Nafarroa y la CAV «hacen caja» con la aportación para la dependencia

Nafarroa y la CAV están entre las comunidades señaladas por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios sociales por minorar el gasto en la atención a personas en situación de dependencia pese a haber aumentado la financiación del Estado para reducir listas de espera.

Un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios sociales del Estado español advierte de que diez comunidades autónomas «hicieron caja en 2021 con el incremento de los Presupuestos Generales del Estado para dependencia, aliviando las arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención a personas dependientes».

Entre los gobiernos señalados se encuentran el de Lakua y el Ejecutivo de Iruñea. La entidad señala textualmente que «las once comunidades que han disminuido en 2021 respecto a 2020 el gasto en atención a personas en situación de dependencia son Canarias, Castilla y León, La Rioja, Galicia, Cataluña, Aragón, Nafarroa, Murcia, Extremadura, País Vasco y Castilla La Mancha». En el informe se subraya la existencia de una «acusada desigualdad territorial», en la que la CAV y Nafarroa aparecen a la cabeza en lo que a inversión en dependencia por persona respecta, con 2.310 euros y 1.500 euros, respectivamente. Pese a ello, la variación interanual del gasto autonómico en este ámbito se redujo un 0,94% en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa y 1,99% en Nafarroa, según los datos aportados.

Por «burocracia o impericia»

«El objetivo de reducción de lista de espera que planteaba el Plan de Choque del Ministerio, con el incremento de la aportación estatal, no se cumplió: en lugar de reducir en 60.000 personas el ‘limbo de la dependencia’, solo se redujo en 38.807. Incluso siete comunidades incrementaron esa lista de espera», apunta la asociación estatal, que en su análisis sobre la aplicación del citado plan de choque del Gobierno español, achaca a la «burocracia e impericia de algunos gobiernos autonómicos» la incapcidad para reducir listas de espera, incrementar prestaciones y servicios, «y ni siquiera ejecutar el incremento presupuestario».

Según los datos recogidos en el informe de principios de este año, en el Estado español son 177.423 las personas con derecho reconocido que están en espera de atención, a las que habría que sumar 131.810 expedientes correspondientes a personas que se encuentran pendientes de valoración, «con lo cual, la desatención alcanza a 309.233 personas». Cifra, asimismo, en 22.829 las personas con resolución de PIA (informe realizado en el llamado Programa Individual de Atención) que no reciben prestación o servicio, y 21.903 solicitantes que las comunidades autónomas no han registrado y que están pendientes de valorar.

Entre las comunidades con mayor «“limbo de la dependencia”, personas pendientes de recibir prestación», vuelve a aparecer la CAV, con un 17,5%, por detras de Catalunya (27,1%) y de La Rioja (18,9%).

Según expone la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios sociales, casi la mitad de las personas desatendidas, un 44,6%, son «dependientes con Grados III y II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y continuado».