«No entendemos que quieran desmantelar un servicio LGTB que funciona»

Nacido en Murcia y afincado desde hace años en Nafarroa, Pako Arnau es una de las voces más reconocibles del Euskal Herria Gay-Les Askapen Mugimendua (EHGAM). El colectivo LGTBI está en pie de guerra ante los recortes de Kattalingune, el servicio de atención y acompañamiento que, nacido desde el activismo, había convertido a Nafarroa en referente.

¿Por qué van a salir a la calle esta tarde después de tanto tiempo?

Hay un recorte en los servicios y en los derechos que presta el Gobierno de Navarra a la población LGTB y a la población en general. Tenemos que hacer ruido, será una protesta ruidosa. Se trata de un recorte de 43.000 euros que provocará la despedida de trabajadores y supone el desmantelamiento de un servicio público que apoyaron y aprobaron todos los partidos políticos del Parlamento Navarro.

¿Qué colectivos llaman a movilizarse?

Llama Kattalingorri, el paraguas de todos los colectivos LGBQ en Nafarroa que, además lleva el servicio de atención. A nivel particular, sé de Naizen, de colectivos de Tafalla y de otros pueblos, que son los que más se juegan con este recorte en los servicios.

¿Por qué afecta más a los pueblos la decisión del Gobierno?

Los servicios que ofrece Kattalingune, que es donde se ha dado el recorte, son de asesoramiento y acompañamiento a personas del colectivo. En principio, ese servicio en Iruñea queda cubierto por la oficina Harrotu. Desde 2021, el Gobierno extendió con Kattalingune este acompañamiento a Tutera, Tafalla, Lizarra, Altsasu... Con los recortes, mantener esa red es imposible. Por lo tanto, el mundo rural queda sin servicio.

Entiendo que ser gay, lesbiana o trans en un pueblo pequeño resultará más difícil que en una ciudad.

Es mucho más complicado. Se me hace impensable que un servicio de acompañamiento exista en una ciudad y no en un pueblo.

Cuando hablamos de acompañar a una persona del colectivo en un pueblo o a su familia, ¿a qué nos referimos?

Puede darse el caso de que una persona no sabe cómo contárselo a su familia, por ejemplo. Entonces, se le asesora, se le acompaña, se dan unos pautas para que pueda tomar la decisión, si lo tiene claro. Al final, la decisión es suya, pero hay experiencias previas sobre cómo proceder. A su vez, también su familia puede requerir algún tipo de servicio y se le ha estado dando. Se me ocurre, además, una persona trans que necesita hacer tránsito. En su caso, se puede facilitar toda la documentación necesaria para poder legalizar su situación y, en definitiva, poder encontrarse a sí misma. Son servicios, de algún modo, humanos. Tratan aspectos de las personas que afectan a la vida cotidiana. Créeme, hay momentos, hay personas, donde una respuesta adecuada es muy necesaria.

La particularidad de Kattalingune es que es no nace de los servicios públicos sino que el Gobierno consolidó una labor que sacaban adelante los propios colectivos.

El servicio que ahora tenemos salió después de muchos años de trabajo voluntario, sí. Años de experiencias, de luchas, de vivencias. Este bagaje propio que ha llevado Kattalingorri es el que ahora le da la autoridad de tomar decisiones. Kattalingorri asesoraba en una oficina de la calle Aldapa. En 2016, cuando llega el Gobierno del cambio, se apoyó institucionalmente esta oficina y se le dotó de otra entidad. Por eso los colectivos eran los gestores del servicio. Aunque, el acompañamiento, como tal, lo ofrecen personas contratadas formadas y con experiencia.

Sinceramente, no entiendo bien qué es lo que ha pasado. Se han seguido dando pasos desde entonces. Se ha creado el Instituto Navarro para la Igualdad, se ha creado una dirección LGTB... Estamos con un Gobierno progresista. No comprendemos a qué vienen a desmantelar algo que funciona. No entendemos esta postura del PSN y Podemos. Los colectivos defendemos un servicio de calidad y esperamos que el día de mañana lo ejerzan funcionarios. Por donde no pasamos es por recortes y tampoco por el caos generado.

¿Por qué habla de caos?

En diciembre salió el pliego a concurso con una merma económica tan importante que Kattalingorri decidió no presentarse. Las condiciones no eran suficientes. Y el Gobierno decidió que el servicio lo prestara la fundación Gizain.

¿Y quién es Gizain?

Una fundación pública que gestiona servicios sociales. Es un atraso total. Siempre hemos reivindicado que las políticas LGTBI no son servicios sociales. Además, en diciembre ha habido tres personas despedidas. Estos despidos son una pérdida terrible.

¿En qué punto estamos? ¿Todo esto se puede revertir?

Hoy el asesoramiento no se está dando en los pueblos, tenemos recorte y tenemos despidos. Pedimos que rectifiquen, que se den cuenta de que esta labor es necesaria para la ciudadanía navarra.