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Las eléctricas convierten al PVPC en el coladero de su energía nuclear y sucia

Las energéticas usan la tarifa PVPC, donde el estado fija los precios, para justificar la generación de residuos nucleares y la emisión de gases contaminantes. Estas compañías se aprovechan de que tener un contrato de tarifa regulada PVPC es requisito imprescindible para acceder a ayudas y obtener el bono social.

Determinar con exactitud la procedencia de la electricidad que se vierte al tendido es imposible. (L.J. | FOKU)

 

A la hora de contratar el suministro eléctrico existen dos modalidades. Está el mercado libre, donde cada compañía lanza las ofertas que cree oportunas, y el mercado regulado, donde el Estado marca cuál es la ganancia que pueden obtener estas compañías.

La segunda opción se conoce como Precio Voluntario del Pequeño Consumidor, al que usualmente se hace referencia por sus siglas: PVPC. De los 30 millones de contratos para hogares que hay en el Estado, a cierre de 2022, estaban adscritos a esta tarifa 8,7.

Este PVPC, en los últimos años, se ha convertido en el cajón donde las grandes energéticas esconden sus producciones más contaminantes y polémicas, como las centrales térmicas y las nucleares.

NAIZ ha tenido acceso a facturas de varias de las Cinco Grandes (como se conoce a Endesa, Iberdrola, Naturgy, Hidroeléctrica del Cantábrico y Viesgo) que ofrecen PVPC. En facturas correspondientes al 2024 de una de ellas, la producción renovable imputada al PVPC está siendo de solo el 2,9% (frente al 42,3% del mix energético en el estado).

El compromiso del Estado español es llegar a un 65% de energía renovable en 2030 y alcanzar el 85% en 2050.

El problema es que esta tarifa regulada resulta ineludible para los consumidores con menos recursos.

¿PARA QUÉ LA TARIFA REGULADA?

El Estado creó el PVPC para proteger al pequeño consumidor y a los grupos vulnerables de facturas abusivas. De este modo, estableció un sistema de precios que garantizaba a las compañías energéticas una ganancia fija y que, prácticamente siempre, ha sido la tarifa más barata, salvo en meses puntuales donde no resultó así por fuertes fluctuaciones en el mercado.

Una simulación de precios del pasado mes de febrero en la web de la CNMC indica que un consumo de un hogar medio con PVPC ese mes costó 38 euros. Por el mismo consumo eléctrico con ofertas del mercado libre, ese hogar pagaría 42 y 44 euros. El PVPC, por tanto, supuso el mes pasado un ahorro del 10% o superior a cualquier otra modalidad.

Precisamente por constituir la opción más barata, el Estado exige pasarse al PVPC como requisito obligatorio para acceder a ciertas ayudas vinculadas al consumo energético, especialmente para el bono social. Este bono implica, entre otras cosas, reducciones en la factura de la luz de entre el 25% y el 80% y conlleva la prohibición del corte de suministro a modo de refuerzo añadido.

Una familia numerosa, por ejemplo, se beneficia de un 40% de descuento en la luz, siempre y cuando tenga PVPC.

SI QUIERES AYUDAS, TOCA CONTAMINAR

El problema detectado por GARA es que las ocho comercializadoras de referencia (las únicas compañías que ofrecen PVPC y que, a la postre, son las Cinco Grandes más alguna otra de carácter local, como las específicas de Ceuta o Melilla) utilizan esta tarifa regulada para hacer «greenwashing» y parecer más verdes que lo que son.

Desde el año 2022, la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMC) obliga a las comercializadoras energéticas a exponer en la factura cómo se ha generado esa electricidad que llega al domicilio, es decir, cuál es el mix energético

La comparativa entre Curenergia (la comercializadora PVPC de Iberdrola) frente al mix estatal es un escándalo. Las renovables no llegan al 3%, la nuclear aporta más de un tercio, el gas llega 43% y la quema de carbón casi se duplica (del 2,9 al 4,9%)

Los valores del mix de esta misma compañía en 2023 fueron similares, si bien la renovable alcanzaba un 5%.

Por otro lado, todas las facturas de eléctricas han de incluir también cuál es el nivel de residuos que genera esa producción, mediante una tabla que va de A a G, una leyenda que recuerda a la de bombillas o electrodomésticos.

La publicación del mix y su efecto contaminante se plantearon en línea de concienciar al consumidor sobre la eficiencia y guiarlo hacia ofertas con mayor porcentaje de energía verde, en línea con las metas de descarbonización.

La calificación en el modelo de comercialización que apadrina el Estado (y al que obliga a suscribirse a los hogares necesitados) se ubica en el G, el escalón más bajo, mientras que la media sitúa en el D.

Así, los consumidores de la citada compañía de PVPC causan por cada Kilowatio/hora emisiones de CO2 equivalentes a 273 gramos, mientras que la media se sitúa en 162 gramos. En lo referente a residuos radiactivos de alta actividad, siendo la media 452 microgramos, la tarifa regulada eleva el dato hasta 771 microgramos.

Se da la circunstancia de que las centrales nucleares en el Estado español pertenecen a cuatro compañías: Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP. Las tres primeras son las comercializadoras de PVPC con mayor número de clientes.

Cabe concluir que la tarifa regulada se está usando como el refugio, o el escondite, de la producción energética contaminante y radiactiva. Así aparece, negro sobre blanco, en las mismas facturas. Si bien, merece la pena precisar esto.

ALTERNATIVA ÉTICA: O TODO O NADA

En los últimos años ha surgido otra modalidad de consumo energético, el cooperativismo. Entidades como Goiener o Som Energia actúan en el mercado libre, con la singularidad de que no buscan beneficios, sino que dan servicio a sus cooperativistas. Y que lo hacen, además, comprando energía verde a productores o generándola ellos mismos.

Existen, además, otras empresas que ofrecen energía adquirida únicamente a proveedores que usan renovables.

Los consumidores empiezan a demandar eso. Este era el motivo por el que se obligó a reflejar en la factura el mix energético. Quizás modestamente, pero funciona. Si todo el mundo demanda renovables, las eléctricas estarán forzadas a producir así.

Este razonamiento anterior esconde la explicación de lo que ocurre con el PVPC.

Como las grandes compañías que ofrecen PVPC no adquieren solo energía renovable, prefieren esconder su dependencia de energía sucia. Al imputar las fuentes contaminantes en el PVPC, pueden presentar sus otros productos como más verdes.

¿Y SI TODO FUERA UNA CAMPAÑA DE DESCRÉDITO?

Mediante esta estrategia, las compañías no solo consiguen generar productos más verdes que lo que en realidad son, sino que también espantan a sus clientes de la tarifa regulada hacia el mercado libre, donde ellos ganan más dinero.

Esta manipulación de la energía sucia no es el único escándalo que salpica a las comercializadoras en lo referente a cómo gestionan el PVPC.

A las eléctricas no les gusta que el Estado fije cuánto tienen que cobrar a sus clientes. Ofertan PVPC por obligación. El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, incluso llamó «tontos» a los que tienen tarifa regulada.

Según datos de la CNMC, en 2010 había 20.005.090 de hogares en el Estado español suscritos al PVPC. Diez años después, los usuarios habían caído casi a la mitad, hasta los 10.920.070. Ahora son 8,7.

Tal disminución no tiene sentido desde la perspectiva del ahorro, pues en esos años el PVPC se ha comportado como la tarifa más económica.

La hipótesis más razonable -denunciada por asociaciones de consumidores y sindicatos- es que esas compañías hicieron uso de los datos de sus clientes de tarifa regulada para plantearles ofertas agresivas que les prometieron un ahorro que, finalmente, nunca llegó. Y viceversa, cuando un cliente demandó el PVPC le marearon para que contratara cualquier otra modalidad.

Esta migración hacia el sector libre supuso a miles de personas problemas de acceso al bono social cuando más lo necesitaron, al ser requisito imprescindible. Esto generó un importante cuello de botella en la crisis energética que suscitó el conflicto en Ucrania.

Así, el modo en que han convertido el PVPC en el sumidero de la producción energética contaminante no es tanto que la tarifa regulada contamine más, sino una estrategia de marketing y demonización.

Finalmente, cabe recordar que no hay modo de garantizar que la energía que enciende la luz de una vivienda llega de una fuente u otra. La única pista es la proximidad. Si al lado de una casa hay un molino dando vueltas, probablemente, será este quien haya iluminado la bombilla. Y los vecinos de Vandellós es prácticamente seguro que ponen la lavadora con energía nuclear.