Los poderes brasileños desmantelan los campamentos y retoman el control

El poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial de Brasil lanzaron un mensaje de normalidad y comenzaron a tomar medidas tras el asalto golpista a sus sedes. Desmantelaron los campamentos de los seguidores de Bolsonaro, apuntaron las responsabilidades de algunas autoridades y anunciaron una investigación sobre la implicación del expresidente.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y los jefes de los poderes Legislativo y Judicial, transmitieron ayer un mensaje de control de la situación y llamaron a «mantener la serenidad y defender la democracia en paz», tras el intento de golpe de Estado de miles de bolsonaristas.

«El país necesita normalidad, respeto y trabajo» para alcanzar el progreso y la justicia social, señalaron en una nota conjunta Lula, la presidenta de la Corte Suprema, Rosa Weber, el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, y el jefe del Senado en ejercicio, Veneziano Vital do Rêgo.

Los máximos representantes de los tres poderes analizaron la grave crisis vivida en la capital brasileña el domingo, cuando miles de seguidores del expresidente Jair Bolsonaro invadieron y causaron graves daños en las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema. Rechazaron los «actos terroristas, de vandalismo, criminales y golpistas» ocurridos en Brasilia y subrayaron que están «unidos para que sean tomadas todas las providencias institucionales, en los términos» que marcan las leyes brasileñas.

Lula quiso mostrar que el asalto ultraderechista no impidió que el Gobierno funcione «en absoluta normalidad» con varios encuentros de alto nivel desde su despacho en el Palacio de Planalto que, protegido por cristales blindados, se salvó de la depredación de los bolsonaristas.

1.500 detenidos

La situación estaba bajo control después de la detención de al menos 1.500 manifestantes golpistas, la mayoría ayer en el campamento que tenían montado frente al Cuartel General del Ejército desde la celebración de las elecciones de octubre, desde el que exigían una intervención militar que devuelva al poder a Bolsonaro. Al menos fueron fletados 40 autobuses para trasladarlos. Poco más de 200 permanecían ayer en prisión.

Se les imputa al menos quince delitos como golpe de Estado, lesiones, desórdenes públicos, destrozos de bienes del Estado, posesión de armas y robo.

En la noche del domingo el Ejército no permitió la entrada de la Policía. Según fuentes del Gobierno, probablemente porque muchos de los acampados eran familiares y conocidos de los militares. En respuesta, el juez del Supremo Alexandre de Moraes ordenó el desmantelamiento del campamento y el cese temporal durante 90 días del gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha. Además, Lula decretó la intervención federal para asumir la competencias de seguridad. Moraes también ordenó a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado actuar para liberar cualquier tipo de vía o edificio publico ocupado por partidarios del expresidente Bolsonaro en todo el país.

«Nada justifica la existencia de campamentos de terroristas, financiados con la complacencia de autoridades civiles y militares de forma totalmente subversiva y sin respeto alguno hacia la Constitución», afirmó. El juez indicó que el ataque la sede de los tres poderes «solo podía ocurrir con la anuencia, y hasta la participación efectiva» de las autoridades de seguridad pública e inteligencia y advirtió a los jefes militares y policiales que serán llevados ante la Justicia en caso de que los campamentos se mantuvieran.

Moraes señaló directamente como responsable Rocha, quien horas antes había pedido disculpas al presidente Lula y a la cúpula de los poderes Legislativo y Judicial por los graves acontecimientos.

Rocha, a su vez, había destituido a su secretario de Seguridad, Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en los dos últimos años del Gobierno de Bolsonaro y es una figura muy cercana del expresidente.

Bolsonaro hospitalizado

Lula acusó la víspera al ultraderechista -que se encuentra en EEUU desde que rehusó participar en el traspaso de poderes- de estimular el asalto golpista que duró unas cuatro horas y media hasta que las fuerzas de seguridad recuperaron el control de los edificios públicos.

Bolsonaro negó cualquier reponsabilidad, después de rechazar tibiamente la violenta invasión.

Ayer se conoció que fue ingresado en un hospital en las afueras de Orlando, en Florida. por fuertes dolores abdominales, una afección recurrente en el exmandatario, que fue apuñalado en la campaña electoral de 2018.

El Congreso de Brasil ha comenzado a trabajar para crear una comisión de investigación sobre el papel que habría desempeñado Bolsonaro en el asalto, similar a la que ha investigado el grado de implicación de Donald Trump en el asalto al Capitolio de EEUU.

«Bolsonaro puede y va a ser convocado. Tiene que venir a responder por los crímenes que cometió. Él será investigado en primera instancia», confirmó el expresidente del Senado Renan Calherios. Una de las primeras medidas de esta comisión será reclamar el regreso de Bolsonaro al país.

Los ultras causaron daños que las autoridades calificaron de «incalculables» al destruir mobiliario, equipos informáticos y numerosas obras de arte. También robaron armas de fuego, munición y documentación.

Petro: «La OEA ha perdido su camino»

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó el papel de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la crisis política de Brasil afirmando que «ha perdido su camino» porque «la estrategia de la extrema derecha latinoamericana no pasa por la democracia. Impulsa juicios sin la existencia de delito para eliminar liderazgos, golpes parlamentarios contra mandatarios elegidos y golpes violentos con centenares de muertos». Petro reclamó una reunión urgente de la OEA «si quiere seguir viva como institución», así como fortalecer la Convención Americana sobre Derechos Humanos para contrarrestar episodios como el de Brasil. «Debe empoderarse y ampliarse a los derechos de la mujer, del medio ambiente y colectivos. Este tratado debe adquirir más instrumentos judiciales de acción democrática», añadió. Además, propuso «un gran pacto por la democracia en las Américas con tribunales y capacidad de acción».GARA

Más reacciones de apoyo a Lula

Los principales gobiernos mundiales continuaron ayer cerrando filas en torno al presidente brasileño, Lula da Silva. A las reacciones del domingo contra el asalto bolsonarista se sumó ayer el Kremlin, que condenó de forma rotunda las acciones de «los instigadores de los desórdenes en Brasil» y reiteró su apoyo al presidente y las acciones para restaurar el orden y la legalidad. También China expresó su apoyo a las medidas tomadas por el Gobierno brasileño. «Creemos que bajo el liderazgo del presidente Lula Brasil mantendrá la estabilidad nacional y la armonía social», indicó. A su vez, el primer ministro de India, Narendra Modi, condenó el asalto de los bolsonaristas y mostró su «profunda preocupación por las noticias de disturbios y vandalismo contra las instituciones estatales en Brasilia. Las tradiciones democráticas deben ser respetadas por todos». Se suman al presidente de EEUU, Joe Biden, que afirmó que desea «seguir trabajando» con Lula, y a los mensajes de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Antes ya se habían pronunciado en términos similares los diferentes gobiernos latinoamericanos y organismos multilaterales como la Celac y la ALBA. Incluso ultraderechistas como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, o la Agrupación Nacional( RN) francesa condenaron el asalto.GARA