de la comprobación se determina que lo que existe es un riesgo de exclusión social, la exención del pago es total.

El ser reconocido el derecho al bono social eléctrico implica, automáticamente, ser beneficiario del bono social térmico. A diferencia del anterior, que se traduce en un descuento, el bono térmico constituye un pago anual para pagar la calefacción y la cocina que va en función de la zona climática donde se encuentre la vivienda (y que oscila entre 25 y 124 euros).

Además de las ayudas económicas, los beneficiarios del bono social automáticamente tienen concedido el suministro mínimo vital o la imposibilidad de que le corten la luz por impago (frente al resto de consumidores, a los que se les puede retirar el suministro a los dos meses).

La tramitación debe realizarla a través de una empresa comercializadora de referencia (una de las cinco grandes antes citadas). Hay que rellena una solicitud y enviarla firmada por todos los miembros de la unidad de convivencia. Esta tramitación es estrictamente gratuita.

El formulario se acompañará de la fotocopia del DNI de todos los miembros de la unidad convivencial así como los certificados de padrón, libros de familia y la acreditación correspondiente para las casuísticas especiales (como el título de familia numerosa, etc.).

La comprobación se lleva a cabo de forma telemática por parte del comercializador (la compañía energética) que debe resolver en menos de diez días tras comunicarlo al Ministerio. Y, una vez superado el trámite, el descuento se aplica en 15 días.